DE LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN COLOMBIA

Derecho Penal

aaa carcel[1]

La libertad, además de la absolución, es el fin más buscado cuando se inicia la defensa de un proceso penal y se dará, sin lugar a objeción, en los siguientes eventos y términos:

En delitos ordinarios (art. 317 Ley 906/04):

  • Cuando se haya cumplido la pena impuesta en sentencia de primera o segunda instancia.
  • Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.
  • Como consecuencia del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, siempre que medie el visto bueno del juez de conocimiento.
  • Cuando transcurridos 60 días calendario contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión.
  • Cuando transcurridos 120 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.
  • Cuando transcurridos 150 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se haya celebrado la lectura de fallo.

Cuando se trate de delitos adelantados ante la Justicia Penal Especializada; cuando sean 3 o más los procesados; cuando se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474/11; o, cuando se trate de delito que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales:

  • Cuando transcurridos 120 días calendario contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión.
  • Cuando transcurridos 240 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.
  • Cuando transcurridos 300 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se haya celebrado la lectura de fallo.

En casos de organizaciones criminales (Ley 1908/18, art. 317-A Ley 906/04):

  • Cuando se haya cumplido la pena impuesta en sentencia de primera o segunda instancia.
  • Cuando se haya decretado la preclusión.
  • Cuando se haya absuelto al acusado.
  • Cuando el Estado renuncie a la acción penal durante la aplicación del principio de oportunidad.
  • Como consecuencia del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, siempre que medie el visto bueno del juez de conocimiento.
  • Cuando hayan transcurrido 400 días calendario contados a partir de la fecha de imputación sin que se presente escrito de acusación o se haya solicitado preclusión.
  • Cuando hayan transcurrido 500 días hábiles contados a partir de la presentación del escrito de acusación, sin que se haya dado inicio al juicio oral por causa no imputable al procesado o a su defensa.
  • Cuando hayan transcurridos 500 días desde el inicio del juicio sin que se haya rendido sentido del fallo.

En efecto, mi equipo cuenta con un largo historial de éxito en causas donde surge el derecho de la libertad por vencimiento de términos, por lo que si usted lo necesita, no dude en contactarnos haciendo CLIC AQUÍ.


[1] Imagen recuperada el 8 de abril de 2020, de: https://elpais.com/elpais/2019/09/19/planeta_futuro/1568883550_133599.html

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SOBRE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN

Derecho Laboral y Seguridad Social

En la praxis cotidiana, siendo una consulta común debido a la falta de información proporcionada por los Fondos de Pensión, y en general por la falta de un asesoramiento de un consultor jurídico, me permito exponer unas pequeñas precisiones acerca de este tema en particular, con énfasis en la pensión de vejez, pasando sumariamente por el marco normativo (1); las consecuencias de haber solicitado y aceptado una indemnización sustitutiva de pensión (2); el hecho de que recibir una indemnización sustitutiva no elimina el derecho a una pensión de vejez (3); y, la opción de beneficios económicos periódicos (4).
Quedo hambriento de la tan anhelada crítica y la más esperada ayuda para profundizar al respecto.

1. MARCO NORMATIVO

La prestación denominada “indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”, cuenta con una serie de requisitos que deben atenderse para que resulte posible su reconocimiento, ello se da específicamente mediante las exigencias exaltadas por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. Veamos:

A- Artículo 37 de la Ley 100 de 1993:
“Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

B- Artículo 33 de la Ley 100 de 1993:
“Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones.

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre” .

C- Artículo 1 del Decreto 1730 de 2001:
“Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993…, cuando… se presente una de las siguientes situaciones:
a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez…;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes…;
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera…, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia…”.

D-    Artículo 3 del Decreto 1730 de 2001:
“Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente formula:

I = SBC x SC x PPC

Donde:

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado…, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC…

SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento…”.

E- Artículo 4 del Decreto 1730 de 2001:
“Requisitos. Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando…”.

2. CONSECUENCIAS DE HABER SOLICITADO Y ACEPTADO LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN

La indemnización sustitutiva de pensión, es un instrumento que suple a la pensión propiamente dicha, por las razones referidas en el art. 37 de la ley 100 de 1993, siendo por ello una prestación económica que se reconoce a los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando éstos no reúnen el número mínimo de semanas cotizadas pero han cumplido la edad mínima para acceder a la pensión de vejez y declaran la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema General de Pensiones.

De lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consecuencias:

  • La indemnización sustitutiva de pensión suple el derecho a una pensión propiamente dicha.
  • Constituye una devolución de los aportes que realizó una persona durante toda su vida laboral.
  • La declaración de solicitud de indemnización sustitutiva (formato solicitado por los Fondos de Pensiones para este trámite), constituye bajo gravedad de juramento el deseo libre y expreso, de renunciar a una pensión y acceder una indemnización que la supla.
  • En teoría, la devolución de los aportes realizados, suprime la posibilidad de solicitar una pensión. De existir un inconformismo, existe la posibilidad de solicitar una reliquidación del valor de la indemnización realizada por el Fondo de Pensiones al que se encuentre afiliado.

3. RECIBIR INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO ELIMINA EL DERECHO A  LA PENSIÓN DE VEJEZ

Tras haber recibido la devolución de los aportes a pensiones que se habían realizado durante toda la vida laboral de una persona, termina el contrato pensional con el respectivo Fondo de Pensiones, lo que en primer medida, la dejaría sin posibilidad de acceder a una pensión.

No obstante lo anterior, y a través del respectivo procedimiento judicial, puede declararse la ineficacia de la indemnización sustitutiva y accederse a una pensión de vejez.

De tal forma, de existir la cantidad de semanas requeridas para accederse a una pensión y de tenerse un número próximo a ella para accederse a una pensión vitalicia (mediante la garantía de pensión mínima de vejez -debe tenerse en cuenta que por disposición expresa del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, se requiere de un mínimo de 1.150 semanas cotizadas-), o de mediar cualquier tipo de vulneración de sus derechos por parte del Fondo de Pensiones correspondiente, existe la posibilidad de declarar, mediante sentencia judicial, la ineficacia de lo actuado.

Ahora bien, de darse tal situación, por unanimidad tanto doctrinal como jurisprudencial en sede de Corte Suprema de Justicia y de Corte Constitucional, es conocido que la devolución de saldos es una situación subsidiaria o residual, lo que significa que es más benéfico para usted el acceso a cualquier tipo de pensión antes que una devolución de saldos, pero en todo caso, de haberse dado aquélla devolución, se puede reclamar vía administrativa ante el Fondo de Pensiones correspondiente o ante la jurisdicción ordinaria laboral, la declaración del derecho más favorable para su condición.

En tal orden, esta situación de favorabilidad procederá siempre y cuando se cuente con las posibilidades de acceso a una pensión de vejez, que serían:

1. Pensión de Vejez:    55 años (antes del 2014) y 57 años (desde el 2014)

1.200 semanas en 2011

1.225 semanas en 2012

1.250 semanas en 2013

1.275 semanas en 2014

1.300 semanas en 2015

2. Pensión Mínima de Vejez: 1.150 semanas.

4.    OPCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS

Mediante esta opción, la persona cuenta con la posibilidad de seguir ahorrando a fin de acceder a su pensión, de tal manera que cuando llegue a los 65 años de edad, el Estado le sumará un 20% al dinero que haya ahorrado -aportes obligatorios, ahorros voluntarios, bonos pensionales, rendimientos-, ofreciéndole el beneficio económico de manera vitalicia.

No obstante, para poder acceder a este beneficio, es imprescindible no retirar los aportes realizados mediante la indemnización sustitutiva de pensión.

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ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL INTERVINIENTE EN LOS DELITOS ESPECIALES

Derecho Penal

Los avances de la monografía de grado como Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, permitió en puertas de un tercer semestre académico la resolución de algunas dudas básicas en torno a la figura del interviniente en el marco de los delitos especiales. Fue así que, entre otras, surgieron las siguientes respuestas, las cuales ya amo como abre bocas de mi futuro aporte a las ciencias penales…

  1. ¿QUÉ SON DELITOS ESPECIALES?

