DE LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN COLOMBIA

Derecho Penal

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La libertad, además de la absolución, es el fin más buscado cuando se inicia la defensa de un proceso penal y se dará, sin lugar a objeción, en los siguientes eventos y términos:

En delitos ordinarios (art. 317 Ley 906/04):

  • Cuando se haya cumplido la pena impuesta en sentencia de primera o segunda instancia.
  • Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.
  • Como consecuencia del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, siempre que medie el visto bueno del juez de conocimiento.
  • Cuando transcurridos 60 días calendario contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión.
  • Cuando transcurridos 120 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.
  • Cuando transcurridos 150 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se haya celebrado la lectura de fallo.

Cuando se trate de delitos adelantados ante la Justicia Penal Especializada; cuando sean 3 o más los procesados; cuando se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474/11; o, cuando se trate de delito que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales:

  • Cuando transcurridos 120 días calendario contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión.
  • Cuando transcurridos 240 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.
  • Cuando transcurridos 300 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se haya celebrado la lectura de fallo.

En casos de organizaciones criminales (Ley 1908/18, art. 317-A Ley 906/04):

  • Cuando se haya cumplido la pena impuesta en sentencia de primera o segunda instancia.
  • Cuando se haya decretado la preclusión.
  • Cuando se haya absuelto al acusado.
  • Cuando el Estado renuncie a la acción penal durante la aplicación del principio de oportunidad.
  • Como consecuencia del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, siempre que medie el visto bueno del juez de conocimiento.
  • Cuando hayan transcurrido 400 días calendario contados a partir de la fecha de imputación sin que se presente escrito de acusación o se haya solicitado preclusión.
  • Cuando hayan transcurrido 500 días hábiles contados a partir de la presentación del escrito de acusación, sin que se haya dado inicio al juicio oral por causa no imputable al procesado o a su defensa.
  • Cuando hayan transcurridos 500 días desde el inicio del juicio sin que se haya rendido sentido del fallo.

En efecto, mi equipo cuenta con un largo historial de éxito en causas donde surge el derecho de la libertad por vencimiento de términos, por lo que si usted lo necesita, no dude en contactarnos haciendo CLIC AQUÍ.


[1] Imagen recuperada el 8 de abril de 2020, de: https://elpais.com/elpais/2019/09/19/planeta_futuro/1568883550_133599.html

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¿CÓMO CALCULAR LAS TRES QUINTAS (3/5) PARTES DE UNA PENA?

Derecho Penal

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Como aspecto que puede llamar la atención para quien no tiene cierto grado de conocimientos jurídicos y siendo común la pregunta de clase, hablaremos acerca del art. 64-1 del C.P., que dice:

ARTICULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

    1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena (…)

Para estudiar la figura, pensaremos en un sujeto encontrado responsable a título de autor del delito de homicidio doloso y condenado a 400 meses de prisión, preguntándonos cuándo habría cumplido las 3/5 partes de la pena para poder acceder al beneficio de la libertad condicional.

La operación que se debe hacer es dividir 3 en 5 y el resultado se multiplicará por la pena impuesta, así:

3 ÷ 5 = 0,6

0,6 x 400 = 240

Tras el ejercicio, será de 240 meses la pena que el condenado habrá de cumplir para acceder al beneficio de la libertad condicional, cuya solicitud irá dirigida al juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad que conozca de la condena.


[1] Imagen recuperada el 5 de abril de 2020, de: https://misabogados.com.mx/blog/que-es-la-remision-parcial-de-la-pena/

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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “EL INTERVINIENTE EN EL DERECHO PENAL, UBICACIÓN DENTRO DEL CONCURSO DE PERSONAS EN LA CONDUCTA PUNIBLE”

Derecho Penal

Lo que empezó en el 2014 como una inscripción en una maestría en derecho penal y procesal penal y que culminó en febrero de 2016 con la distinción meritoria de mi monografía de grado, dio lugar al producto denominado “el interviniente en el derecho penal, ubicación dentro del concurso de personas en la conducta punible”.

Esta obra, la cual es producto de noches de esfuerzo y dedicación, siempre en pro de la mejoría de nuestras instituciones y pugnando por una evolución dogmática, fue publicada por Leyer Editores a mediados del mes de enero del 2018.

