¿PUEDE NEGARSE UN PROFESIONAL DE LA SALUD A PRESTAR SUS SERVICIOS SI SU EMPLEADOR NO LO PROVEE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CUMPLIR CON SU LABOR O NO SE SIENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR SU ROL EN EL TRATAMIENTO DEL COVID-19?

Derecho Laboral y Seguridad Social

FOTO BELLOPor: Cristian D. Bello Guío, Cel.: (+57) 3224048808, Mail: abogadocristianbello@gmail.com

La constitución política establece que el gobierno nacional en estado de emergencia no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. El artículo 9 del DECRETO 538 del 12 de abril del año 2020, es lesivo frente a los derechos laborales de los profesionales de la salud puesto que existen estudiantes de medicina, personal no capacitado o retirado de la profesión, que en su gran mayoría no están preparados para afrontar la pandemia del COVID 19.

Pese a lo anterior, son llamados a filas para cumplir una actividad valerosa, como lo es prestar sus servicios como médicos, muchas veces sin tener siquiera los Elementos de Protección Personal (En adelante EPP) adecuados para tal fin, por consiguiente, indicamos que la norma aquí descrita violenta ciertos postulados legales. Con la expedición del decreto 538 del 12 de abril del año 2020, se violan los artículos 6 y el 15 de la Ley 23 de 1981, el primero indica que:

“el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión” y, el segundo indica que “El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente”.

La anterior premisa se sustenta en que el médico, en procura de su conservación y la salvaguarda de sus bienes jurídicos tutelados, podrá no atender al paciente infectado cuando no se le entregan los EPP puesto que es un riesgo para su vida y para el usuario. De igual forma la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el artículo 21 de la Decisión 584 del año 2005, consagra la posibilidad de que se genere una acción de auto cuidado, sin que ello sea justificación para despedir al trabajador de la salud.

Ahora bien, respecto a la capacidad operativa del personal médico, la Ley 1164 del año 2017, en el artículo 17 se establece que:

“Las profesiones del área de la salud están dirigidas a brindar atención integral en salud, la cual requiere la aplicación de las competencias adquiridas en los programas de educación superior en salud.

A partir de la vigencia de la presente ley se consideran como profesiones del área de la salud además de las ya clasificadas, aquellas que cumplan y demuestren a través de su estructura curricular y laboral, competencias para brindar atención en salud en los procesos de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación.

Las ocupaciones corresponden a actividades funcionales de apoyo y complementación a la atención en salud con base en competencias laborales específicas relacionadas con los programas de educación no formal”.

La norma anteriormente señalada, es un mandato estricto sobre las condiciones de idoneidad que debe tener un trabajador de la salud en el desarrollo de sus actividades subordinadas o independientes. No es de recibo que, por capricho del ejecutivo nacional, los médicos en Colombia deban prestar sus servicios en aras de salvaguardar a la vida de la población, si tener en consideración las condiciones mínimas de protección que garanticen su vida y la de su familia. No todos los galenos se encuentran preparados para tal fin. Existen médicos retirados o que no ejercen su profesión hace varios años, otros tantos, se dedican a especialidades que nada tienen que ver con el tratamiento del virus que hoy nos aqueja y peor aún, llamar a filas a estudiantes de medicina que no cuentan con la experiencia suficiente para enfrentar tan magno reto, como lo es la pandemia mundial en a que nos encontramos hoy en día es un auténtico suicidio colectivo promulgado por el estado.

Por lo anterior, podemos concluir que el artículo 9 de decreto 538 del 12 de abril del año 2020, viola leyes laborales pre-existentes, desmejorando con ello las normas sociales de los trabajadores de la salud, por tal razón, afirmamos que cuando no se entreguen los EPP al personal médico, los mismos pueden rehusarse a prestar sus servicios; y con toda razón.

Finalmente, en los eventos en que los médicos no se sientan capacitados para realizar dicha labor, podrán negarse a tratar un paciente infectado. Basta con alegar su inexperiencia o poca idoneidad para tal fin. El sustento a dicho actuar puede encontrarse en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la obligación legal del emperador referente a la protección y seguridad de sus Trabajadores, luego entonces, mal se haría en obligarles a prestar sus servicios sin tener las calidades e insumos de protección suficientes para tal fin.

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RIESGOS LABORALES EN ÉPOCA DEL COVID 19 PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD

Derecho Laboral y Seguridad Social

FOTO BELLO Por: Cristian D. Bello Guío, Cel.: (+57) 3224048808, Mail: abogadocristianbello@gmail.com

Colombia en este interregno se enfrenta a un evento trascendental en su historia, la lucha contra el COVID 19. Por tal razón, en este escrito dedicado a los trabajadores de la salud, quienes son la primera línea de contención en la batalla contra tan penosa enfermedad, vale la pena traer a colación al Derecho Laboral y al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, toda vez que son herramientas vitales en la protección de los mismos.

Previo a desarrollar el objeto del presente texto, es menester responder algunos cuestionamientos sobre el particular, con el fin de proveer al lector nociones básicas sobre el particular.

¿Quiénes son los trabajadores del sector salud?

Son aquellos trabajadores que, mediante su profesión u oficio, prestan sus servicios al sector de la salud en Colombia, entre ellos encontramos a médicos, enfermeros jefes, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, camilleros, conductores de ambulancia, vigilantes y funcionarios administrativos de entidades de salud, quienes son vitales en la contención y tratamiento del COVID 19 en el país, por tal razón, tienen un trato especial en cuando al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales con ocasión a las actividades que desempeñan.

