¿PUEDE NEGARSE UN PROFESIONAL DE LA SALUD A PRESTAR SUS SERVICIOS SI SU EMPLEADOR NO LO PROVEE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CUMPLIR CON SU LABOR O NO SE SIENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR SU ROL EN EL TRATAMIENTO DEL COVID-19?

Derecho Laboral y Seguridad Social

FOTO BELLOPor: Cristian D. Bello Guío, Cel.: (+57) 3224048808, Mail: abogadocristianbello@gmail.com

La constitución política establece que el gobierno nacional en estado de emergencia no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. El artículo 9 del DECRETO 538 del 12 de abril del año 2020, es lesivo frente a los derechos laborales de los profesionales de la salud puesto que existen estudiantes de medicina, personal no capacitado o retirado de la profesión, que en su gran mayoría no están preparados para afrontar la pandemia del COVID 19.

Pese a lo anterior, son llamados a filas para cumplir una actividad valerosa, como lo es prestar sus servicios como médicos, muchas veces sin tener siquiera los Elementos de Protección Personal (En adelante EPP) adecuados para tal fin, por consiguiente, indicamos que la norma aquí descrita violenta ciertos postulados legales. Con la expedición del decreto 538 del 12 de abril del año 2020, se violan los artículos 6 y el 15 de la Ley 23 de 1981, el primero indica que:

“el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión” y, el segundo indica que “El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente”.

La anterior premisa se sustenta en que el médico, en procura de su conservación y la salvaguarda de sus bienes jurídicos tutelados, podrá no atender al paciente infectado cuando no se le entregan los EPP puesto que es un riesgo para su vida y para el usuario. De igual forma la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el artículo 21 de la Decisión 584 del año 2005, consagra la posibilidad de que se genere una acción de auto cuidado, sin que ello sea justificación para despedir al trabajador de la salud.

Ahora bien, respecto a la capacidad operativa del personal médico, la Ley 1164 del año 2017, en el artículo 17 se establece que:

“Las profesiones del área de la salud están dirigidas a brindar atención integral en salud, la cual requiere la aplicación de las competencias adquiridas en los programas de educación superior en salud.

A partir de la vigencia de la presente ley se consideran como profesiones del área de la salud además de las ya clasificadas, aquellas que cumplan y demuestren a través de su estructura curricular y laboral, competencias para brindar atención en salud en los procesos de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación.

Las ocupaciones corresponden a actividades funcionales de apoyo y complementación a la atención en salud con base en competencias laborales específicas relacionadas con los programas de educación no formal”.

La norma anteriormente señalada, es un mandato estricto sobre las condiciones de idoneidad que debe tener un trabajador de la salud en el desarrollo de sus actividades subordinadas o independientes. No es de recibo que, por capricho del ejecutivo nacional, los médicos en Colombia deban prestar sus servicios en aras de salvaguardar a la vida de la población, si tener en consideración las condiciones mínimas de protección que garanticen su vida y la de su familia. No todos los galenos se encuentran preparados para tal fin. Existen médicos retirados o que no ejercen su profesión hace varios años, otros tantos, se dedican a especialidades que nada tienen que ver con el tratamiento del virus que hoy nos aqueja y peor aún, llamar a filas a estudiantes de medicina que no cuentan con la experiencia suficiente para enfrentar tan magno reto, como lo es la pandemia mundial en a que nos encontramos hoy en día es un auténtico suicidio colectivo promulgado por el estado.

Por lo anterior, podemos concluir que el artículo 9 de decreto 538 del 12 de abril del año 2020, viola leyes laborales pre-existentes, desmejorando con ello las normas sociales de los trabajadores de la salud, por tal razón, afirmamos que cuando no se entreguen los EPP al personal médico, los mismos pueden rehusarse a prestar sus servicios; y con toda razón.

Finalmente, en los eventos en que los médicos no se sientan capacitados para realizar dicha labor, podrán negarse a tratar un paciente infectado. Basta con alegar su inexperiencia o poca idoneidad para tal fin. El sustento a dicho actuar puede encontrarse en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la obligación legal del emperador referente a la protección y seguridad de sus Trabajadores, luego entonces, mal se haría en obligarles a prestar sus servicios sin tener las calidades e insumos de protección suficientes para tal fin.

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