También conocidos como de sujeto activo calificado o cualificado, son “aquellos delitos que sólo pueden ser cometidos por los sujetos que reúnan las calidades especiales previstas en el tipo penal” (Corte constitucional, Sentencia C-1122/08), razón por la cual, a diferencia de los delitos comunes, sólo podrán ser cometidos por cierto grupo de personas, de suerte que si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta. En cuanto a su nacimiento, se remota a la legislación alemana clásica, “representada por una voluntad de destacar en mayor medida la relevancia de la infracción de deberes especiales como fundamento de los delitos de funcionario” (Gómez Martín, 2006, pág. 3).

Aunado a lo anterior, la doctrina ha diferenciado la existencia de los delitos especiales impropios y propios. En cuanto a los primeros, son aquellos que “tienen correspondencia con uno común, es decir, se trata de delitos en los que la calidad personal del sujeto (su condición de funcionario público, por ejemplo) no es determinante puesto que el comportamiento tiene correspondencia con un delito común” (Rebollo Vargas, 2000, pág. 135). Por el contrario, los delitos especiales propios, son entendidos como “aquellos que sólo se han previsto para sujetos cualificados y no existen al margen de éstos” (Universidad de Navarra), es decir que exigen una específica condición del sujeto activo[1].

Con base en lo anterior, debemos tener en cuenta que la distinción entre delitos especiales tiene fundamento en sede de autoría y participación, en los eventos de la ejecución de un delito en el que intervengan sujetos calificados y no calificados[2]. Es así, que para los delitos especiales propios la solución no será hacer responsable a todos como coautores, porque aquellos no cualificados no podrán serlo; en este evento los no calificados responderán como intervinientes del delito del autor[3]. En cuanto a los delitos impropios no habría tal necesidad, pues la existencia de un delito común cuya adecuación típica corresponda al del delito especial permitirá una adaptación simple de los autores (como serían los tipos del hurto y del peculado, cuya diferencia es la calidad especial requerida).

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad jurídico-penal colombiana, no existe un precepto que defina el concepto de delito especial, pues éste “puede provenir más de la jurisprudencia y la doctrina que de la propia ley, como también son predicables de estas la condición de delitos especiales por organización o por institución” (Figueroa Fonseca, 2014, pág. 88).

  1. ¿POR QUÉ SE DISTINGUE EL INTERVINIENTE EN DELITOS ESPECIALES DEL AUTOR O PARTICIPE?

 El código penal vigente contempla un sistema diferenciador entre la autoría y la participación[4], siendo autor “quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento” (Cód. Penal, art. 29, inc. 1), en sus diferentes modalidades, y según el art. 30, será partícipe el determinador, el cómplice y el interviniente, no obstante, el contenido de esta última modalidad parece ser de un contorno distinto de la participación, tal y como veremos más adelante.

En primer término, “autor es la persona que realiza la conducta típica; aquella que efectúa la acción u omisión a que se refiere el verbo rector” (Reyes Echandía, 1990, pág. 131); claramente nuestro código penal contempla varias modalidades explicadas a profundidad por el art. 29, tales como la coautoría, la actuación en representación de personas jurídicas, de entes colectivos o de personas naturales.

Por su parte, “partícipe es todo interviniente que no puede ser autor, bien porque su realización sólo entraña una aportación atenuada al delito (le falta el dominio del hecho) o porque le faltan requisitos de la autoría específicos del delito” (Suárez Sánchez, Autoría y participación, 1998, pág. 307)[5]. Es así que la Ley 599 de 2000 contempla en este margen al determinador[6], al cómplice[7] y al interviniente definido como “un concepto de referencia para aludir a personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o accediendo a ellos” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 12.191, 25 de abril de 2002).

Con base en lo anterior, comprendemos una diferencia clara entre el autor y el interviniente, pues como afirma Suárez Sánchez (2002), el autor será entendido como tal gracias al cumplimiento de las exigencias objetivas y personales señaladas por el tipo, sin utilizar a otro como instrumento y sin ser utilizado como tal[8], y como se dijo, el interviniente es entendido como tal gracias al incumplimiento de estas exigencias mínimas del tipo. En cuanto a su diferencia con el partícipe, se basa en que el interviniente cumplirá los mismos requisitos del autor, solo que sin la precitada cualificación especial, y por tanto, ni determina ni contribuye en la realización de una conducta.

  1. ¿PUEDE EL INTERVINIENTE SER AUTOR O CÓMPLICE?