Siendo esto así, decidí donar varios ejemplares, a distinguidas universidades colombianas, siempre deseando que pueda ser utilizada para los curiosos que profundicen en el tema (y a quienes les exijo las más feroz crítica académica). Estas instituciones académicas fueron las siguientes:

  • Universidad de los Andes (Bogotá D.C.).
  • Universidad Externado de Colombia (Bogotá D.C.).
  • Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá D.C.).
  • Universidad La Gran Colombia (Bogotá D.C.).
  • Universidad Libre de Colombia (Bogotá D.C.).
  • Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja).
  • Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja).
  • Universidad Santo Tomás (Tunja).
  • Fundación Universitaria de San Gil (Chiquinquirá).

Manteniendo una lucha constante por la evolución de la judicatura y siempre apuntándole a la mejoría de la humanidad, dejo en sus manos mi primer libro, el cual seguramente esté lleno de imperfecciones, por lo que, insisto, espero una ardua crítica de su parte.

El autor.

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SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO

Derecho Penal

Según el artículo 424 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Colombiano vigente), para efectos probatorio-procesales, se entenderán por documentos, los siguientes:

  1. Los textos manuscritos, mecanográficos o impresos;
  2. Las grabaciones magnetofónicas;
  3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones;
  4. Grabaciones fonópticas o videos;
  5. Películas cinematográficas;
  6. Grabaciones computacionales;
  7. Mensajes de datos;
  8. El telex, telefax y similares;
  9. Fotografías;
  10. Radiografías;
  11. Ecografías;
  12. Tomografías;
  13. Electroencefalogramas;
  14. Electrocardiogramas; y,
  15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.

En tal forma, debe decirse que jurídico penalmente hablando, la definición de documento dista de la concepción de la Real Academia de la Lengua Española, por la cual se afirma que se trata de un “escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo[1].

Esto, debido a que la definición de documento aun se encuentra estrictamente relacionada con la escritura o al soporte de papel escrito.

No obstante, la legislación vigente nos lleva a concluir que un documento será todo soporte físico que incorpore datos, información, hechos, entre otros, con relevancia jurídica, cuyo objeto se enfoque en probar algo; razón de ser de los 15 eventos en los cuales se podrá hablar de un documento probatorio-procesal en materia de derecho penal.

Así las cosas, volviendo a la línea colombiana, artículos siguientes de la Ley 906 de 2004, se enfocan en expandir la definición procesal del documento, a saber:

  • En qué eventos se entenderá que un documento es auténtico (art. 425).
  • Cuáles son los métodos de autenticación e identificación del documento (art. 426).
  • Sobre la autenticidad de documentos procedentes del extranjero (art. 427).
  • Sobre la traducción de documentos de idiomas distintos al castellano (art. 428).
  • Sobre la presentación de documentos en original o en copia auténtica (art. 429)[2].
  • Sobre la exclusión como medios probatorios de documentos anónimos, a razón de no poder establecerse su autenticación o identificación (art. 430).

Finalmente, en artículos posteriores (arts. 431 a 434), se exalta el tratamiento del documento por parte del Juez, haciendo alusión al empleo de los documentos en el juicio, la apreciación de la prueba documental, el criterio general probatorio del documento y las excepciones correspondientes.

No obstante se tratan de normas y situaciones específicas que vale la pena ser estudiados a profundidad, debemos centrarnos en la razón de ser de esta entrada, la cual tomará base en información ya relacionada.

Así pues, por regla general, bien por parte de la Fiscalía General de la Nación como ente persecutor del delito, o bien, por parte de la defensa del acusado, por disposición expresa de la Ley 1453 de 2011[3], art. 63, inc. 2º, el material probatorio identificado como documento según los parámetros ya establecidos, podrán ser ingresados como pruebas por uno de los investigadores que participen en el caso, o en su defecto, por el investigador que personalmente recolectó o recibió dicho elemento.

Esto quiere decir que, en el proceso penal colombiano, sin relevancia que el elemento material probatorio o evidencia física se trate de un documento, existirá la regular necesidad de un investigador o de un testigo, para efectuar la correcta introducción del mismo como prueba, para la correspondiente valoración por parte del juez.

En tal forma, la introducción de pruebas documentales en el proceso penal colombiano, actualmente se efectúa así:

  1. El litigante habrá de recolectar los elementos documentales, por parte del investigador correspondiente.

En este punto, resulta imprescindible establecer el nexo necesario entre el testigo y la evidencia, a fin de exaltar su pertinencia, conducencia y autenticidad.

