EL DESCONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ULTERIORES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GRADOS UNIVERSITARIOS

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Por: Lic. Eduardo Pacheco

El presente artículo reconoce que las Universidades de Colombia, son pieza fundamental para el desarrollo adecuado de cada individuo, pero también, es necesario manifestar que es deber de los mismos conocer las Normas internas y externas, para no llegar a vulnerar los Derechos de sus estudiantes, entendiendo nuestra Carta Política como Norma de Normas y cada uno de los Códigos como legitimidad de su proceder Constitucional. Ahora bien, los Educandos gozan de indiscutibles Deberes y Derechos, no solo como personas Naturales desde su nacimiento en la Jurisdicción Ordinaria, sino también, como individuos que deben ser protegidos dentro de los Claustros, de persecuciones escolares, acosos académicos y matoneos por parte de funcionarios, docentes o compañeros.     

Así las cosas, en caso de vulnerar las retribuciones de los futuros profesionales, por acción u omisión, es deber de las soberanías internas realizar un proceso disciplinario a sus empleados, si llegasen a ejecutar sus funciones con negligencia, pues cada individuo que cancela oportunamente su matrícula, se hace acreedor al cumplimiento total y parcial de sus pretensiones, entendiendo el deber ser de cada Misión y Visión que empodere a la institución. A su vez, debo exteriorizar en esta introducción, que el presente escrito hace referencia a la vulneración de los Derechos de Grado de una Estudiante de Derecho, por el desconocimiento de las leyes por parte de los funcionarios de su Academia, respecto del manejo de la Resolución del Icfes 0420-2018.

Para empezar, quiero hacerles saber a mis apreciados lectores, que no usaré el nombre de la persona que está implicada en este bochornoso suceso y tampoco el de la Universidad a la que pertenece, por respecto a sus intereses personales, pero si utilizaré su género para poder crear más detalle en mi escrito y sus contenidos a causa de que todo se lleva a cabo bajo mi asesoría. Ciertamente las resoluciones de las Pruebas Saber Pro – Icfes en nuestro país, tienen efectos después de la fecha de sus modificaciones, bien llamadas de carácter Ulterior, pues a modo de ejemplo, debemos saber que en Colombia se concibe por regla general, que la Ley no es Retroactiva, y por ende, solo reglamenta vicisitudes posteriores a su ordenanza, lo que nos lleva a entender que la ley que cobija a todo sujeto, es la que preside en ese momento, y dicho acto no puede ser derogado con posterioridad.

Por otra parte, quiero exponer que la estudiante de Derecho, duro estudiando Ingles dos años en Nueva Zelanda, para de tal forma presentar su examen de Ingles al volver al país, y aprobarlo para poder graduarse del pregrado, pues era su único requisito faltante, pero al empezar sus trámites, la universidad le dice que tiene que volver a presentar de las Pruebas Saber Pro – Icfes, ya que ella presentó dicho examen el 15 de noviembre de 2016, y la universidad justifica su petición, señalando que la Resolución del Icfes 0420-2018, en el artículo 13-c. señala que la “vigencia del examen. para los efectos señalados en el artículo 13-a, los resultados del examen tendrán una vigencia de dos años”, y por ende, ya excedió el tiempo límite y por tal motivo, su certificado de asistencia ya no es válido.

Dicho lo anterior, al investigar la interpretación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, imparte dichas reformas de la resolución de carácter Ulterior, que hace referencia a sus efectos después de su imposicióny no antes, pues eso sería ir en contra de la Ley y las Normas de nuestro Estado Social de Derecho, es por eso precisamente que el desconocimiento de las mismas, pone de manifiesto la negligencia por parte de la institución, por acción y omisión al vulnerar de los Derechos que le confiere el Estado a la Estudiante de Derecho.

Por tal motivo y a modo de conclusión, después de radicar un Derecho de Petición a la Secretaria General de la Universidad, la cual es la competente de llevar el proceso en mención, se deben seguir unos lineamientos de suspensión al funcionario que ocasionó los daños y perjuicios a la Estudiante, pues su ilegítima interpretaciones de la Ley y las Normas,  pueden generar un imaginativo, frente a una persecución, o apuestas extra curriculares con la profesión de la Futura Abogada, por no medir las consecuencias de su desidia en sus funciones.

FUENTES:

Resolución del Icfes 0420-2018.

Constitución Política de Colombia. “Edición especial para la corte constitucional Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial- CENDOJ Biblioteca Enrique Low Murta –BELM” (Actualizada con los actos Legislativos a 2016).

Web grafía, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. https://www.icfes.gov.co/ 08/09/2020, 9:02 am

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EL HUMANISMO ENFRENTA LA REALIDAD DE LA VIDA CARCELARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19

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eduardo pachecoPor: Lic. Eduardo Pacheco

Por medio del presente documento, pretendo fundamentar mi punto de vista humanista, sobre por qué es imposible que liberen a todas las personas privadas de su libertad en Colombia en el marco de la PANDEMIA COVID 19, pues está claro que los sujetos en mención, cuentan con sus propias retribuciones, a saber, el Derecho a su Dignidad en su mayor esplendor, lo que conlleva a comprender la gravedad del delito que cometió, y en consecuencia, la sanción impuesta por el orden Judicial en cabeza de un Juez de la República.

De acuerdo a lo manifestado, se entiende que hay casos que podrían tener ciertos privilegios por su condición de vulnerabilidad, pero otros, por la gravedad de su contravención, representarían un inminente riesgo nacional. Motivo por el cual, entenderemos la necesidad de reflexionar antes de querer atentar con la libertad del otro, situando la voluntad propia, como un manejo a priori para el cumplimiento de las Normas establecidas por la Nación.

Así las cosas, se debe tener presente que el Estado desde el primer momento que retiene al individuo, debe hacerse responsable de su integridad personal, física, psíquica y moral, para poder determinar, si la rehabilitación individualizada del sujeto fue un éxito, y de tal forma, permitirle reintegrarse a la sociedad, teniendo en cuenta también, los supuestos de inocencia.

Ahora bien, después de los períodos definitivos de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, que son los términos requeridos frente al progreso psicológico del detenido, se podría determinar la permanencia del condenado en establecimientos carcelarios, o en su defecto, la liberación inmediata, teniendo como precedente, el estado de emergencia a causa del virus COVID19.

A partir de lo inmediatamente anterior mencionado, es imposible que liberen a todos los reclusos a causa de la emergencia actual, ya que estarían quebrantando el desarrollo adecuado de su restablecimiento social, sin omitir por supuesto, que en la actualidad el Gobierno Nacional expidió un decreto para subyugar la población carcelaria, y conseguir reducir la urbe en los penales, con el fiel propósito de evitar un contagio masivo.