Tras un análisis hermenéutico de los arts. 29 y 30 del C.P., se puede afirmar que el particular ante un tipo especial, “puede actuar como determinador o cómplice, pero al carecer del elemento personal exigido por el tipo, de ninguna manera podrá ser autor (directo o mediato) ni coautor” (Suárez Sánchez, Ob. Cit., pág. 27), siendo así una exclusión irrestricta en el campo de la autoría[9], en el entendido de que “cuando se procede por un delito de sujeto calificado, se considera autor aquel que reúna esa especial característica exigida por el legislador” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 41.539, 30 de julio de 2014).

No obstante lo anterior, debemos recordar que cabe la posibilidad de que un particular adquiera en forma permanente o transitoria las calidades especiales del tipo, momento en el cual automáticamente adquiere la cualificación requerida y podría ser tratado como autor o coautor, cuestión que sucede principalmente en los delitos contra la administración pública cuando un particular que ejerce funciones públicas en forma permanente o transitoria. “Estos particulares, si bien, como se dijo, no tienen la calidad de servidores públicos, sí ejercen funciones públicas, de manera permanente o transitoria” (Uribe García, 2012, pág. 65), y por conducto del art. 20 del C.P.[10], serán tenidos como tal.

En cuanto a la participación, ya sea como determinador o bien como cómplice, se debe decir que en los delitos especiales el particular podrá adquirir tal calidad, sin embargo no podría existir compatibilidad entre aquéllos y la figura del interviniente, ya que cada uno cuenta con específicas connotaciones que los excluyen entre sí.

En conclusión, en cuanto a la autoría “en los delitos especiales los particulares no pueden ser autores, tampoco coautores ni autores mediatos por falta de calidad típica” (Gómez Méndez & Gómez Pavajeau, 2008, pág. 148), sino que por el contrario, el particular adquiere la calidad de interviniente. Por su parte, en cuanto a la complicidad, el Código Penal no contempla restricción alguna para el particular en esta modalidad, razón por la cual éste podría ser cómplice, no obstante, es diferente que el particular pueda adquirir la calidad de interviniente y de cómplice al mismo tiempo, pues para ser interviniente se debe concurrir en la realización del delito sin contar con las calidades especiales requeridas, en cambio, el cómplice requiere una contribución en la ejecución del delito, o prestar una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma.

  1. SEÑALE TRES DOCTRINAS QUE EXPLIQUEN LA INTERVENCIÓN DEL INTERVINIENTE EN UN DELITO ESPECIAL.

Varias han sido las posturas que en los últimos años se han tomado en torno a la figura del interviniente, cuyos variantes siempre han tomado como base a las teorías del dominio del hecho y de la infracción del deber, en búsqueda de dar respuesta a los casos en los que un intraneus[11] realiza una conducta punible en coordinación, cooperación o participación de un extraneus[12]. Por ejemplo, “cuando un servidor público (intraneus) se apodera de bienes del Estado que se encuentran bajo su administración y custodia (relación funcional), y lo hace de común acuerdo y con la intervención de un particular (extraneus)” (Córdoba Angulo, 2004, pág. 77). El punto de quiebre al que ha intentado dar respuesta la doctrina, es a qué título debe responder el extraneus, siendo el intraneus en estos eventos el único con la posibilidad de ser autor.

Frente a la problemática planteada, la doctrina ha postulado diversas soluciones, así:

  1. El extraneus no tiene responsabilidad alguna (Suárez Sánchez, Autoría y participación , 1992, pág. 361).
  1. El extraneus siempre tendrá responsabilidad bajo la calidad de cómplice (ibídem, págs. 360-361).
  1. El intraneus debe responder como autor del delito especial (peculado) y el extraneus como autor del delito común (hurto)[13] (Córdoba Angulo, Ob. Cit., pág. 77).
  1. Otra postura propone hacer responder al intraneus como autor y al extraneus como partícipe (ya sea como determinador o bien como cómplice) (ibídem).
  1. El extraneus, adquirirá la categoría de coautor-interviniente o de partícipe-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 12.191, 25/04/02).
  1. El extraneus solo podrá ser coautor-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 20.704, 08/07/03).