  1. Establecido lo anterior, será necesario que en la audiencia de acusación (por parte de la Fiscalía) o en la audiencia preparatoria (por parte de la Defensa), se solicite o presente la prueba documental correspondiente[4], a fin de ser exhibida en la audiencia de juicio oral.
  1. Como requisito formal, habrá de marcarse el documento por un consecutivo numérico o alfabético, al cual nos referiremos como “documento marcado con el número 1”, durante el desarrollo de la audiencia, a fin de que sea identificado y reconocido por el testigo.
  1. Una vez marcadas las pruebas correspondientes y sentadas las bases probatorias, a fin de garantizar el principio de contradicción, habrá de mostrarse el documento al litigante contrario, a efectos de que éste lo analice y verifique que se trate del mismo que se descubrió y ofreció en la audiencia de acusación o preparatoria.
  1. Posteriormente, se presentará el documento al testigo que servirá de medio para introducir la prueba, bien en forma directa, ora a través del secretario del juez, quien habrá de examinarlo detenidamente y sólo habrá de referirse al mismo cuando se le pregunte al respecto.
  1. Una vez el testigo ha examinado el documento, habrá de preguntársele si lo identifica o reconoce, así como las razones de ello.
  1. Surtido lo anterior, el litigante que ofrece la evidencia podrá referirse a la misma con la denominación o calificación que le haya otorgado el testigo, y ya no con el numero asignado.
  1. Una vez reconocido e identificado el documento, el litigante que lo está incorporando debe ofrecerlo al juez como prueba, solicitando que sea admitido como prueba de la pretensión alegada y en tal sentido, sea marcado como “prueba número 1 de la Defensa o de la Fiscalía[5].
  1. Admitida la prueba, el litigante podrá utilizarla con el(los) testigo(s) con que la incorporó, e incluso con otros testigos, hasta el punto de usarla para contrainterrogar e impugnar credibilidad, a fin de probar los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron la incorporación de la prueba documental admitida, para poder argumentar válidamente al respecto[6].

Con todo, la presente, es la forma vigente en la cual se introducen documentos que constituyan pruebas al proceso penal, siendo en general una forma práctica por la cual se plantea la oralidad a través de la Ley 906 de 2004; no obstante, extensas han sido las críticas en contra del sistema.

Pues bien, cumpliendo con el objeto de la presente entrada, en otra oportunidad efectuaremos un espacio específico a fin de ejemplificar el trámite aquí anotado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Defensoría del Pueblo. El defensor público en el sistema acusatorio colombiano. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo, 2005.

Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 26 de diciembre de 2016, de: http://dle.rae.es/?id=E4EdgX1

Ley 1453 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Publicada en el Diario Oficial 48.110, de 24 de junio de 2011.


[1] Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 26 de diciembre de 2016, de: http://dle.rae.es/?id=E4EdgX1

[2] Artículo modificado por el artículo 63 de la Ley 1453 de 2011, agregándose el inciso: “El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física”.

[3] Ley 1453 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Publicada en el Diario Oficial 48.110, de 24 de junio de 2011.

[4] Salvo las excepciones procesales.

[5] A fin de garantizarse el derecho de contradicción, el juez debe preguntar a la parte contraria, si tiene o no objeciones a la admisión de la prueba.

[6] Defensoría del Pueblo. El defensor público en el sistema acusatorio colombiano. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo, 2005, pp. 237-243.

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SOBRE EL PERMISO DE LAS 72 HORAS PARA RECLUSOS EN COLOMBIA

Derecho Penal

El permiso de hasta setenta y dos (72) horas, es un beneficio administrativo que hace parte del tratamiento penitenciario según indica el artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario.

Dicho beneficio, lo encontramos regulado por el artículo 147 del mismo instrumento legal, al referir  que “la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta se setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes”:

Requisitos:

  1. Estar en la fase de mediana seguridad (que comprende el período semiabierto[1] – art. 144-3 ibíd.).
  2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta[2].
  3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
  4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
  5. Si se trata de delitos con competencia de Jueces Penales del Circuito Especializados, haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta.
  6. Haber trabajado, enseñado o estudiado durante el tiempo de reclusión.
  7. Haberse observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del establecimiento carcelario correspondiente.

En la práctica, adicionalmente habrá de informarse el lugar exacto en el que se cumplirá el permiso.

REFERENCIAS

Ley 65 de 1993. “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”. Publicada en el Diario Oficial 40.999, de 20 de agosto de 1993. (Tener en cuenta última modificación por la Ley 1709 de 2014. “Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario Oficial 49.039, de 20 de enero de 2014).

Resolución 7302 de 2005. “Por la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento Penitenciario”. Publicada en el Diario Oficial 46.476, de 8 de diciembre de 2005.