  • ¿Qué es una enfermedad laboral?

La enfermedad laboral es una patología devenida de la exposición a un riesgo inherente a la actividad profesional o del medio donde el trabajador se ha visto obligado a prestar sus servicios, ya sea de manera subordinada u independiente, sobre el particular el artículo 4 de la ley 1562 del año 2012 a define como:

“Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre· la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes”

Ahora bien, una ves entendidos los anteriores conceptos se expone de forma general el marco normativo elaborado por el Gobierno Nacional en lo relativo a la promoción y prevención de contagio del COVID 19 para todos los trabajadores en el territorio nacional, entre ellos, los trabajadores de la salud.

El día 24 de febrero del año 2020 el Ministerio de Trabajo expidió LA CIRCULAR NUMERO 017, cuyo fin es la promoción y prevención  en riesgos laborales  de los trabajadores de exposición directa ( TRABAJADORES DE LA SALUD), indirecta e intermedia, allí se indicaron ciertas obligaciones, las cuales se exponen a continuación :

  1. Los EMPLEADORES deben entregar los EPP (ELMENTOS DE PROTECCION PERSONAL) a los trabajadores bajo su cargo, de igual forma, capacitarlos sobre los riesgos del COVID 19 y, por último, efectuar protocolos de salubridad dentro de los establecimientos médicos.
  2. Las ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES deben capacitar a los trabajadores de la salud sobre las directrices del Ministerio de Salud sobre protocolos de manejo hospitalario de los pacientes infectados con el virus y asesorar a los empleadores sobre los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL) a suministrar a sus trabajadores.
  3. Los TRABAJADORES deben dar fiel y cabal cumplimiento de los protocolos de manejo del COVID 19, además del porte de los elementos de protección personal suministrados por sus empleadores.

El 10 de marzo del año 2020, se expidió la CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 018 donde se recomendó nuevamente a las Administradoras de Riesgos Laborales capacitar al personal operativo del sector salud, situación que consideramos debió articularse desde un inicio con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  de cada centro hospitalario, para que de manera uniforme se hubiesen planteado protocolos específicos para atender la contingencia de manera segura, dependiendo de las necesidades de cada recinto médico en particular.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio De Salud y La Protección Social expidió la RESOLUCIÓN 385 del 12 de marzo del año 2020, donde se declaró EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA con el fin de mitigar los contagios y preparar al Sistema de Seguridad Social en Salud para enfrentar el reto generado por esta enfermedad. A su vez, el Gobierno Nacional promulgo el DECRETO 417 del 17 de marzo del año 2020, donde se declaró EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL en el territorio nacional, activándose con ello los protocolos médicos para el tratamiento del nuevo Coronavirus.

Con la expedición del DECRETO 488 del 02 de marzo del año 2020 el Ministerio del Trabajo ordenó a las Administradoras de Riesgos Laborales privadas a destinar el 0.7% de los recursos captados por concepto de primas u cotizaciones para fomentar la promoción y prevención de contagios de COVID 19 en los trabajadores del sector salud, además de la compra de los Elementos de Protección Personal (En adelante EPP) para suministrarlos a los empleadores de sus afiliados, dicha previsión normativa también fue extendida a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, a través del DECRETO 500 del 31 de marzo del año 2020.

Así las cosas, la obligación de suministrar EPP a los trabajadores de la salud, se convirtió en un mandato legal de estricto cumplimiento en cabeza de los empleadores. En aplicación del principio de solidaridad de la Seguridad Social se extendió, además, tal deber a las Administradoras de Riesgos Laborales independientemente de su naturaleza. Dicho mandato quedó consagrado en la CIRCULAR 029 del 03 de abril del año 2020 proferida por el Ministerio Del Trabajo. En dicho acto administrativo se precisó que la responsabilidad de suministrar los EPP solo se extiende frente a patronos que tengan afiliados a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales que estén prestando sus servicios en condiciones de exposición inmediata del COVID 19, como en efecto ocurre con el personal operativo o administrativo del sector salud.

Lo anterior es un evento atípico para el Sistema General de Riesgos Laborales, puesto que, con el nuevo mandato se subroga al patrono de la obligación de entregar elementos de protección personal a sus trabajadores. A criterio del autor dicho cambio genera consecuencias económicas y legales complejas, toda vez que sería pribable desestabilizar el componente financiero de las aseguradoras (ARL) en un eventual proceso ordinario laboral por “culpa patronal”, como consecuencia del contagio del COVID 19 respecto a un trabajador de sector salud. El problema central de dicha modificación consiste en que ahora la ARL deberá responder económicamente por los perjuicios sufridos por el trabajador si se demuestra que la misma no cumplió con su carga legal de entregar lo EPP, sin perjuicio del pago de las contingencias económicas y asistenciales propias del giro ordinario de sus negocios.

A su vez, para hacer más complicada la situación de las Administradoras de Riesgos Laborales por estas fechas, el DECRETO 538 del 12 de abril del año 2020 expedido por el Ministerio de Salud y La Protección Social, estableció nuevas pautas frente a diferentes situaciones propias de la prestación del servicio de salud, que para el caso que nos ocupa, es la tipificación del COVID 19 como enfermedad laboral directa, luego entonces, es menester traer a colación el artículo 13 de la precitada norma, el cual reza:

 “Requisitos para inclusión del Coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral directa. Elimínese los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 para incluir dentro de la tabla de enfermedades laborales, el Coronavirus COVID- 19 como enfermedad laboral directa, respecto de los trabajadores del sector salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.

Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, desde el momento en que se confirme el diagnóstico del Coronavirus COVID-19, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esa enfermedad, sin que se requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez”.

Como se ha afirmando a lo largo de este escrito, las Administradoras de Riesgos Laborales, deben brindar asistencia médica y cancelar prestaciones económicas a los trabajadores del sector salud contagiados del COVID 19 que se encuentren afiliados a sus compañías, situación que consideramos acertada y benéfica para esta población laboral que día a día expone su integridad física para cumplir con su deber. El problema reside en que, con las nuevas modificaciones normativas, ahora se puso en cabeza de las ARL una erogación producto del suministro de los EPP para cada uno de los trabajadores del sector salud, es decir, se le adjudicó un deber pecuniario adicional al que normalmente debía asumir.

Ahora bien, una vez abordado el panoramana normativo y las modificaciones que se han hecho al normal funcionamiento del sistema en riesgos laborales y de la seguridad social, se resuelve un último interrogante en lo relativo a las acciones judiciales que se pueden desplegar por el personal médico en epoca de pandemia.

  • ¿Puede demandar el trabajador del sector salud a su empleador por los perjuicios devenidos del contagio del COVID 19 en su actividad laboral?

En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 216 indica que todo perjuicio que sufra un trabajador con ocasión a su profesión u oficio, es demandable mediante un proceso Ordinario Laboral, siempre y cuando exista culpa comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, la citada norma indica que:

“Cuando exista culpa comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero el monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.

Lo anterior toma suma importancia en esa época, puesto que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, la culpa comprobada del empleador es la carencia de diligencia, cuidado y prudencia que todo patrono debe tener frente a sus trabajadores en el ejercicio de una actividad laboral y que para el caso en concreto. Se considera que el suministro de EPP es un acto de responsabilidad social empresarial, luego entonces, si los mismos no se entregan se estaría  violentando por omisión disposiciones jurídicas como el decreto 1072 del año 2015,  los artículos 56,57 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 176 de la Resolución 2400 de 1979 y  la ley 9 de 1979.

Ahora bien, en lo relativo a las Administradoras de Riesgos Laborales que no provean a los empleadores de los EPP como anteriormente se ha indicado, con el fin de que los mismos sean entregados a los trabajadores del sector salud, son solidariamente responsables del pago de los perjuicios que se puedan ocasionar a los trabajadores infectados por COVID 19 o sus causahabientes, sin que esto sea excluyente del pago de las prestaciones asistenciales (tratamiento médico) o económicas (subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario) que son propias del régimen objetivo de la seguridad social en riesgos laborales.

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EL HUMANISMO ENFRENTA LA REALIDAD DE LA VIDA CARCELARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19

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eduardo pachecoPor: Lic. Eduardo Pacheco

Por medio del presente documento, pretendo fundamentar mi punto de vista humanista, sobre por qué es imposible que liberen a todas las personas privadas de su libertad en Colombia en el marco de la PANDEMIA COVID 19, pues está claro que los sujetos en mención, cuentan con sus propias retribuciones, a saber, el Derecho a su Dignidad en su mayor esplendor, lo que conlleva a comprender la gravedad del delito que cometió, y en consecuencia, la sanción impuesta por el orden Judicial en cabeza de un Juez de la República.

De acuerdo a lo manifestado, se entiende que hay casos que podrían tener ciertos privilegios por su condición de vulnerabilidad, pero otros, por la gravedad de su contravención, representarían un inminente riesgo nacional. Motivo por el cual, entenderemos la necesidad de reflexionar antes de querer atentar con la libertad del otro, situando la voluntad propia, como un manejo a priori para el cumplimiento de las Normas establecidas por la Nación.

Así las cosas, se debe tener presente que el Estado desde el primer momento que retiene al individuo, debe hacerse responsable de su integridad personal, física, psíquica y moral, para poder determinar, si la rehabilitación individualizada del sujeto fue un éxito, y de tal forma, permitirle reintegrarse a la sociedad, teniendo en cuenta también, los supuestos de inocencia.

Ahora bien, después de los períodos definitivos de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, que son los términos requeridos frente al progreso psicológico del detenido, se podría determinar la permanencia del condenado en establecimientos carcelarios, o en su defecto, la liberación inmediata, teniendo como precedente, el estado de emergencia a causa del virus COVID19.

A partir de lo inmediatamente anterior mencionado, es imposible que liberen a todos los reclusos a causa de la emergencia actual, ya que estarían quebrantando el desarrollo adecuado de su restablecimiento social, sin omitir por supuesto, que en la actualidad el Gobierno Nacional expidió un decreto para subyugar la población carcelaria, y conseguir reducir la urbe en los penales, con el fiel propósito de evitar un contagio masivo.

Así mismo, quien resguarda y protege a cada una de las personas sin importar su condición, estrato, riqueza o vulnerabilidad, son los Derechos Humanos, comprendidos como Derechos Fundamentales en nuestro proceder constitucional, los mismos que a su vez, garantizan todos los cuidados reglamentarios exigidos por la Medicina y la Ciencia.

Para concluir, debemos entender que aquellos cautivos que sigan en cumplimiento de su pena, junto con sus familias tendrán la tranquilidad, que el Ministerio de Justicia, más allá de  permitir la salida de cinco mil adultos mayores de 60 años, madres embarazadas, lactantes o con hijos menores de tres años de edad a sus hogares, garantizarán todas las medidas necesarias, para proteger y resguardar las vidas de aquellos que sigan consumando sus condenas Así mismo, la población carcelaria podrá verse beneficiada con una medida de detención domiciliaria transitoria.