Así mismo, quien resguarda y protege a cada una de las personas sin importar su condición, estrato, riqueza o vulnerabilidad, son los Derechos Humanos, comprendidos como Derechos Fundamentales en nuestro proceder constitucional, los mismos que a su vez, garantizan todos los cuidados reglamentarios exigidos por la Medicina y la Ciencia.

Para concluir, debemos entender que aquellos cautivos que sigan en cumplimiento de su pena, junto con sus familias tendrán la tranquilidad, que el Ministerio de Justicia, más allá de  permitir la salida de cinco mil adultos mayores de 60 años, madres embarazadas, lactantes o con hijos menores de tres años de edad a sus hogares, garantizarán todas las medidas necesarias, para proteger y resguardar las vidas de aquellos que sigan consumando sus condenas Así mismo, la población carcelaria podrá verse beneficiada con una medida de detención domiciliaria transitoria.


REFERENCIAS

Melgarejo Cesar, (2020). El tiempo. “Han salido 268 presos por decreto de casa por cárcel por covid-19” Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/presos-en-casa-por-carcel-por-decreto-de-excarcelacion-por-coronavirus-491572.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de abril, 2020) Resolución No. 01/2020.

Ministerio de Justicia y del Derecho. “Hemos trabajado sin descanso y de la mejor manera en medio de la pandemia”: Ministra de Justicia. (30 de abril de 2020) Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/hemos-trabajado-sin-descanso-y-de-la-mejor-manera-en-medio-de-la-pandemia-ministra-de-justicia

Ministerio de salud. República de Colombia. COVID19, reportes. (20 de abril, 2020).

Constitución Política de Colombia. “Edición especial preparada por la Corte Constitucional Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial– CENDOJ Biblioteca Enrique Low Murtra –BELM”. (Actualizada con los Actos Legislativos a 2016).

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MODIFICACIONES AL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ÉPOCA DE COVID19 -SÍNTESIS Y RECOMENDACIONES AL DECRETO 537 DE 2020-

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foto cristian lopez

Modificaciones al Estatuto General de la Contratación Pública en razón a la entrada en vigencia del Decreto 537 del 12 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Por: Mg. (c) Cristian A. López-Solano

EXTRACTOS RELEVANTES

DE LAS CONSIDERACIONES

“Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; propósito que también se debe cumplir en la realización de las actuaciones contractuales sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos para evitar el contacto físico, pero que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante, en caso de ser necesario, y con el fin de facilitar que la Administración dirija los procedimientos de contratación, se debe autorizar la suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permitan continuarlos de manera normal; adicionalmente, es necesario permitir que las autoridades administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia de adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandémia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia.”

 “Que sin afectar la autonomía de los entes territoriales, se le permite a los municipios y departamentos apoyarse en los acuerdos marco de precios o instrumentos de agregación de demanda que construya o haya construido la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, fortaleciendo así los principios de eficiencia, transparencia y celeridad de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior. La preferencia que autónomamente adopte cada ente territorial se sustentará en el análisis de necesidad, conveniencia y oportunidad que deba proyectarse para la estructuración de todo contrato estatal, para lo cual se adiciona una nueva norma de legislación contractual colombiana.”

 “Que atendiendo la temporalidad de aproximadamente seis (6) meses durante los cuales la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – estructura y pone en operación un acuerdo marco de precios o un instrumento de agregación de demanda sobre los bienes no comprendidos en el estado de emergencia sanitaria, resulta razonable que sin proceso de licitación alguna (SIC), los proveedores de bienes y servicios útiles y necesarios para mitigar la pandemia o impedir la extensión de sus efectos, puedan ofrecer los mismos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin tener que acudir a un proceso licitatorio, máxime cuando la escasez de dichos bienes y/o servicios requieren procedimientos rápidos o inmediatos que habilitan su adquisición para proteger los derechos a la salud y la vida. Así las cosas, se hace necesario adicionar una norma al parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.”

 “Que ante la escasez de ciertos bienes y servicios, con ocasión de la recesión económica anunciada por el Fondo Monetario Internacional, resulta necesario orientar los principios de la función administrativa hacia el cumplimiento de los fines del Estado y de la contratación pública, mediante la adquisición de bienes y servicios útiles para mitigar la pandemia o impedir la extensión de sus efectos, que se extienda a todas las cuantías y formas de contratación la posibilidad de comprar en grandes superficies, máxime cuando el país se encuentra ante una escasez de los productos con los cuales se pueden proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida, por lo que se adiciona el parágrafo 1 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.”

 “Que ante la escasez de los bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19 o impedir la extensión de sus efectos, y conocidas las imperfecciones y las complejidades en la consecución de los mismos, resulta conveniente autorizar adiciones contractuales en estas adquisiciones sin afectar por ello el principio de transparencia en la contratación pública, haciendo por ello adecuado expedir una norma que adicione unos incisos al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, con las restricciones mencionadas, adición contractual que solo tendrá vigencia durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”

 “Que dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno nacional para mitigar la pandemia, se ha considerado vital en su orden de importancia;’salvar vidas y proteger la salud de los colombianos, evitar hambrunas y fortalecer el tejido social y familiar, razón por la cual cobra importancia facilitar el pago de más de 230.000 contratistas de prestación de servicios en el Estado, quienes en muchas ocasiones convierten su ingreso en el único sustento de toda una familia con el cual se protegen derechos fundamentales como el mínimo vital, la educación, la salud y la vida, y en ese sentido, se crea una norma que facilite los desembolsos sobre probadas acreencias.”

 “Que ante la escasez de bienes y servicios en el mercado internacional, resulta conveniente para la satisfacción de los ‘derechos fundamentales a la salud y la vida, que el Estado colombiano cuente con sus agentes diplomáticos en el exterior para negociar ante empresas extranjeras publicas, privadas o mixtas, con la inmediatez que demanda la actual competencia del mercado, los productos necesarios para cumplir con el objetivo estratégico de proteger los derechos fundamentales a la salud ya la vida, y en tal sentido se extiende la facultad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar bienes y servicios distintos a los utilizados para cumplir con los objetivos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la crisis causada por el Coronavirus, y en este sentido se amplían las facultades consagradas en el artículo 2 del Decreto Ley 20 de 1992 eliminando la restricción de contratar bienes y servicios destinados únicamente a la misión institucional de la mencionada Cartera.”

 DE LOS RESUELTO

Artículo 1. Audiencias públicas. Para evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado en participar.

 La entidad estatal deberá indicar y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, así como los mecanismos que empleará para el registro de toda la información generada, conforme al cronograma establecido en el procedimiento.

 En todo caso, debe garantizarse el procedimiento de intervención de los interesados, y se levantará un acta con lo acontecido en la audiencia.

 Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, mediante el procedimiento de selección abreviada por subasta inversa, el evento se podrá adelantar por medios electrónicos. En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pondrá a disposición de las Entidades Estatales una aplicación para adelantar las subastas electrónicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 11. En ausencia de la aplicación, las entidades estatales podrán adquirir de manera directa la plataforma electrónica dispuesta en el mercado para dichos efectos.

 Parágrafo 1. En los procesos de selección que se encuentren en trámite, no es necesario modificar el pliego de condiciones para este fin. Sin embargo, mínimo dos días hábiles antes de la realización, la entidad deberá informar la metodología y condiciones para el desarrollo de las audiencias.

 Artículo 2. Adiciónese los siguientes incisos al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.

 La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la información generada.

 Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.

 Artículo 3. Suspensión de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades públicas podrán como consecuencia de la Emergencia Sanitaria suspender los procedimientos de selección. Contra este acto administrativo no proceden recursos.

 En caso de requerirse recursos para atender las situaciones relacionadas con la derivada del Coronavirus COVID-1 entidades públicas podrán revocar, de manera motivada, los administrativos de apertura, siempre y cuando no se haya superado fecha para la presentación ofertas. Contra este administrativo no proceden recursos.

 Artículo 4. Utilización los Instrumentos agregación de demanda. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra catálogo derivado de los Acuerdos Marco Precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual Estado Colombiano la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

Artículo 5. Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, así:

Mecanismos de agregación de demanda de excepción. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Cronavirus COVID19, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, diseñará y organizará el proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por contratación directa, durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Cronavirus COVID 19, con el fin de faciliatar el abastecimiento de bienes y servicios relacionados directamente con la misma.

 En los acueros marco de precios vigentes directamente relacionados con la pandemia derivada del Conronavirus COVID19, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, podrá configurar catálogos de emergencia, conformados por proveedores preexistentes en esos instrumentos de Agregación de Demanda, así como por nuevos proveedores, previa verificación de los requisitos habilitantes y de calificación del proceso de selección. Estos catálogos de emergencia estarán vigentes hasta el día en que culmine el estado de emergencia sanitaria.

 En las ordenes de compra que suscriban en estos instrumentos de agregación de demanda se entenderá incorporadas las cláusulas excepcionales

 Artículo 6. Adiciónese un inciso al parágrafo 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, así:

 Adquisición en grandes superficies. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, cuando se trate de la adquisición de bienes relacionados con la emergencia, las entidades públicas podrán adquirirlos mediante instrumento de agregación de demanda de grandes superficies, en cuyo caso el valor de la transacción podrá ser hasta por el monto máximo de la menor cuantía de la respectiva Entidad Estatal.

 Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pnademia del coronavirus COVID19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.

 Las entidades excluidas del la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior.

 Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así:

 Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia.

 Igualmente, esta disposición aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de la Eemergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y protección Socual, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, y durante el término que dicho estado esté vigente.

 Artículo 9. Procedimiento para el pago de contratista del Estado. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerior de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 616.1 del Estatuto Tributario.”

ANÁLISIS JURÍDICO Y RECOMENDACIONES

De los apartes transcritos hasta este punto, se realizará el correspondiente análisis a efectos de establecer, en primera medida, le nuevo contexto normativo para contratación estatal y, ensegundo lugar, para formular una hoja de ruta adecuada para la administración en lo que respecta a su gestión contractual a la luz de los nuevos lineamientos dados por el Gobierno Nacional.

Para comenzar, el Decreto en comento señala dentro de sus consideraciones como mandato para la entidades estatales el habilitar plataformas electrónicas que permitan la participación activa de los oferentes en los procesos de contratación, garantizando además, la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia. Al respecto, cabe señalar que en todo tipo de contratación que la entidad realice y, que no tenga relación directa con la Emergencia Social, Económica y Ambiental, deberá adelantarse el proceso de selección correspondiente so pena de incurrir en las sanciones que por dicha omisión surgen.

En todo caso, para estos eventos deberá habilitarse un correo electrónico especialmente diseñado para la recepción de ofertas, a efectos de tener sustento probatorio suficiente respecto de la fecha, hora y documentos entregados a la entidad. Dentro de dichos procedimientos se sugiere señalar de forma clara expresa y entendible, la manera en la cual se adelantará el proceso vía internet. Dicho mensaje deberá contener entre otras cosas: i) la dirección de correo a la que se deberá enviar la oferta, ii) la fecha y hora máxima para recepción de ofertas de conformidad con el cronograma, iii) señalar el vínculo web en el cual la entidad adelantará las audiencias del proceso contractual (v.g. ZOOM, con dirección web específica)[1]; iv) señalar el formato en el que deberán aportarse los documentos de la propuesta y el nombre con que deberán ser guardados; v) Señalar la forma en que se realizará la firma de los documentos (v.g. informe de evaluación; carta de aceptación, acta de inicio, actas de supervisión); vi) La forma en la que el contratista deberá prezentar la cuenta de cobro al finalizar cada corte, dada cuenta que las mismas deberán aportarse vía internet, en todo caso debe exigirse que los documentos susceptibles de firma, vengan firmados con firma digital; vii) de las actuaciones procesales que se surtan deberá garantizarse el acceso a los entes de control, por lo mismo además del uso de las plataformas CIA y SECOP, se sugiere hacer una relación de los mismos en documento aparte, que facilite la información a los entes de control (v.g. Un informe de contratos gestionados durante la crisis del COVID19).

Ahora bien, en consonacia con lo anterior, las audiencias que deban surtirse dentro de los proceso de contratación que no tengan relación con la calamidad por COVID 19, además, deberán garantizar la participación plural de oferentes, por lo mismo, a los oferentes que presenten sus ofertas dentro del témrino consgrado en el cronogrma del proceso, deberá enviárseles un link, haciendo manifestación expresa de que dicho link es el habilitado por la entidad para surtir la audiencia pública, que dicha audiencia quedará grabada y además, las condiciones de uso de la plataforma (v.g. una pequeña guía de no más de 2 páginas en las que se señalan las reglas de uso de la plataforma en lo que dura la audiencia pública). Además de lo anterior, deberá elevarse acta de la audiencia surtida vía internet, la misma será un resumen de lo que ocurrió en la audiencia y deberá acompañarse con el archivo grabado.

Gran parte del decreto trae a colación la adquisición de bienes, servicios y obras por intermedio de los Acuerdos Marco de Precios, o cualquier otro mecanismo de agregación de demanda elaborado por Colombia Compra Eficiente. Las expresiones como: “preferirá”, “podrá” que establece el decreto nos dan luz de que las entidades territoriales para la adquisión de bienes, servicios y obras relacionadas con la contingencia del COVID19, podrán, de manera facultativa, seleccionar los acuerdos marco de precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de los mismos. En todo caso, el derecto revela que la discrecionalidad en la toma de dicha decisión aún recae en cabeza de las entidades territoriales y lo único que hace, es recordar la posibilidad que tienen de adquirir los bienes por intermedio de dicha plataforma.