[1] El periodo semiabierto indicado en el artículo 144-3 del Código Penitenciario y Carcelario, es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario, en la que el interno accede a programas educativos y laborales en un espacio que implica medidas de seguridad menos restrictivas que la fase de Alta Seguridad, donde se orienta a fortalecer al interno en su ámbito personal, con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias sociolaborales.

Esta fase se inicia una vez el interno, mediante concepto integral favorable del cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo, emitido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento alcanza el cumplimiento de una tercera (1/3) parte de la pena impuesta en casos de justicia ordinaria, y de setenta por ciento (70%) de la pena impuesta en caso de justicia especializada, y finaliza cuando cumpla las cuatro quintas (4/5) partes del tiempo requerido para la libertad condicional y se evidencie la capacidad del interno para asumir de manera responsable espacios de tratamiento que implican menores restricciones de seguridad. (Véase Resolución 7302 del 23 de noviembre de 2005).

[2] A manera de ejemplo, pensemos en una pena impuesta de 6 años y 2 meses, es decir, 2.220 días. En tal orden, para el cumplimiento de este requisito habrán de cumplirse 740 días de prisión.

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EL INTERVINIENTE COMO BASE DE UNA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Derecho Penal

Como bien lo había publicado en entradas anteriores, cursé estudios de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal al interior de mi alma mater, la gloriosa Universidad Santo Tomás.

Allí, por cerca de dos años elaboré una teoría por la cual se debería entender a la figura del interviniente como un tercer concurrente al interior de la conducta punible, situación que claro, daría lugar a variadas modificaciones que incluso podrían llevar a una modificación profunda del Código Penal tal y como lo conocemos hoy.

Por tal razón, les ofrezco con el más grande deseo de crítica académica, a fin de enmendar mis muy esperados errores en una próxima oportunidad, la monografía de grado titulada: “El interviniente como una tercera forma de coparticipación criminal”.

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ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL INTERVINIENTE EN LOS DELITOS ESPECIALES

Derecho Penal

Los avances de la monografía de grado como Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, permitió en puertas de un tercer semestre académico la resolución de algunas dudas básicas en torno a la figura del interviniente en el marco de los delitos especiales. Fue así que, entre otras, surgieron las siguientes respuestas, las cuales ya amo como abre bocas de mi futuro aporte a las ciencias penales…

  1. ¿QUÉ SON DELITOS ESPECIALES?

También conocidos como de sujeto activo calificado o cualificado, son “aquellos delitos que sólo pueden ser cometidos por los sujetos que reúnan las calidades especiales previstas en el tipo penal” (Corte constitucional, Sentencia C-1122/08), razón por la cual, a diferencia de los delitos comunes, sólo podrán ser cometidos por cierto grupo de personas, de suerte que si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta. En cuanto a su nacimiento, se remota a la legislación alemana clásica, “representada por una voluntad de destacar en mayor medida la relevancia de la infracción de deberes especiales como fundamento de los delitos de funcionario” (Gómez Martín, 2006, pág. 3).

Aunado a lo anterior, la doctrina ha diferenciado la existencia de los delitos especiales impropios y propios. En cuanto a los primeros, son aquellos que “tienen correspondencia con uno común, es decir, se trata de delitos en los que la calidad personal del sujeto (su condición de funcionario público, por ejemplo) no es determinante puesto que el comportamiento tiene correspondencia con un delito común” (Rebollo Vargas, 2000, pág. 135). Por el contrario, los delitos especiales propios, son entendidos como “aquellos que sólo se han previsto para sujetos cualificados y no existen al margen de éstos” (Universidad de Navarra), es decir que exigen una específica condición del sujeto activo[1].

Con base en lo anterior, debemos tener en cuenta que la distinción entre delitos especiales tiene fundamento en sede de autoría y participación, en los eventos de la ejecución de un delito en el que intervengan sujetos calificados y no calificados[2]. Es así, que para los delitos especiales propios la solución no será hacer responsable a todos como coautores, porque aquellos no cualificados no podrán serlo; en este evento los no calificados responderán como intervinientes del delito del autor[3]. En cuanto a los delitos impropios no habría tal necesidad, pues la existencia de un delito común cuya adecuación típica corresponda al del delito especial permitirá una adaptación simple de los autores (como serían los tipos del hurto y del peculado, cuya diferencia es la calidad especial requerida).

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad jurídico-penal colombiana, no existe un precepto que defina el concepto de delito especial, pues éste “puede provenir más de la jurisprudencia y la doctrina que de la propia ley, como también son predicables de estas la condición de delitos especiales por organización o por institución” (Figueroa Fonseca, 2014, pág. 88).

  1. ¿POR QUÉ SE DISTINGUE EL INTERVINIENTE EN DELITOS ESPECIALES DEL AUTOR O PARTICIPE?