REFERENCIAS

Melgarejo Cesar, (2020). El tiempo. “Han salido 268 presos por decreto de casa por cárcel por covid-19” Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/presos-en-casa-por-carcel-por-decreto-de-excarcelacion-por-coronavirus-491572.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de abril, 2020) Resolución No. 01/2020.

Ministerio de Justicia y del Derecho. “Hemos trabajado sin descanso y de la mejor manera en medio de la pandemia”: Ministra de Justicia. (30 de abril de 2020) Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/hemos-trabajado-sin-descanso-y-de-la-mejor-manera-en-medio-de-la-pandemia-ministra-de-justicia

Ministerio de salud. República de Colombia. COVID19, reportes. (20 de abril, 2020).

Constitución Política de Colombia. “Edición especial preparada por la Corte Constitucional Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial– CENDOJ Biblioteca Enrique Low Murtra –BELM”. (Actualizada con los Actos Legislativos a 2016).

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MODIFICACIONES AL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ÉPOCA DE COVID19 -SÍNTESIS Y RECOMENDACIONES AL DECRETO 537 DE 2020-

Actualidad

foto cristian lopez

Modificaciones al Estatuto General de la Contratación Pública en razón a la entrada en vigencia del Decreto 537 del 12 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Por: Mg. (c) Cristian A. López-Solano

EXTRACTOS RELEVANTES

DE LAS CONSIDERACIONES

“Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; propósito que también se debe cumplir en la realización de las actuaciones contractuales sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos para evitar el contacto físico, pero que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante, en caso de ser necesario, y con el fin de facilitar que la Administración dirija los procedimientos de contratación, se debe autorizar la suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permitan continuarlos de manera normal; adicionalmente, es necesario permitir que las autoridades administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia de adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandémia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia.”

 “Que sin afectar la autonomía de los entes territoriales, se le permite a los municipios y departamentos apoyarse en los acuerdos marco de precios o instrumentos de agregación de demanda que construya o haya construido la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, fortaleciendo así los principios de eficiencia, transparencia y celeridad de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior. La preferencia que autónomamente adopte cada ente territorial se sustentará en el análisis de necesidad, conveniencia y oportunidad que deba proyectarse para la estructuración de todo contrato estatal, para lo cual se adiciona una nueva norma de legislación contractual colombiana.”

 “Que atendiendo la temporalidad de aproximadamente seis (6) meses durante los cuales la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – estructura y pone en operación un acuerdo marco de precios o un instrumento de agregación de demanda sobre los bienes no comprendidos en el estado de emergencia sanitaria, resulta razonable que sin proceso de licitación alguna (SIC), los proveedores de bienes y servicios útiles y necesarios para mitigar la pandemia o impedir la extensión de sus efectos, puedan ofrecer los mismos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin tener que acudir a un proceso licitatorio, máxime cuando la escasez de dichos bienes y/o servicios requieren procedimientos rápidos o inmediatos que habilitan su adquisición para proteger los derechos a la salud y la vida. Así las cosas, se hace necesario adicionar una norma al parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.”

 “Que ante la escasez de ciertos bienes y servicios, con ocasión de la recesión económica anunciada por el Fondo Monetario Internacional, resulta necesario orientar los principios de la función administrativa hacia el cumplimiento de los fines del Estado y de la contratación pública, mediante la adquisición de bienes y servicios útiles para mitigar la pandemia o impedir la extensión de sus efectos, que se extienda a todas las cuantías y formas de contratación la posibilidad de comprar en grandes superficies, máxime cuando el país se encuentra ante una escasez de los productos con los cuales se pueden proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida, por lo que se adiciona el parágrafo 1 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.”

 “Que ante la escasez de los bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19 o impedir la extensión de sus efectos, y conocidas las imperfecciones y las complejidades en la consecución de los mismos, resulta conveniente autorizar adiciones contractuales en estas adquisiciones sin afectar por ello el principio de transparencia en la contratación pública, haciendo por ello adecuado expedir una norma que adicione unos incisos al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, con las restricciones mencionadas, adición contractual que solo tendrá vigencia durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”

 “Que dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno nacional para mitigar la pandemia, se ha considerado vital en su orden de importancia;’salvar vidas y proteger la salud de los colombianos, evitar hambrunas y fortalecer el tejido social y familiar, razón por la cual cobra importancia facilitar el pago de más de 230.000 contratistas de prestación de servicios en el Estado, quienes en muchas ocasiones convierten su ingreso en el único sustento de toda una familia con el cual se protegen derechos fundamentales como el mínimo vital, la educación, la salud y la vida, y en ese sentido, se crea una norma que facilite los desembolsos sobre probadas acreencias.”

 “Que ante la escasez de bienes y servicios en el mercado internacional, resulta conveniente para la satisfacción de los ‘derechos fundamentales a la salud y la vida, que el Estado colombiano cuente con sus agentes diplomáticos en el exterior para negociar ante empresas extranjeras publicas, privadas o mixtas, con la inmediatez que demanda la actual competencia del mercado, los productos necesarios para cumplir con el objetivo estratégico de proteger los derechos fundamentales a la salud ya la vida, y en tal sentido se extiende la facultad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar bienes y servicios distintos a los utilizados para cumplir con los objetivos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la crisis causada por el Coronavirus, y en este sentido se amplían las facultades consagradas en el artículo 2 del Decreto Ley 20 de 1992 eliminando la restricción de contratar bienes y servicios destinados únicamente a la misión institucional de la mencionada Cartera.”

 DE LOS RESUELTO

Artículo 1. Audiencias públicas. Para evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado en participar.