Las ventajas de adquirir bienes por intermedio de esta plataforma virtual habilitada por Colombia Compra Eficiente se ven reflejadas en primera medida,  en los posibles precios que pueden adquirir las entidades públicas, máxime cunado hablamos grandes cadenas de mercado con facilidades de adquisición de bienes, y también, se maximiza la garantía de obtener los bienes necesarios para la atención de la emergencia dada cuenta la escasez que a la fecha se ve en el mercado de los suministros relacionados con el sector salud. Por lo anterior puede haber un beneficio representativo para la entidad de este modo[2].

Ahora bien, el artículo primero del decreto señala:

“(…) En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pondrá a disposición de las Entidades Estatales una aplicación para adelantar las subastas electrónicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 11. En ausencia de la aplicación, las entidades estatales podrán adquirir de manera directa la plataforma electrónica dispuesta en el mercado para dichos efectos.”

Lo anterior da a entender que para garantizar la concurrencia de oferentes a los procesos de selección, Colombia Compra Eficiente pondrá un software a disposición de las entidades pero con el único fin de desarrollar audiencias en el SECOP II, por lo mismo las disposiciones contenidas en dicha modificación únicamente afecta a los contratos que deban adelantar su trámite vía SECOP II. Por no tocar aspecto alguno en lo referente a la plataforma SECOP I, deberá continuarse con el trámite de los procesos en esta plataforma a la luz de los postulados contractuales conocidos, pero haciendo modificaciones en lo relativo a la recepción de documentos y en fin, cualquier actuación pre contractual, en el sentido de habilitar espacios virtuales para garantizar el correcto cumplimiento de cada una de las etapas.

De encontrarse un procedimiento sancionatorio administrativo en curso, a la luz del artículo 2 del decreto en comento, deberán adelantarse las audiencias programadas de manera virtual, garantizando para todo efecto las garantías mínimas del debido proceso. Las actuaciones realizadas por medios virtuales deberán quedar registradas, y además, deberá garantizarse como mínimo al contratista incurso en dicho proceso: i) notificaciones, ii) aporte de pruebas, iii) justificaciones o descargos que a bien tenga el contratista, iv) la capacidad de controvertir las pruebas que en el proceso se aporten. De todas las manifestaciones hechas por el contratista deberá quedar registro expreso de su dicho y accionar. Desde la apertura del proceso y hasta su efectivo cierre deberá hacerse notificación de todas las actuaciones que puedieren afectar sus intereses.

Ahora bien, resulta lógico que por las actuales condiciones producto del COVID19, muchos de los procesos contractuales varien sus condiciones y por lo tanto, muchos de ellos pueden verse afectados por la imposibilidad en su ejecución. Por lo mismo, se habilitó a la administración pública a revocar de manera directa los actos de apertura de los procesos de selección. A pesar de que el artículo 3 del decreto no señala nada al respecto, deberá justificarse el acto de suspensión si se llegare a tomar dicha determinación, la motivación del acto resulta fundamental a la hora del control que realizan los entes de control.

Además de lo anterior, se habilitó a la administración a revocar los procesos que ya se venían adelantando siempre que no se haya presentado oferta alguna. De haberse hecho la presentación de ofertas deberá revocarse el acto pero de conformidad con los lineamientos que para el efecto trae la normativa, es decir, con la autorización expresa del adjudicatario del contrato.

Ahora bien, en lo que respecta a la contratación por urgencia manifiesta, deberá la administración cumplir con los requisitos establecidos para su declaratoria, es decir, elaborar el acto administrativo motivado en cuyo articulado y motivación se incluyan los contratos que deberán celebrarse de manera directa para mitigar la situación de urgencia. En tal sentido, no existe modificación alguna respecto de la esencia de esta figura contractual, el nuevo aporte se relaciona con que vía Decreto se ha señalado como justa causa el COVID19 para la contratación directa de bienes, obras o servicios enfocados a la lucha contra dicha pandemia.

Finalmente, nos señala el decreto la posibilidad de adicionar en más del 50% los contratos existentes en la entidad y que tengan una relación directa con la contingencia por COVID19. Esta posibilidad se ve condicionada a la justificación por parte de la entidad en la que se relacione el objeto del contrato con la contención de la pandémia y además, la justificación de su necesidad, es decir, por qué adicionar ese contrato y no elaborar uno nuevo, entre muchas otras consideraciones. En todo caso, de realizarse la adición, deberán cimentarse todas estas consideraciones en el acto administrativo de adición del contrato. Se sugiere a la entidad adicionar únicamente los contratos que tengan por objeto bienes y servicios fundamentales para garantizar la salud de los habitantes del municipio, y también aquellos relacionado con suministros de elementos de primera necesidad.

En estos términos se elabora el presente análisis.


[1] De dicha audiencia se recomienda realizar grabación mientras se surte la audiencia y luego, dejar el material de video en el expediente contentivo del proceso de contratación.

[2] Para ahondar más respecto de los beneficios y problemas de implementación de dicha plataforma, remitirse a concepto ya elaborado y enviado sobre Acuerdos Marco de Precios.

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COVID19 Y LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

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Por: Mg. (c) Fabián Herrera*

 La Nación colombiana en la actualidad atraviesa por una de las situaciones más críticas en su historia a nivel económico, social y humanitario, ocasionada por la pandemia covid19, según los informes científicos preliminares, proveniente Wuhan capital de la provincia Hubei en la república popular china, razón por la que las medidas de prevención, contención y mitigación no se han hecho esperar a través de decretos presidenciales en animo de velar por la protección personal de los ciudadanos, declarándose en primera medida el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, seguido por una serie de reformas a nivel educativo, laboral, tributario, judicial, tecnológico, sanitario, mobiliario entre otros, encaminados a alivianar de una u otra manera las graves secuelas, frente a este enemigo silencioso, qué no solo ataca a un grupo de la población, sino que por el contrario ataca a todo el conglomerado social sin distinción alguna.