 El código penal vigente contempla un sistema diferenciador entre la autoría y la participación[4], siendo autor “quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento” (Cód. Penal, art. 29, inc. 1), en sus diferentes modalidades, y según el art. 30, será partícipe el determinador, el cómplice y el interviniente, no obstante, el contenido de esta última modalidad parece ser de un contorno distinto de la participación, tal y como veremos más adelante.

En primer término, “autor es la persona que realiza la conducta típica; aquella que efectúa la acción u omisión a que se refiere el verbo rector” (Reyes Echandía, 1990, pág. 131); claramente nuestro código penal contempla varias modalidades explicadas a profundidad por el art. 29, tales como la coautoría, la actuación en representación de personas jurídicas, de entes colectivos o de personas naturales.

Por su parte, “partícipe es todo interviniente que no puede ser autor, bien porque su realización sólo entraña una aportación atenuada al delito (le falta el dominio del hecho) o porque le faltan requisitos de la autoría específicos del delito” (Suárez Sánchez, Autoría y participación, 1998, pág. 307)[5]. Es así que la Ley 599 de 2000 contempla en este margen al determinador[6], al cómplice[7] y al interviniente definido como “un concepto de referencia para aludir a personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o accediendo a ellos” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 12.191, 25 de abril de 2002).

Con base en lo anterior, comprendemos una diferencia clara entre el autor y el interviniente, pues como afirma Suárez Sánchez (2002), el autor será entendido como tal gracias al cumplimiento de las exigencias objetivas y personales señaladas por el tipo, sin utilizar a otro como instrumento y sin ser utilizado como tal[8], y como se dijo, el interviniente es entendido como tal gracias al incumplimiento de estas exigencias mínimas del tipo. En cuanto a su diferencia con el partícipe, se basa en que el interviniente cumplirá los mismos requisitos del autor, solo que sin la precitada cualificación especial, y por tanto, ni determina ni contribuye en la realización de una conducta.

  1. ¿PUEDE EL INTERVINIENTE SER AUTOR O CÓMPLICE?

Tras un análisis hermenéutico de los arts. 29 y 30 del C.P., se puede afirmar que el particular ante un tipo especial, “puede actuar como determinador o cómplice, pero al carecer del elemento personal exigido por el tipo, de ninguna manera podrá ser autor (directo o mediato) ni coautor” (Suárez Sánchez, Ob. Cit., pág. 27), siendo así una exclusión irrestricta en el campo de la autoría[9], en el entendido de que “cuando se procede por un delito de sujeto calificado, se considera autor aquel que reúna esa especial característica exigida por el legislador” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 41.539, 30 de julio de 2014).

No obstante lo anterior, debemos recordar que cabe la posibilidad de que un particular adquiera en forma permanente o transitoria las calidades especiales del tipo, momento en el cual automáticamente adquiere la cualificación requerida y podría ser tratado como autor o coautor, cuestión que sucede principalmente en los delitos contra la administración pública cuando un particular que ejerce funciones públicas en forma permanente o transitoria. “Estos particulares, si bien, como se dijo, no tienen la calidad de servidores públicos, sí ejercen funciones públicas, de manera permanente o transitoria” (Uribe García, 2012, pág. 65), y por conducto del art. 20 del C.P.[10], serán tenidos como tal.

En cuanto a la participación, ya sea como determinador o bien como cómplice, se debe decir que en los delitos especiales el particular podrá adquirir tal calidad, sin embargo no podría existir compatibilidad entre aquéllos y la figura del interviniente, ya que cada uno cuenta con específicas connotaciones que los excluyen entre sí.

En conclusión, en cuanto a la autoría “en los delitos especiales los particulares no pueden ser autores, tampoco coautores ni autores mediatos por falta de calidad típica” (Gómez Méndez & Gómez Pavajeau, 2008, pág. 148), sino que por el contrario, el particular adquiere la calidad de interviniente. Por su parte, en cuanto a la complicidad, el Código Penal no contempla restricción alguna para el particular en esta modalidad, razón por la cual éste podría ser cómplice, no obstante, es diferente que el particular pueda adquirir la calidad de interviniente y de cómplice al mismo tiempo, pues para ser interviniente se debe concurrir en la realización del delito sin contar con las calidades especiales requeridas, en cambio, el cómplice requiere una contribución en la ejecución del delito, o prestar una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma.