 La entidad estatal deberá indicar y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, así como los mecanismos que empleará para el registro de toda la información generada, conforme al cronograma establecido en el procedimiento.

 En todo caso, debe garantizarse el procedimiento de intervención de los interesados, y se levantará un acta con lo acontecido en la audiencia.

 Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, mediante el procedimiento de selección abreviada por subasta inversa, el evento se podrá adelantar por medios electrónicos. En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pondrá a disposición de las Entidades Estatales una aplicación para adelantar las subastas electrónicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 11. En ausencia de la aplicación, las entidades estatales podrán adquirir de manera directa la plataforma electrónica dispuesta en el mercado para dichos efectos.

 Parágrafo 1. En los procesos de selección que se encuentren en trámite, no es necesario modificar el pliego de condiciones para este fin. Sin embargo, mínimo dos días hábiles antes de la realización, la entidad deberá informar la metodología y condiciones para el desarrollo de las audiencias.

 Artículo 2. Adiciónese los siguientes incisos al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.

 La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la información generada.

 Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.

 Artículo 3. Suspensión de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades públicas podrán como consecuencia de la Emergencia Sanitaria suspender los procedimientos de selección. Contra este acto administrativo no proceden recursos.

 En caso de requerirse recursos para atender las situaciones relacionadas con la derivada del Coronavirus COVID-1 entidades públicas podrán revocar, de manera motivada, los administrativos de apertura, siempre y cuando no se haya superado fecha para la presentación ofertas. Contra este administrativo no proceden recursos.

 Artículo 4. Utilización los Instrumentos agregación de demanda. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra catálogo derivado de los Acuerdos Marco Precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual Estado Colombiano la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

Artículo 5. Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, así:

Mecanismos de agregación de demanda de excepción. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Cronavirus COVID19, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, diseñará y organizará el proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por contratación directa, durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Cronavirus COVID 19, con el fin de faciliatar el abastecimiento de bienes y servicios relacionados directamente con la misma.

 En los acueros marco de precios vigentes directamente relacionados con la pandemia derivada del Conronavirus COVID19, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, podrá configurar catálogos de emergencia, conformados por proveedores preexistentes en esos instrumentos de Agregación de Demanda, así como por nuevos proveedores, previa verificación de los requisitos habilitantes y de calificación del proceso de selección. Estos catálogos de emergencia estarán vigentes hasta el día en que culmine el estado de emergencia sanitaria.

 En las ordenes de compra que suscriban en estos instrumentos de agregación de demanda se entenderá incorporadas las cláusulas excepcionales

 Artículo 6. Adiciónese un inciso al parágrafo 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, así:

 Adquisición en grandes superficies. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, cuando se trate de la adquisición de bienes relacionados con la emergencia, las entidades públicas podrán adquirirlos mediante instrumento de agregación de demanda de grandes superficies, en cuyo caso el valor de la transacción podrá ser hasta por el monto máximo de la menor cuantía de la respectiva Entidad Estatal.

 Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pnademia del coronavirus COVID19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.

 Las entidades excluidas del la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior.

 Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así:

 Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia.

 Igualmente, esta disposición aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de la Eemergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y protección Socual, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, y durante el término que dicho estado esté vigente.

 Artículo 9. Procedimiento para el pago de contratista del Estado. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerior de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 616.1 del Estatuto Tributario.”

ANÁLISIS JURÍDICO Y RECOMENDACIONES

De los apartes transcritos hasta este punto, se realizará el correspondiente análisis a efectos de establecer, en primera medida, le nuevo contexto normativo para contratación estatal y, ensegundo lugar, para formular una hoja de ruta adecuada para la administración en lo que respecta a su gestión contractual a la luz de los nuevos lineamientos dados por el Gobierno Nacional.

Para comenzar, el Decreto en comento señala dentro de sus consideraciones como mandato para la entidades estatales el habilitar plataformas electrónicas que permitan la participación activa de los oferentes en los procesos de contratación, garantizando además, la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia. Al respecto, cabe señalar que en todo tipo de contratación que la entidad realice y, que no tenga relación directa con la Emergencia Social, Económica y Ambiental, deberá adelantarse el proceso de selección correspondiente so pena de incurrir en las sanciones que por dicha omisión surgen.

En todo caso, para estos eventos deberá habilitarse un correo electrónico especialmente diseñado para la recepción de ofertas, a efectos de tener sustento probatorio suficiente respecto de la fecha, hora y documentos entregados a la entidad. Dentro de dichos procedimientos se sugiere señalar de forma clara expresa y entendible, la manera en la cual se adelantará el proceso vía internet. Dicho mensaje deberá contener entre otras cosas: i) la dirección de correo a la que se deberá enviar la oferta, ii) la fecha y hora máxima para recepción de ofertas de conformidad con el cronograma, iii) señalar el vínculo web en el cual la entidad adelantará las audiencias del proceso contractual (v.g. ZOOM, con dirección web específica)[1]; iv) señalar el formato en el que deberán aportarse los documentos de la propuesta y el nombre con que deberán ser guardados; v) Señalar la forma en que se realizará la firma de los documentos (v.g. informe de evaluación; carta de aceptación, acta de inicio, actas de supervisión); vi) La forma en la que el contratista deberá prezentar la cuenta de cobro al finalizar cada corte, dada cuenta que las mismas deberán aportarse vía internet, en todo caso debe exigirse que los documentos susceptibles de firma, vengan firmados con firma digital; vii) de las actuaciones procesales que se surtan deberá garantizarse el acceso a los entes de control, por lo mismo además del uso de las plataformas CIA y SECOP, se sugiere hacer una relación de los mismos en documento aparte, que facilite la información a los entes de control (v.g. Un informe de contratos gestionados durante la crisis del COVID19).