Es preciso observar que, al 26 de abril de 2020 en el mundo, hay un total de 2.954.106 contagiados de coronavirus y 205.398 personas fallecidas por esta causa. Los primeros datos oficiales, señalan que, en países de la unión europea, los efectos han sido nefastos y catastróficos; pues la cifra de personas contagiadas en España es de 207.634 con 23.190 fallecidas, mientras que en Italia la cifra de personas contagiadas es de 197.675 con 26.644 fallecidos. Ahora bien, observando el hemisferio occidental, las estadísticas resultan aún más alarmantes, ya que Estados Unidos, contiene un número exorbitante de 983.469 habitantes contagiados y 42.486 personas fallecidas, siendo a nivel mundial la nación más azotada por la pandemia, razón por la que estos resultados en países como colombia, resultan ser una señal inevitable de alarma, para tomar medidas estrictas en el asunto.

Téngase en cuenta que las naciones más azotadas en el mundo por el covid19, son países en su mayoría desarrollados, con mejores condiciones de vida para sus habitantes, partiendo de un sistema de salud optimo y una inversión real de los recursos públicos en los programas de gobierno según sus políticas públicas. Lo anterior, genera grave preocupación en la Nación colombiana ante un sistema de gobierno irregular en los últimos años, que lamentablemente ha dejado visibilizar la corrupción al interior de las instituciones públicas, una distribución inequitativa de la propiedad privada, un sistema de salud deplorable, una baja inversión en educación, falta de oportunidades de empleo, altos índices de asesinato de líderes sociales, fallecimiento de menores en medio del conflicto armado, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la transgresión a los derechos humanos, deviniendo en un panorama absolutamente desalentador ante las extremas brechas sociales, por lo que de no tomarse medidas urgentes para contener la reciente pandemia, los resultados serían inevitables, ante un número considerable de pérdidas humanas, frente a la imposibilidad de millones de personas para tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad.

Cabe resaltar que los primeros grupos de personas que resultaron afectados, en su mayoría corresponden a grupos socioeconómicos altos, con capacidad para entrar o salir de un país o continente sin mayores obstáculos, razón por la que se convirtió este sector en el mayor foco propagador del virus en Colombia. Lo anterior se ha visto reflejado en los estratos socioeconómicos que normalmente llegan a las instalaciones de urgencias de los hospitales y clínicas diagnosticados con esta patología. La respuesta a estos casos ha sido ágil y oportuna, permitiendo brindar un servicio de salud optimo y de calidad ante los grandes beneficios de la medicina prepagada o particular.

En segunda línea de contagio, se encuentra la población económica de la clase media, a la cual pertenece gran parte de la población colombiana, quienes resultaron afectados por la pandemia, por contacto directo con una o más personas que ingresaron del exterior, sin mayores controles sanitarios; allí el número de contagios varían significativamente, dado que este grupo poblacional no cuenta con los mismos recursos que tendría una persona de estrato más alto, pues normalmente su atención medica está enmarcada en el régimen contributivo de salud, en donde la persona debe ceñirse a un plan obligatorio de salud (POS), que finalmente termina negando una atención adecuada a la pandemia y con recursos limitados; aumentando el número de contagios en el país deliberadamente.

El último grupo en la escala de contagio y con mayor vulnerabilidad, es la población socioeconómica baja, teniendo de presente que una vez el virus comenzó a circular por las calles de las principales ciudades del país, se convirtió en el grupo que genera mayor preocupación, al no contar con los recursos necesarios para frenar la transmisibilidad y ser atendidos en condiciones dignas por el sistema de salud, pues este sector de la sociedad normalmente pertenecen al régimen subsidiado de salud, en donde a pesar del esfuerzo del personal médico, son muy mínimos los recursos que el mismo Estado invierte para su funcionamiento y para declinar la situación, es inevitable el foco de corrupción que termina por retener y dilapidar el erario.

El tal sentido, resulta necesario, qué los esfuerzos del Estado colombiano y de la población civil, cumplan con su finalidad, frente a las fases de prevención, contención y mitigación a la pandemia, para evitar a toda costa una tragedia nacional, pues vale la pena advertir que nuestro sistema de salud no está preparado para enfrentar una crisis de salud pública a grandes dimensiones, por lo cual es indispensable que el gobierno nacional siga las directrices expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la resolución No. 01/2020; brindando especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que causan las medidas decretadas frente a los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas, pues en palabras del maestro Díaz Gamboa, L. (2020), es preciso indicar que:

La dignidad humana, el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, nos obliga a pensar en que los derechos humanos son indivisibles, inalienables e interdependientes, que la salud pública (con la salud mental incluida), surgen como el espectro de derechos que deben ser cubiertos de manera prioritaria, en especial para los más vulnerables.

Saltan serias irregularidades frente al manejo qué el Estado colombiano, en cabeza del presidente, le han impartido a la pandemia, en comparación con otras naciones. Pues, en primer término, el gobierno nacional fue bastante escéptico frente al virus covid19; ya que, en un intento fallido, le restó importancia, al punto que considero descabelladas las acciones que alcaldes y gobernadores estaban tomando para controlar la curva de contagios en sus territorios, por lo que la función del alto órgano se torno inoficiosa hasta el día 17 de marzo, fecha en la que se expidió el decreto presidencial que declaraba la emergencia pública. Resulta a su vez irracional, que no se ordenara el cierre inmediato de las fronteras territoriales por parte de Migración Colombia, para impedir el acceso de personas contagiadas con el virus. Otro aspecto que cobra relevancia frente al particular, es el hecho de que los principales aeropuertos del país seguían en funcionamiento hasta el día 23 de marzo, fecha en la que el país ya contaba con un total de 306 casos confirmados de coronavirus, 6 recuperados y 3 fallecidos.

En este punto, es preciso reflexionar sobre la responsabilidad directa que tiene cada nación, para el cuidado de sus habitantes en relación con la salud pública; pues en el caso de la Nación colombiana, a pesar de que a simple vista no sean tan elevadas las cifras de personas contagiadas de coronavirus en comparación con otras naciones del mundo, lo cierto es que el país, a la fecha de elaboración de este escrito, cuenta con 5.379 personas contagiadas, 1.133 recuperadas y 244 fallecidas, cuyas cifras realmente son cero considerables, teniendo en cuenta que estos índices pudieron ser muy inferiores, si la Nación colombiana en cabeza de sus dirigentes, hubiese tomado las medidas necesarias de prevención, contención y mitigación del virus tan pronto la Organización Mundial de la Salud (OMS), en fecha 11 de marzo de 2020 catalogo como pandemia al covid19; pues la perdida de una sola vida, configura una contundente derrota para la Nación y una tragedia familiar indiscutible.