  1. SEÑALE TRES DOCTRINAS QUE EXPLIQUEN LA INTERVENCIÓN DEL INTERVINIENTE EN UN DELITO ESPECIAL.

Varias han sido las posturas que en los últimos años se han tomado en torno a la figura del interviniente, cuyos variantes siempre han tomado como base a las teorías del dominio del hecho y de la infracción del deber, en búsqueda de dar respuesta a los casos en los que un intraneus[11] realiza una conducta punible en coordinación, cooperación o participación de un extraneus[12]. Por ejemplo, “cuando un servidor público (intraneus) se apodera de bienes del Estado que se encuentran bajo su administración y custodia (relación funcional), y lo hace de común acuerdo y con la intervención de un particular (extraneus)” (Córdoba Angulo, 2004, pág. 77). El punto de quiebre al que ha intentado dar respuesta la doctrina, es a qué título debe responder el extraneus, siendo el intraneus en estos eventos el único con la posibilidad de ser autor.

Frente a la problemática planteada, la doctrina ha postulado diversas soluciones, así:

  1. El extraneus no tiene responsabilidad alguna (Suárez Sánchez, Autoría y participación , 1992, pág. 361).
  1. El extraneus siempre tendrá responsabilidad bajo la calidad de cómplice (ibídem, págs. 360-361).
  1. El intraneus debe responder como autor del delito especial (peculado) y el extraneus como autor del delito común (hurto)[13] (Córdoba Angulo, Ob. Cit., pág. 77).
  1. Otra postura propone hacer responder al intraneus como autor y al extraneus como partícipe (ya sea como determinador o bien como cómplice) (ibídem).
  1. El extraneus, adquirirá la categoría de coautor-interviniente o de partícipe-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 12.191, 25/04/02).
  1. El extraneus solo podrá ser coautor-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 20.704, 08/07/03).

Vemos con lo anterior, siendo solo un pequeño fragmento de las diversas posturas que ha tomado la doctrina y la jurisprudencia, que sigue sin estar claro cuál es el alcance del inciso final del art. 30 del C.P., razón que afluye al contenido de mi tesis de maestría, cuyo propósito es despejar este vacío en torno al interviniente.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barja de Quiroga, J. L. (1996). Autoría y participación. Madrid: Akal S.A. .

Código Penal. Ley 599 de 2000. Arts. 20, 29 y 30. Julio 24 de 2000.

Constitución Política de Colombia. Arts. 2, 116 Inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num 9, 318 y 340. Julio 20 de 1991.

Córdoba Angulo, M. F. (2004). La figura del interviniente en el derecho penal colombiano. Derecho penal y criminología, 25(75), 71-95.

Corte Constitucional. Sala plena. Sentencia C-1122/08. (Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil; 12 de noviembre de 2008).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 12.191 (Magistrado Ponente Carlos Eduardo Mejía Escobar; 25 de abril de 2002.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 20.704 (Magistrado Ponente Carlos Augusto Gálvez Argote; 8 de julio de 2003.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 41.539 (Magistrado Ponente Gustavo Enrique Malo Fernández; 30 de julio de 2014.

Figueroa Fonseca, L. C. (2014). El interviniente en derecho penal. Bogotá: Ibáñez.

Gómez Martín, V. (2006). Los delitos especiales. Buenos Aires: IB de F.

Gómez Méndez, A., & Gómez Pavajeau, C. A. (2008). Delitos contra la administración pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Rebollo Vargas, R. (2000). Algunas consideraciones sobre la autoría y la participación en los delitos especiales. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 53, 133-168.

Reyes Echandía, A. (1990). Derecho Penal (11 ed.). Bogotá: Temis.

Suárez Sánchez, A. (1992). Autoría y participación . Bucaramanga: UNAB.

Suárez Sánchez, A. (1998). Autoría y participación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Suárez Sánchez, A. (2002). El interviniente. Derecho penal y criminología, 22(72), 13-29.

Universidad de Navarra. (s.f.). Delitos comunes y delitos especiales. Recuperado el 23 de Enero de 2015, de http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/delitoscomunesyespeciales.html

Uribe García, S. (2012). Delitos contra la administración pública. Medellín: UNAULA.

[1] Entonces si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta por falta de correspondencia con un delito común que no exija condiciones especiales.

[2] Por ejemplo, entre un particular y un fiscal hurtan bienes estatales, caso en el cual, sin mayores connotaciones, el particular sería responsable del delito de hurto y el servidor público del delito de peculado por apropiación.

[3] Pues como dice el inc. final del art. 30 del C.P.: “al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte”.

[4] Existen otros modelos que invocan un concepto unitario de autor, el cual se presenta “cuando no se aceptan distinciones entre las conductas de autoría y participación” (Barja de Quiroga, 1996, pág. 20).