Ahora bien, en consonacia con lo anterior, las audiencias que deban surtirse dentro de los proceso de contratación que no tengan relación con la calamidad por COVID 19, además, deberán garantizar la participación plural de oferentes, por lo mismo, a los oferentes que presenten sus ofertas dentro del témrino consgrado en el cronogrma del proceso, deberá enviárseles un link, haciendo manifestación expresa de que dicho link es el habilitado por la entidad para surtir la audiencia pública, que dicha audiencia quedará grabada y además, las condiciones de uso de la plataforma (v.g. una pequeña guía de no más de 2 páginas en las que se señalan las reglas de uso de la plataforma en lo que dura la audiencia pública). Además de lo anterior, deberá elevarse acta de la audiencia surtida vía internet, la misma será un resumen de lo que ocurrió en la audiencia y deberá acompañarse con el archivo grabado.

Gran parte del decreto trae a colación la adquisición de bienes, servicios y obras por intermedio de los Acuerdos Marco de Precios, o cualquier otro mecanismo de agregación de demanda elaborado por Colombia Compra Eficiente. Las expresiones como: “preferirá”, “podrá” que establece el decreto nos dan luz de que las entidades territoriales para la adquisión de bienes, servicios y obras relacionadas con la contingencia del COVID19, podrán, de manera facultativa, seleccionar los acuerdos marco de precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de los mismos. En todo caso, el derecto revela que la discrecionalidad en la toma de dicha decisión aún recae en cabeza de las entidades territoriales y lo único que hace, es recordar la posibilidad que tienen de adquirir los bienes por intermedio de dicha plataforma.

Las ventajas de adquirir bienes por intermedio de esta plataforma virtual habilitada por Colombia Compra Eficiente se ven reflejadas en primera medida,  en los posibles precios que pueden adquirir las entidades públicas, máxime cunado hablamos grandes cadenas de mercado con facilidades de adquisición de bienes, y también, se maximiza la garantía de obtener los bienes necesarios para la atención de la emergencia dada cuenta la escasez que a la fecha se ve en el mercado de los suministros relacionados con el sector salud. Por lo anterior puede haber un beneficio representativo para la entidad de este modo[2].

Ahora bien, el artículo primero del decreto señala:

“(…) En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pondrá a disposición de las Entidades Estatales una aplicación para adelantar las subastas electrónicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 11. En ausencia de la aplicación, las entidades estatales podrán adquirir de manera directa la plataforma electrónica dispuesta en el mercado para dichos efectos.”

Lo anterior da a entender que para garantizar la concurrencia de oferentes a los procesos de selección, Colombia Compra Eficiente pondrá un software a disposición de las entidades pero con el único fin de desarrollar audiencias en el SECOP II, por lo mismo las disposiciones contenidas en dicha modificación únicamente afecta a los contratos que deban adelantar su trámite vía SECOP II. Por no tocar aspecto alguno en lo referente a la plataforma SECOP I, deberá continuarse con el trámite de los procesos en esta plataforma a la luz de los postulados contractuales conocidos, pero haciendo modificaciones en lo relativo a la recepción de documentos y en fin, cualquier actuación pre contractual, en el sentido de habilitar espacios virtuales para garantizar el correcto cumplimiento de cada una de las etapas.

De encontrarse un procedimiento sancionatorio administrativo en curso, a la luz del artículo 2 del decreto en comento, deberán adelantarse las audiencias programadas de manera virtual, garantizando para todo efecto las garantías mínimas del debido proceso. Las actuaciones realizadas por medios virtuales deberán quedar registradas, y además, deberá garantizarse como mínimo al contratista incurso en dicho proceso: i) notificaciones, ii) aporte de pruebas, iii) justificaciones o descargos que a bien tenga el contratista, iv) la capacidad de controvertir las pruebas que en el proceso se aporten. De todas las manifestaciones hechas por el contratista deberá quedar registro expreso de su dicho y accionar. Desde la apertura del proceso y hasta su efectivo cierre deberá hacerse notificación de todas las actuaciones que puedieren afectar sus intereses.

Ahora bien, resulta lógico que por las actuales condiciones producto del COVID19, muchos de los procesos contractuales varien sus condiciones y por lo tanto, muchos de ellos pueden verse afectados por la imposibilidad en su ejecución. Por lo mismo, se habilitó a la administración pública a revocar de manera directa los actos de apertura de los procesos de selección. A pesar de que el artículo 3 del decreto no señala nada al respecto, deberá justificarse el acto de suspensión si se llegare a tomar dicha determinación, la motivación del acto resulta fundamental a la hora del control que realizan los entes de control.

Además de lo anterior, se habilitó a la administración a revocar los procesos que ya se venían adelantando siempre que no se haya presentado oferta alguna. De haberse hecho la presentación de ofertas deberá revocarse el acto pero de conformidad con los lineamientos que para el efecto trae la normativa, es decir, con la autorización expresa del adjudicatario del contrato.

Ahora bien, en lo que respecta a la contratación por urgencia manifiesta, deberá la administración cumplir con los requisitos establecidos para su declaratoria, es decir, elaborar el acto administrativo motivado en cuyo articulado y motivación se incluyan los contratos que deberán celebrarse de manera directa para mitigar la situación de urgencia. En tal sentido, no existe modificación alguna respecto de la esencia de esta figura contractual, el nuevo aporte se relaciona con que vía Decreto se ha señalado como justa causa el COVID19 para la contratación directa de bienes, obras o servicios enfocados a la lucha contra dicha pandemia.