Es trascendental analizar la actual situación del país, desde los distintos focos, pues es evidente que con la serie de medidas que tomó el gobierno nacional colombiano, resultaron gravemente lesionados de manera directa, múltiples derechos humanos de rango fundamental, con las distintas decisiones que restringen los derechos a la educación, la libertad personal, la libertad de locomoción, el trabajo, el mínimo vital, entre otros, razón por la que es importante tomar medidas, que velen por asegurar el implemento de las tecnologías y los ingresos económicos a todas las personas, en los diversos niveles sociales, de manera que tengan igualdad de condiciones de subsistencia para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y otros derechos esenciales, tal como lo refiere el maestro Díaz Gamboa, L. (2020), al señalar que:

Hay una obligación del Estado en el sentido de respetar, garantizar y prevenir las violaciones a los DDHH. El Estado retoma su papel de ente director de la política pública –como lo hizo en la crisis del 2008 y en las pandemias anteriores- y urge rediseñar la prioridad presupuestal para quitársela a la guerra y dársela a la vida. Aquí deberá mirarse la propiedad intelectual (patentes), las políticas tributarias, los hospitales con su equipamiento y el apoyo al personal sanitario en condiciones óptimas (incluyendo su estipendio). Debe haber un principio de debida diligencia.

Frente a las personas que deban de realizar sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus, en animo de evitar a toda costa un impacto negativo al sistema de salud y un colapso económico en el sector empresarial, procurando por la protección de la integridad personal de los ciudadanos; configurando un desafío absoluto para el país, frente al que debemos salir victoriosos, con la ejecución adecuada de las Políticas Públicas.

REFERENCIAS

Díaz Gamboa, L. (2020). Uniminuto. Contenido de Interés. (20 de abril, 2020). Enseñanzas de la COVID-19. Recuperado de https://www.uniminutoradio.com.co/opinion-ensenanzas-de-la-covid-19.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de abril, 2020) Resolución No. 01/2020.

Ministerio de Salud. República de Colombia. Covid19, reportes. (20 de abril, 2020).


*Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, aspirante al título de Magister en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), mail: fabianherrera.88@hotmail.com, Cel.: 3143288895.

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EL DERECHO COMO DEFENSA FRENTE AL COVID-19 @AlMargenCo

Actualidad

covid-19[1]

Les comparto la columna de opinión que escribí y publicada por Al Margen “Portal Alternativo de análisis, opinión e investigación”; un pequeño extracto, dice:

Los derechos y su defensa no se obstruyen por una pandemia, y aunque el Estado de Emergencia llegue a la judicatura, existen normas que protegen a los ciudadanos con suficiencia, un buen abogado debe conocer las salidas jurídicas que puedan ayudar durante la crisis y saber aplicar las excepciones que ha promulgado el gobierno en defensa de la justicia.

Es claro que vienen épocas difíciles, por eso ITER LEGIS cuenta con profesionales especializados en todas las áreas del derecho dispuestos a recibir su causa, defender sus derechos, patrimonio y obligaciones; no dude en acudir ante un equipo preparado para ayudar en momentos de coyuntura y plantear una defensa frente al COVID-19“.

Lea lo columna completa haciendo clic aquí.


[1]Imagen recuperada el 3 de abril de 2020, de: https://www.aruplab.com/infectious-disease/coronavirus

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CLAMOR POPULAR PARO NACIONAL – COLOMBIA

Actualidad, Opinión

Después de varios meses sin postear (me excuso), quiero compartirles que conté con la dichosa oportunidad de orientar durante el periodo vacacional las áreas del derecho penal general, especial y procesal a un lúcido grupo de estudiantes de mi querida Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me hizo recordar lo bello de la docencia, precisamente porque hace meses no la ejercía (por dedicarme a la investigación y al litigio).

Durante el curso hice varios amigos, pero entre ellos resaltó una particular situación con una querida hermana de la JDC, quien quiso hacer un panorama de la realidad de las protestas (paro) del 2019 en Colombia; les comparto con gusto:

Por: Katherine Rojas Narvaez

Persistir, insistir, resistir y no desistir, son las intenciones del pueblo colombiano, que desde el 21 de noviembre del año 2019, mediante diversas manifestaciones en todo el país, claman al gobierno de Ivan Duque, el cumplimiento de 13 puntos, en los cuales se exigen derechos y se solicita la derogación de diversas leyes.

Por lo anterior, podemos evidenciar inconformidad nacional, convirtiéndose esta situación en una verdadera crisis social. Las marchas o protestas, son la oportunidad para cientos de personas de poder denunciar las irregularidades y reclamar a gritos sus derechos fundamentales.

La furia de la gente sale del corazón, y algunos de los motivos latentes, se llaman desempleo, negligencia en la salud, repudio a la violencia, falta de sensatez en las condiciones laborales y pensionales, clamor por una educación integral, la implementación de tributos justos y como primera necesidad se quiere la paz.

En estos escenarios, las controversias en las marchas, no han pasado desapercibidas, pues los medios de comunicación se han encargado de tenernos informados cada instante de todas las manifestaciones realizadas. De igual forma se han publicado los constantes sucesos de violencia entre los protestantes y abusos de autoridad, lo cual ha generado enfrentamientos con agresiones considerables a tal punto de ser la muerte el resultado final. Adicionalmente los daños en los diferentes establecimientos públicos y privados han sido múltiples, de igual manera en las estaciones y medios de transporte, ocasionando caos en las diferentes ciudades del país. Pues aunque la causa sea noble, se encuentran muchas personas infiltradas que incentivan el vandalismo, afectando la verdadera causa del paro nacional.

De acuerdo a lo anterior, es importante indicar que las autoridades judiciales deben tomar medidas para fomentar el orden público ante el disturbio y la delincuencia de unos pocos. Las determinaciones de las autoridades fuera del margen de su competencia, se tornan como una vía de hecho en el control constitucional para amparar derechos fundamentales, siendo importante la legitimidad de las decisiones estatales o judiciales para lograr una fundamentación objetiva y razonable a la aplicabilidad de la norma, cuando se judicialice, en este caso del paro nacional a una persona, o se proteja y garanticen derechos, en lo cual, independientemente el caso, se debe respetar la igualdad de todos ante la ley, no se debe aplicar e interpretar arbitrariamente las normas.

Por otro lado, cabe señalar que un grupo de gente no está de acuerdo o tienen una posición u opinión deferente a las actuales manifestaciones contra el mandato del presidente Ivan Duque, y no es precisamente porque estén en contra de los 13 puntos aclamados, pues su oposición se encuentra basada en el respeto al trabajo. Son muchos los comerciantes y demás trabajadores de diferentes gremios que dicen estar afectados por las protestas y sus continuos bloqueos.

Finalmente, apreciamos los diversos impactos que causa un paro, un clamor popular, que implora cambios a un mandato indolente, donde además se presentan negligencias en el sistema judicial y afectaciones económicas, adicionalmente la inestabilidad social de una mayoría.