[5] Entiéndase en esta cita la palabra “interviniente”, no como la figura contemplada en la actualidad por el inc. final del art. 30 del C.P., sino como un sujeto que aporta en el desarrollo de una conducta delictiva determinada.

[6] Entendido como aquél que determine o incite a otro a realizar la conducta antijurídica.

[7] Entendido como aquél que contribuya en la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma.

[8] Véase al respecto el artículo El interviniente, publicado en la revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, No. 72, en la pág. 16 y ss.

[9] Esta particularidad se da como respuesta al interés del legislador en sancionar con más rudeza la violación de los deberes especiales exigidos para este sujeto “especial”, como sería el caso de los deberes especiales de un servidor público.

[10] Dice el art. 20 del C.P.: Artículo 20. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos (…) los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria.

Así mismo, la Constitución Política, en varios artículos, hace referencia a la función pública que pueden desempeñar los particulares. Ellos son: 2, 116 inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num. 9, 318 y 340, donde resaltan los arts. 123 (que dice: (…) La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio), y 210 (que dice: (…) los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley).

[11] Entendido así el sujeto que cuenta con las calidades especiales requeridas por el tipo.

[12] Como se le denomina a quien no cuenta con las calidades especiales del tipo.

[13] A esto se le conoce como “ruptura de la unidad de imputación”, cuestión altamente criticada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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LA NECESIDAD DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, COMO PROTECCIÓN AL EJE ANTROPOCÉNTRICO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Derecho Penal

Colombia, como Estado Social y Democrático de Derecho, caracterizado por el respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de valores y principios y una tutela y respeto irrestricto de los derechos humanos, busca una protección dinámica e integral de la persona humana. De allí, que el ius puniendi Estatal, tenga un límite inamovible en cuanto a su aplicación, principalmente en el Derecho Penal, generando su constitucionalización, que tiene una visión no sobre el Estado, sino sobre su eje central, que no es otro que la persona humana. Cabe preguntarnos, cuál es la necesidad de la constitucionalización del derecho penal y procesal penal, como protección al eje antropocéntrico del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así las cosas este límite en la aplicación del derecho penal se puede analizar desde varias perspectivas, una de estas, es que el proceso penal requiere de garantías mínimas para todo interviniente, que resultan siendo el fundamento del mismo proceso, y que encontramos en las constituciones políticas y en los instrumentos internacionales que aplican en el derecho procesal penal interno.

Por otro lado, el fundamento garantista del derecho penal incide de manera directa, en la pena[1], pues cumple funciones de prevención, retribución justa, reinserción social y protección al condenado; del mismo modo, en los principios orientadores de la imposición de la sanción penal[2], ya que se habla de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, siendo la máxima expresión del constitucionalismo del derecho penal, en un Estado Social y Democrático de Derecho.

En tal orden, se debe resaltar que el Estado, además de proteger bienes jurídicos de alta significación mediante el ius puniendi, ejecuta la razonabilidad y la proporcionalidad proscribiendo todo exceso punitivo, y así, dejando de lado toda violación innecesaria a derechos supralegales.

Por su parte, la incidencia del derecho penal en la sociedad, debe encaminarse a la prevención antes que la sanción[3], mediante una constitucional medida de control social para evitar el delito, bifronte en tanto que a través de las penas disuade a la sociedad para actuar en correcta medida (prevención general), y evita que el condenado reincida en comportamientos desviados durante la ejecución de la sanción penal (prevención especial). Sobre ello, la Corte Constitucional sostuvo:

“El Derecho penal en un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio nacional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos”[4].

Finalmente, la aplicación de las penas como respuesta  a las conductas desviadas, implica que el operador judicial deba tener presente todo el bloque de constitucionalidad, en aras de evidenciar una eficaz justicia social y política, pues las pautas fundamentales deontológicas de un derecho penal democrático se basan en la Constitución Política y en los Derechos Humanos, ya que de allí surge el límite al ius puniendi, y considero que una serie de límites y garantías, facilita y compromete obligaciones a los asociados, de donde devendrá la culpabilidad.

Ahora bien, estudiadas en conjunto, todas las pautas que intuyen la legitimidad del derecho penal, generan la eficacia de las garantías mínimas que consecuentemente promueven y protegen la dignidad humana del procesado, y si agregamos la proporcionalidad y la razonabilidad, podremos resaltar el fundamento material de la responsabilidad, lo cual se traduce en que la culpabilidad (como eje central de la responsabilidad), es un contenido de exigibilidad jurídica y social, y no simplemente un oficio de reproche.