Finalmente, nos señala el decreto la posibilidad de adicionar en más del 50% los contratos existentes en la entidad y que tengan una relación directa con la contingencia por COVID19. Esta posibilidad se ve condicionada a la justificación por parte de la entidad en la que se relacione el objeto del contrato con la contención de la pandémia y además, la justificación de su necesidad, es decir, por qué adicionar ese contrato y no elaborar uno nuevo, entre muchas otras consideraciones. En todo caso, de realizarse la adición, deberán cimentarse todas estas consideraciones en el acto administrativo de adición del contrato. Se sugiere a la entidad adicionar únicamente los contratos que tengan por objeto bienes y servicios fundamentales para garantizar la salud de los habitantes del municipio, y también aquellos relacionado con suministros de elementos de primera necesidad.

En estos términos se elabora el presente análisis.


[1] De dicha audiencia se recomienda realizar grabación mientras se surte la audiencia y luego, dejar el material de video en el expediente contentivo del proceso de contratación.

[2] Para ahondar más respecto de los beneficios y problemas de implementación de dicha plataforma, remitirse a concepto ya elaborado y enviado sobre Acuerdos Marco de Precios.

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COVID19 Y LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Actualidad

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Por: Mg. (c) Fabián Herrera*

 La Nación colombiana en la actualidad atraviesa por una de las situaciones más críticas en su historia a nivel económico, social y humanitario, ocasionada por la pandemia covid19, según los informes científicos preliminares, proveniente Wuhan capital de la provincia Hubei en la república popular china, razón por la que las medidas de prevención, contención y mitigación no se han hecho esperar a través de decretos presidenciales en animo de velar por la protección personal de los ciudadanos, declarándose en primera medida el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, seguido por una serie de reformas a nivel educativo, laboral, tributario, judicial, tecnológico, sanitario, mobiliario entre otros, encaminados a alivianar de una u otra manera las graves secuelas, frente a este enemigo silencioso, qué no solo ataca a un grupo de la población, sino que por el contrario ataca a todo el conglomerado social sin distinción alguna.

Es preciso observar que, al 26 de abril de 2020 en el mundo, hay un total de 2.954.106 contagiados de coronavirus y 205.398 personas fallecidas por esta causa. Los primeros datos oficiales, señalan que, en países de la unión europea, los efectos han sido nefastos y catastróficos; pues la cifra de personas contagiadas en España es de 207.634 con 23.190 fallecidas, mientras que en Italia la cifra de personas contagiadas es de 197.675 con 26.644 fallecidos. Ahora bien, observando el hemisferio occidental, las estadísticas resultan aún más alarmantes, ya que Estados Unidos, contiene un número exorbitante de 983.469 habitantes contagiados y 42.486 personas fallecidas, siendo a nivel mundial la nación más azotada por la pandemia, razón por la que estos resultados en países como colombia, resultan ser una señal inevitable de alarma, para tomar medidas estrictas en el asunto.

Téngase en cuenta que las naciones más azotadas en el mundo por el covid19, son países en su mayoría desarrollados, con mejores condiciones de vida para sus habitantes, partiendo de un sistema de salud optimo y una inversión real de los recursos públicos en los programas de gobierno según sus políticas públicas. Lo anterior, genera grave preocupación en la Nación colombiana ante un sistema de gobierno irregular en los últimos años, que lamentablemente ha dejado visibilizar la corrupción al interior de las instituciones públicas, una distribución inequitativa de la propiedad privada, un sistema de salud deplorable, una baja inversión en educación, falta de oportunidades de empleo, altos índices de asesinato de líderes sociales, fallecimiento de menores en medio del conflicto armado, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la transgresión a los derechos humanos, deviniendo en un panorama absolutamente desalentador ante las extremas brechas sociales, por lo que de no tomarse medidas urgentes para contener la reciente pandemia, los resultados serían inevitables, ante un número considerable de pérdidas humanas, frente a la imposibilidad de millones de personas para tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad.

Cabe resaltar que los primeros grupos de personas que resultaron afectados, en su mayoría corresponden a grupos socioeconómicos altos, con capacidad para entrar o salir de un país o continente sin mayores obstáculos, razón por la que se convirtió este sector en el mayor foco propagador del virus en Colombia. Lo anterior se ha visto reflejado en los estratos socioeconómicos que normalmente llegan a las instalaciones de urgencias de los hospitales y clínicas diagnosticados con esta patología. La respuesta a estos casos ha sido ágil y oportuna, permitiendo brindar un servicio de salud optimo y de calidad ante los grandes beneficios de la medicina prepagada o particular.

En segunda línea de contagio, se encuentra la población económica de la clase media, a la cual pertenece gran parte de la población colombiana, quienes resultaron afectados por la pandemia, por contacto directo con una o más personas que ingresaron del exterior, sin mayores controles sanitarios; allí el número de contagios varían significativamente, dado que este grupo poblacional no cuenta con los mismos recursos que tendría una persona de estrato más alto, pues normalmente su atención medica está enmarcada en el régimen contributivo de salud, en donde la persona debe ceñirse a un plan obligatorio de salud (POS), que finalmente termina negando una atención adecuada a la pandemia y con recursos limitados; aumentando el número de contagios en el país deliberadamente.