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RADIOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Actualidad, Opinión

Por: Gustavo Adolfo Venegas Velásquez

La educación es el arma mas poderosa que puedes usar para cambiar el mundo

NELSON MANDELA

En el preciso momento que acontece en nuestro país, es necesario aclarar bajo la interpretación jurídica de forma finita y sin dejar que se nos escape ningún detalle semántico que intentará desdibujar la realidad que nos atañe para ajustar la línea de trabajo que asumirá el gobierno nacional para nivelar el atraso de la “EDUCACIÓN” que hoy tiene cuatrocientos cincuenta mil profesores y estudiantes volcados en las calles principales de cada ciudad principal. Será entonces la definición de la educación, la ecuación necesaria para reflexionar sobre la crisis que asume este importante sector de nuestra realidad colombiana.

La educación es según las consultas de referencia virtual; la formación práctica y metodológica que se le da a una persona, en vías de desarrollo y crecimiento.  (https://conceptodefinicion.de/educacion/, 2012) sin embargo, hay tres factores claves que demanda la educación, y que hoy mencionaremos como una critica constructiva a la hora de exigir recursos que si bien es cierto son necesarios, es mas importante revisar los campos en los que la educación superior, básica y elemental deben apuntar para lograr posicionar en cargos de grandes decisiones y más de índole público, los futuros egresados de cada ciclo aquí mencionados. El primer aspecto clave es la inserción de valores en el sujeto para que este aprenda a ser justo, y a la vez entendiendo lo que es moral y los principios elementales de ciudadanía que permitan mantener la cultura del estado.

El segundo aspecto clave es los conocimientos prácticos para emplearlos en situaciones que demanden una destreza especifica como lo es: las materias que se ven en los colegios. Este punto de partida académico tiene un roll importante en la combinación del primer aspecto clave y la combinación con este segundo aspecto, que determinan el camino en la educación superior si de bases solidas nos referimos. El tercer aspecto clave es la carrera para obtener un rango de clasificación, que permite ejercer profesiones a futuro. En este aspecto se formará una calidad de vida en el hombre educado. De esta manera estos tres aspectos clave nos pueden inferir razonablemente que la educación es esencial en la sociedad más aun cuando tenemos tantos avances tecnológicos, morales, culturales, en los que es necesario adaptarnos al nuevo mundo.

Desde la entrada en vigencia de la constitución de 1991, la cual no podemos olvidar como se gesto desde la asamblea nacional constituyente, la cual fue integrada por los distintos sectores sociales que surgieron en el ámbito político, económico, social, cultural, producto de los cambios que también el fenómeno de la interdependencia en el orden mundial trajo a nuestro país. Cinco periodos presidenciales han pasado desde aquel entonces, sin referirme a ningún presidente lo único que si puede trascender aquí es los dos últimos periodos cada uno de ocho años, donde quizás hubo continuidad de políticas presidenciales en la educación.

Pero lo que hoy nos atañe en este documento constructivo es si contextualizamos la definición de educación, y revisamos 3 claves dentro de esta, más un corto análisis de cinco periodos presidenciales que presenciaron el estado social de derecho en la nueva constitución política de 1991, quien determino la educación como un derecho que debe garantizar el estado mas desde la gratuidad en la que es publica, entonces donde esta la falla de una política de mejora continua para sacar adelante un país lleno de entereza y verraquera que por historia patria hemos estado viviendo ? . las entrevistas a docentes y estudiantes que hoy se movilizan, es el sentir de dolor por el abandono y ruptura que no tiene la educación en cumplimiento al ejercicio democrático cada cuatro años, quizás podamos concluir una serie de retos que hoy pueda dejar una de las marchas más grandes entre docentes y estudiantes de los últimos tiempos en nuestro país;

Es necesario dejar una política sostenible mediante una ley ordinaria en el congreso que evite la ruptura por parte de los periodos presidenciales.

La educación debe asumir el nuevo mundo desde la formación basada en el ser humano mas que en el tener.

Estudios de fundamentación en egresados para escoger carrera.

Por ultimo es importante ilustrar el panorama actual donde el gobierno aprobó para el año 2019 la suma de 4.4 billones de pesos para el sector educación, quedando un déficit actual de 5.0 billones de pesos producto de las rupturas presidenciales que hoy cobran un posible atraso en la población que accede a la educación publica por ausencia de factores importantes como la infraestructura que hoy podría con un ejemplo quedar así demostrado: en la universidad nacional de Colombia en el 2018 se presentaron 75.000 personas para ingresar, de las cuales solo pasaron 5.000, universidad pública de Antioquia se presentaron 50.000 solo pasaron 5.000 , universidad de atlántico se presentaron 30.000 solo pasaron 3.000 (publicas, 2018).

¿PUEDEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO ACTUAR EN CALIDAD DE ABOGADOS DE POBRES?

Actualidad

Durante el ejercicio como asesor de Consultorio Jurídico (en mi caso, en el área penal), he notado cierto grado de discusión cuando se analiza si un estudiante que ostente la calidad de Servidor Público, tiene o no la posibilidad de actuar como abogado de pobres, en vigencia de la práctica de Consultorio.

Frente a ello, lo primero que habrá de decirse es que existe un régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades delimitado por la misma Ley, criterio de imperativa observancia, más cuando se trate de Servidores Públicos y de instituciones universitarias.

Así las cosas, es preciso tener en cuenta el concepto 126841 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (radicado número 20176000126841), donde se resolvió parte de lo que aquí se pretende exponer. Las conclusiones fueron las siguientes:

1.- Las inhabilidades, como las incompatibilidades, así como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, o para el ejercicio de una función pública deben estar consagradas en forma expresa y clara en el Estatuto General que rige la función pública y son taxativas y de interpretación restrictiva.

 2.- Se considera que no pueden ejercer la abogacía incluso en el sector privado, los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. En ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

  3.- Por lo tanto, podemos concluir frente a su consulta, que los empleados públicos, incluso los del nivel técnico aun cuando no ejerzan funciones del nivel profesional, se encuentran inhabilitados para ejercer la abogacía en el sector privado, de conformidad con lo señalado en la Ley 1123 de 2007, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con las excepciones que fueron anteriormente citadas en este concepto”. (copia textual).

De lo anterior, es preciso tener en cuenta que en Colombia existe una norma disciplinaria específicamente dirigida a los profesionales del derecho, que es la Ley 1123 de 2011 y cuyo artículo 18 congloba dentro de su ámbito de aplicación a abogados y a estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos, por lo que sus limitantes, incompatibilidades y prohibiciones son los mismos.

En tal orden, podemos analizar la situación concluyendo que los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las universidades y que ostenten la calidad de servidores públicos (incluso a nivel técnico), no podrán actuar como abogados de pobres, a no ser que, por su cargo o funciones, deban hacerlo por obligación explícita contractual.