Siguiendo un orden lógico, recordemos que el artículo 1 Superior, señala que la dignidad de la persona humana es el fundamento del orden jurídico, así como también lo expone el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido su versión Kantiana cuando dice que “por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente los admita”[5]; razón por la cual, es ésta el fundamento y sentido de las instituciones penales. Recordemos, que el mismo profesor Gómez Pavajeau (2012), resalta que “todo el ordenamiento jurídico, tendrá que entenderse a la luz del respeto por la dignidad humana, puesto que ello subyace bajo todos los derechos fundamentales. En todos y cada uno de los derechos se proyecta la dignidad”[6].

Ya en cuanto a un campo netamente procesal, debemos tener en cuenta que de la Constitución y los Derechos Humanos emanan todo el conjunto de garantías que guían al proceso, las cuales son el fundamento mismo de cada etapa procesal. Estas garantías constitucionales, son los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia, y por ende comúnmente la doctrina ha resaltado a algunos de ellos, por su importancia, de la siguiente manera[7]:

  • Derecho a la tutela judicial efectiva, materializada a través del derecho a obtener una decisión de fondo fundada jurídicamente; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso.
  • Algunos fundamentos en el proceso que devienen directamente de la esfera constitucional y de los derechos humanos, a saber, los principios de legalidad, investigación oficial, acusatorio, juez legal, publicidad, oralidad y concentración, entre otros.

Por consiguiente, en un Estado Social y Democrático de Derecho, el derecho penal y procesal penal, son un mecanismo que se solidifica con la prevención de lesionar intereses fundamentales, pues los derechos en juego realzan una protección reforzada, pero ello implica una tutela para todos los sujetos del delito e intervinientes del proceso. Esto se ve a través del respeto inamovible de los límites que aseguran la salvaguardia de los derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta los términos enunciados, podemos entender que el ius puniendi se encuentra supeditado al mandato constitucional, regla que tiene como fin limitar el ejercicio del poder arbitrario y razonar el uso del poder punitivo, pues como queda anotado, el derecho penal y procesal penal debe acoplarse al Estado Social y Democrático de Derecho, mediante el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas[8].

Así, en respuesta del problema planteado del escrito que dejo en sus manos, hay que resaltar el eje axiológico de nuestro modelo de Estado, que es la protección de la persona humana, de allí la relevancia e incidencia que tienen los derechos fundamentales, igualmente el sentido favorable de los valores y principios en búsqueda de una legitimidad del sistema jurídico-penal, y la búsqueda de una justicia material y no formal; pero que finalmente todo llega a basarse en la constitucionalización del derecho penal.

En conclusión, el eje antropocéntrico del Estado Social y Democrático de Derecho, e igualmente, del derecho penal y procesal penal, es la protección de la dignidad humana, pues es quien otorga, como vimos, todo el conjunto de derechos y garantías que son inalienables e inalterables y por ende pre-estatales frente a todo orden jurídico. Por esto, la necesidad de la constitucionalización deviene de la protección de los bienes jurídicamente tutelados, enalteciendo a la persona humana, respetando a la Constitución Política y a los Derechos Humanos, y manteniendo intacto al eje axial de nuestro modelo Estatal.

Referencias bibliográficas:

 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-542 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía; 24 de noviembre de 1993).

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-565 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara; 7 de diciembre de 1993).

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 17 de octubre de 2002).

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. N°. 33.254 (M.P. José Leonidas Bustos Martínez; 27 de febrero de 2013).

GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Introducción al derecho penal constitucional. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2012.

GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2013.

[1] Art. 4 del C.P.

[2] Art. 3 ibid.

[3] Esta postura ha sido desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. N°. 33.254 (M.P. José Leonidas Bustos Martínez; 27 de febrero de 2013), como una incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, en presupuesto de protección a los bienes jurídicos en cabeza de los asociados.

[4] Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-565 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara; 7 de diciembre de 1993).

[5] Tal afirmación es resaltada por la Corte Constitucional. Sentencias C-542 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía; 24 de noviembre de 1993), y T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 17 de octubre de 2002), entre otras.

[6] Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Introducción al derecho penal constitucional. Bogotá D.C.: Nueva Jurídica, p. 78.

[7] Cfr. GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2013, pp. 29 – 146.

[8] De tal expresión han surgido condiciones básicas de la actual Ley penal colombiana, como la favorabilidad de la Ley, el debido proceso o la presunción de inocencia, entre otros, principios de trascendencia constitucional en ejercicio del ius puniendi.

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