Vemos con lo anterior, siendo solo un pequeño fragmento de las diversas posturas que ha tomado la doctrina y la jurisprudencia, que sigue sin estar claro cuál es el alcance del inciso final del art. 30 del C.P., razón que afluye al contenido de mi tesis de maestría, cuyo propósito es despejar este vacío en torno al interviniente.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barja de Quiroga, J. L. (1996). Autoría y participación. Madrid: Akal S.A. .

Código Penal. Ley 599 de 2000. Arts. 20, 29 y 30. Julio 24 de 2000.

Constitución Política de Colombia. Arts. 2, 116 Inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num 9, 318 y 340. Julio 20 de 1991.

Córdoba Angulo, M. F. (2004). La figura del interviniente en el derecho penal colombiano. Derecho penal y criminología, 25(75), 71-95.

Corte Constitucional. Sala plena. Sentencia C-1122/08. (Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil; 12 de noviembre de 2008).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 12.191 (Magistrado Ponente Carlos Eduardo Mejía Escobar; 25 de abril de 2002.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 20.704 (Magistrado Ponente Carlos Augusto Gálvez Argote; 8 de julio de 2003.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 41.539 (Magistrado Ponente Gustavo Enrique Malo Fernández; 30 de julio de 2014.

Figueroa Fonseca, L. C. (2014). El interviniente en derecho penal. Bogotá: Ibáñez.

Gómez Martín, V. (2006). Los delitos especiales. Buenos Aires: IB de F.

Gómez Méndez, A., & Gómez Pavajeau, C. A. (2008). Delitos contra la administración pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Rebollo Vargas, R. (2000). Algunas consideraciones sobre la autoría y la participación en los delitos especiales. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 53, 133-168.

Reyes Echandía, A. (1990). Derecho Penal (11 ed.). Bogotá: Temis.

Suárez Sánchez, A. (1992). Autoría y participación . Bucaramanga: UNAB.

Suárez Sánchez, A. (1998). Autoría y participación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Suárez Sánchez, A. (2002). El interviniente. Derecho penal y criminología, 22(72), 13-29.

Universidad de Navarra. (s.f.). Delitos comunes y delitos especiales. Recuperado el 23 de Enero de 2015, de http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/delitoscomunesyespeciales.html

Uribe García, S. (2012). Delitos contra la administración pública. Medellín: UNAULA.

[1] Entonces si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta por falta de correspondencia con un delito común que no exija condiciones especiales.

[2] Por ejemplo, entre un particular y un fiscal hurtan bienes estatales, caso en el cual, sin mayores connotaciones, el particular sería responsable del delito de hurto y el servidor público del delito de peculado por apropiación.

[3] Pues como dice el inc. final del art. 30 del C.P.: “al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte”.

[4] Existen otros modelos que invocan un concepto unitario de autor, el cual se presenta “cuando no se aceptan distinciones entre las conductas de autoría y participación” (Barja de Quiroga, 1996, pág. 20).

[5] Entiéndase en esta cita la palabra “interviniente”, no como la figura contemplada en la actualidad por el inc. final del art. 30 del C.P., sino como un sujeto que aporta en el desarrollo de una conducta delictiva determinada.

[6] Entendido como aquél que determine o incite a otro a realizar la conducta antijurídica.

[7] Entendido como aquél que contribuya en la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma.

[8] Véase al respecto el artículo El interviniente, publicado en la revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, No. 72, en la pág. 16 y ss.

[9] Esta particularidad se da como respuesta al interés del legislador en sancionar con más rudeza la violación de los deberes especiales exigidos para este sujeto “especial”, como sería el caso de los deberes especiales de un servidor público.

[10] Dice el art. 20 del C.P.: Artículo 20. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos (…) los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria.

Así mismo, la Constitución Política, en varios artículos, hace referencia a la función pública que pueden desempeñar los particulares. Ellos son: 2, 116 inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num. 9, 318 y 340, donde resaltan los arts. 123 (que dice: (…) La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio), y 210 (que dice: (…) los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley).

[11] Entendido así el sujeto que cuenta con las calidades especiales requeridas por el tipo.

[12] Como se le denomina a quien no cuenta con las calidades especiales del tipo.

[13] A esto se le conoce como “ruptura de la unidad de imputación”, cuestión altamente criticada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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