REFERENCIAS

Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 126841 de 2017. Radicado 20179000119162 del 8 de mayo de 2017. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, de: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82356

Ley 1123 de 2007. Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Publicado en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.


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SOBRE EL PORTE Y USO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO Y SIMILARES EN COLOMBIA

Actualidad

En Colombia, se dice que el monopolio del uso, porte y fabricación de las armas, recae en cabeza del Estado, situación que impulsa la tipificación de actos que contravengan esta disposición general, cuyo objetivo es mantener incólume el bien jurídico de la Seguridad Pública y conexos.

Dentro de estos tipos penales encontramos, por ejemplo: el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 C.P.); la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos (art. 366 C.P.); y, la fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (art. 367 C.P.), entre otros.

Así, el Código Penal irradia estas conductas, con base en el fundamento constitucionalmente vigente, pues recordemos, la Constitución Política de Colombia cuenta con variedad de artículos relacionados con el uso, porte, comercialización, fabricación, entre otros, de las armas en el país. Podemos resaltar así, algunos apartes normativos:

  • Art. 81, relacionado con prohibiciones relacionadas con armas químicas, biológicas y nucleares.
  • Art. 97, relacionado con que los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; como tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad.
  • Art. 216, por el cual se establece que la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional; y que, todos los colombianos están obligados a tomar las armas, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
  • Art. 223, donde se exalta que el Gobierno es el único que puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos.
  • Así mismo, como aspecto de vital importancia, este último artículo dispone que nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente y en qué eventos no podrá extenderse dicho permiso.
  • Finalmente, se relaciona la posibilidad de que los miembros nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, creados o autorizados por la Ley, puedan portar armas -bajo el control del gobierno-.

De este último artículo, surgió la necesidad de una norma específica sobre las armas, municiones y explosivos, por lo que se expide el Decreto 2535 de 1993 (por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos), donde para el enfoque que nos ocupa, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Se define como armas, a todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona[1].
  • Las armas de fuego, se definen como las que emplean como agente impulsor del proyectil, la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química[2].
  • Las armas en Colombia, se clasifican en: a. Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública; b. Armas de uso restringido; y, c. Armas de uso civil[3].
  • Las armas de uso civil, son aquellas que, con permiso de autoridad competente, pueden tener o portar los particulares y se clasifican en: a. Armas de defensa personal; b. Armas deportivas; y, c. Armas de colección[4].
  • Para el porte o tenencia de las armas de fuego, se requiere de una autorización que el Estado concede, con base en la potestad discrecional de la autoridad militar competente[5].

A la luz de la normatividad expuesta, debemos anotar que las armas de aire comprimido o de Co2, son de uso civil y al no existir reglamentación que las limite o exija permiso específico, pueden ser portadas y utilizadas, con clara responsabilidad de los daños ocasionados -situación que habrá de analizarse frente a cada caso en específico-.

No obstante, con la expedición de la Ley 1801 de 2016 (por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia), se implementó una limitación, la cual se enuncia en el numeral 7 del artículo 27.

Esta norma considera, entre otros, como un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por tanto, es contrario a la convivencia:

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia“.

Así las cosas, esta misma Ley contempla como sanción una multa general tipo 2, que incluye: 1. La prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas; y, 2. La destrucción del bien.

Con todo, las normas son estas y las precauciones se hacen lógicas, entonces, Señores: ¡A seguir con este bello deporte!

A propósito de lo dicho, les presento mi ejemplar:

Revólver

Se trata de un revólver Dan Wesson 8″ y sus modestas especificaciones, que por supuesto me enamoran, son:

  • Calibre: 4.5 (.177).
  • Velocidad: 426 Fps.
  • Volumen: 4-Medium.
  • Longitud Total: 34 CM.
  • Capacidad: 6 cartuchos en el tambor.
  • Miras: Abiertas Fijas.
  • Tipo de Cuerpo: Revolver.
  • Acción: Semiautomático.
  • Fuente de Poder: Pipetas Co2.
  • Cañón: Liso.
  • Distancia efectiva: 50/60 metros aproximadamente.
  • Máxima distancia: 200 metros aproximadamente.
  • Peso: 2.26 libras.

REFERENCIAS

Constitución Política de Colombia. Julio 20 de 1991.

Decreto 2535 de 1993. “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”. Publicado en el Diario Oficial 41.142, de 17 de diciembre de 1993.

Ley 599 de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal”. Publicada en el Diario Oficial 44.097, de 24 de julio de 2000.

Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.


[1] Art. 5º.

[2] Art. 6º.

[3] Art. 7º.

[4] Art. 10º.

[5] Art. 20º, 21º, 22º, 23º y 24º.

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PROPUESTA QUE BUSCA LIMITAR LOS “DERECHOS PECUNIARIOS” DE LAS UNIVERSIDADES

Actualidad

En días pasados, ante la Cámara de Representantes fue radicado un Proyecto de Ley, cuya finalidad es modificar el artículo 122 de la Ley 30 de 1992.

Dicha iniciativa pretende regular los derechos pecuniarios que por razones “académicas” podrían exigir las instituciones de educación superior, estableciéndose como tales los siguientes:

  1. Inscripción.
  2. Matrícula.
  3. Realización de exámenes de habilitación.
  4. Supletorios.
  5. Preparatorios.
  6. Derechos de cursos especiales o adicionales y de educación permanente.
  7. Derechos de grado.
  8. Expedición de certificados y constancias.

Así mismo, las instituciones de educación superior no podrán cobrar valores como:

  1. Valores adicionales producto de inclusiones o modificaciones en los planes de estudios, por materias o cursos.
  2. Valores adicionales producto de actividades curriculares o extracurriculares.

Otro punto importante destacado con la propuesta, es lo referente a la carencia de posibilidades económicas, lo cual no limitaría ciertos derechos de los estudiantes, como el del acceso al grado académico o al servicio médico asistencial.

Para finalizar, siendo tal vez el punto más sonado del proyecto, se basa en que sin importar que la universidad haga parte del sector público o privado, no se podrá cobrar ningún tipo de incremento en las matrículas, lo que querrá decir que quedarán proscritas todo tipo de matrículas extraordinarias o extemporáneas.

REFERENCIAS

Ámbito Jurídico. 21 de agosto de 2015. Recuperado el 20 de diciembre de 2015 de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Congreso/universidades-no-podrian-incrementar-el-valor-de-la-matricula-cuando-se-pague-extemporaneamente.asp?CodSeccion=84

Cámara de Representantes. Proyecto de Ley 087 de 2015. “Por el cual por la cual se modifica el artículo 122 de la Ley 30 y se dictan otras disposiciones”. Agosto 19 de 2015. Recuperado el 20 de diciembre de 2015 de: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=087&p_consec=42587

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