El último grupo en la escala de contagio y con mayor vulnerabilidad, es la población socioeconómica baja, teniendo de presente que una vez el virus comenzó a circular por las calles de las principales ciudades del país, se convirtió en el grupo que genera mayor preocupación, al no contar con los recursos necesarios para frenar la transmisibilidad y ser atendidos en condiciones dignas por el sistema de salud, pues este sector de la sociedad normalmente pertenecen al régimen subsidiado de salud, en donde a pesar del esfuerzo del personal médico, son muy mínimos los recursos que el mismo Estado invierte para su funcionamiento y para declinar la situación, es inevitable el foco de corrupción que termina por retener y dilapidar el erario.

El tal sentido, resulta necesario, qué los esfuerzos del Estado colombiano y de la población civil, cumplan con su finalidad, frente a las fases de prevención, contención y mitigación a la pandemia, para evitar a toda costa una tragedia nacional, pues vale la pena advertir que nuestro sistema de salud no está preparado para enfrentar una crisis de salud pública a grandes dimensiones, por lo cual es indispensable que el gobierno nacional siga las directrices expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la resolución No. 01/2020; brindando especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que causan las medidas decretadas frente a los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas, pues en palabras del maestro Díaz Gamboa, L. (2020), es preciso indicar que:

La dignidad humana, el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, nos obliga a pensar en que los derechos humanos son indivisibles, inalienables e interdependientes, que la salud pública (con la salud mental incluida), surgen como el espectro de derechos que deben ser cubiertos de manera prioritaria, en especial para los más vulnerables.

Saltan serias irregularidades frente al manejo qué el Estado colombiano, en cabeza del presidente, le han impartido a la pandemia, en comparación con otras naciones. Pues, en primer término, el gobierno nacional fue bastante escéptico frente al virus covid19; ya que, en un intento fallido, le restó importancia, al punto que considero descabelladas las acciones que alcaldes y gobernadores estaban tomando para controlar la curva de contagios en sus territorios, por lo que la función del alto órgano se torno inoficiosa hasta el día 17 de marzo, fecha en la que se expidió el decreto presidencial que declaraba la emergencia pública. Resulta a su vez irracional, que no se ordenara el cierre inmediato de las fronteras territoriales por parte de Migración Colombia, para impedir el acceso de personas contagiadas con el virus. Otro aspecto que cobra relevancia frente al particular, es el hecho de que los principales aeropuertos del país seguían en funcionamiento hasta el día 23 de marzo, fecha en la que el país ya contaba con un total de 306 casos confirmados de coronavirus, 6 recuperados y 3 fallecidos.

En este punto, es preciso reflexionar sobre la responsabilidad directa que tiene cada nación, para el cuidado de sus habitantes en relación con la salud pública; pues en el caso de la Nación colombiana, a pesar de que a simple vista no sean tan elevadas las cifras de personas contagiadas de coronavirus en comparación con otras naciones del mundo, lo cierto es que el país, a la fecha de elaboración de este escrito, cuenta con 5.379 personas contagiadas, 1.133 recuperadas y 244 fallecidas, cuyas cifras realmente son cero considerables, teniendo en cuenta que estos índices pudieron ser muy inferiores, si la Nación colombiana en cabeza de sus dirigentes, hubiese tomado las medidas necesarias de prevención, contención y mitigación del virus tan pronto la Organización Mundial de la Salud (OMS), en fecha 11 de marzo de 2020 catalogo como pandemia al covid19; pues la perdida de una sola vida, configura una contundente derrota para la Nación y una tragedia familiar indiscutible.

Es trascendental analizar la actual situación del país, desde los distintos focos, pues es evidente que con la serie de medidas que tomó el gobierno nacional colombiano, resultaron gravemente lesionados de manera directa, múltiples derechos humanos de rango fundamental, con las distintas decisiones que restringen los derechos a la educación, la libertad personal, la libertad de locomoción, el trabajo, el mínimo vital, entre otros, razón por la que es importante tomar medidas, que velen por asegurar el implemento de las tecnologías y los ingresos económicos a todas las personas, en los diversos niveles sociales, de manera que tengan igualdad de condiciones de subsistencia para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y otros derechos esenciales, tal como lo refiere el maestro Díaz Gamboa, L. (2020), al señalar que:

Hay una obligación del Estado en el sentido de respetar, garantizar y prevenir las violaciones a los DDHH. El Estado retoma su papel de ente director de la política pública –como lo hizo en la crisis del 2008 y en las pandemias anteriores- y urge rediseñar la prioridad presupuestal para quitársela a la guerra y dársela a la vida. Aquí deberá mirarse la propiedad intelectual (patentes), las políticas tributarias, los hospitales con su equipamiento y el apoyo al personal sanitario en condiciones óptimas (incluyendo su estipendio). Debe haber un principio de debida diligencia.

Frente a las personas que deban de realizar sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus, en animo de evitar a toda costa un impacto negativo al sistema de salud y un colapso económico en el sector empresarial, procurando por la protección de la integridad personal de los ciudadanos; configurando un desafío absoluto para el país, frente al que debemos salir victoriosos, con la ejecución adecuada de las Políticas Públicas.

REFERENCIAS

Díaz Gamboa, L. (2020). Uniminuto. Contenido de Interés. (20 de abril, 2020). Enseñanzas de la COVID-19. Recuperado de https://www.uniminutoradio.com.co/opinion-ensenanzas-de-la-covid-19.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de abril, 2020) Resolución No. 01/2020.

Ministerio de Salud. República de Colombia. Covid19, reportes. (20 de abril, 2020).


*Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, aspirante al título de Magister en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), mail: fabianherrera.88@hotmail.com, Cel.: 3143288895.

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