EL DERECHO COMO DEFENSA FRENTE AL COVID-19 @AlMargenCo

Actualidad

covid-19[1]

Les comparto la columna de opinión que escribí y publicada por Al Margen «Portal Alternativo de análisis, opinión e investigación»; un pequeño extracto, dice:

«Los derechos y su defensa no se obstruyen por una pandemia, y aunque el Estado de Emergencia llegue a la judicatura, existen normas que protegen a los ciudadanos con suficiencia, un buen abogado debe conocer las salidas jurídicas que puedan ayudar durante la crisis y saber aplicar las excepciones que ha promulgado el gobierno en defensa de la justicia.

Es claro que vienen épocas difíciles, por eso ITER LEGIS cuenta con profesionales especializados en todas las áreas del derecho dispuestos a recibir su causa, defender sus derechos, patrimonio y obligaciones; no dude en acudir ante un equipo preparado para ayudar en momentos de coyuntura y plantear una defensa frente al COVID-19«.

Lea lo columna completa haciendo clic aquí.


[1]Imagen recuperada el 3 de abril de 2020, de: https://www.aruplab.com/infectious-disease/coronavirus

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CLAMOR POPULAR PARO NACIONAL – COLOMBIA

Actualidad, Opinión

Después de varios meses sin postear (me excuso), quiero compartirles que conté con la dichosa oportunidad de orientar durante el periodo vacacional las áreas del derecho penal general, especial y procesal a un lúcido grupo de estudiantes de mi querida Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me hizo recordar lo bello de la docencia, precisamente porque hace meses no la ejercía (por dedicarme a la investigación y al litigio).

Durante el curso hice varios amigos, pero entre ellos resaltó una particular situación con una querida hermana de la JDC, quien quiso hacer un panorama de la realidad de las protestas (paro) del 2019 en Colombia; les comparto con gusto:

Por: Katherine Rojas Narvaez

Persistir, insistir, resistir y no desistir, son las intenciones del pueblo colombiano, que desde el 21 de noviembre del año 2019, mediante diversas manifestaciones en todo el país, claman al gobierno de Ivan Duque, el cumplimiento de 13 puntos, en los cuales se exigen derechos y se solicita la derogación de diversas leyes.

Por lo anterior, podemos evidenciar inconformidad nacional, convirtiéndose esta situación en una verdadera crisis social. Las marchas o protestas, son la oportunidad para cientos de personas de poder denunciar las irregularidades y reclamar a gritos sus derechos fundamentales.

La furia de la gente sale del corazón, y algunos de los motivos latentes, se llaman desempleo, negligencia en la salud, repudio a la violencia, falta de sensatez en las condiciones laborales y pensionales, clamor por una educación integral, la implementación de tributos justos y como primera necesidad se quiere la paz.

En estos escenarios, las controversias en las marchas, no han pasado desapercibidas, pues los medios de comunicación se han encargado de tenernos informados cada instante de todas las manifestaciones realizadas. De igual forma se han publicado los constantes sucesos de violencia entre los protestantes y abusos de autoridad, lo cual ha generado enfrentamientos con agresiones considerables a tal punto de ser la muerte el resultado final. Adicionalmente los daños en los diferentes establecimientos públicos y privados han sido múltiples, de igual manera en las estaciones y medios de transporte, ocasionando caos en las diferentes ciudades del país. Pues aunque la causa sea noble, se encuentran muchas personas infiltradas que incentivan el vandalismo, afectando la verdadera causa del paro nacional.

De acuerdo a lo anterior, es importante indicar que las autoridades judiciales deben tomar medidas para fomentar el orden público ante el disturbio y la delincuencia de unos pocos. Las determinaciones de las autoridades fuera del margen de su competencia, se tornan como una vía de hecho en el control constitucional para amparar derechos fundamentales, siendo importante la legitimidad de las decisiones estatales o judiciales para lograr una fundamentación objetiva y razonable a la aplicabilidad de la norma, cuando se judicialice, en este caso del paro nacional a una persona, o se proteja y garanticen derechos, en lo cual, independientemente el caso, se debe respetar la igualdad de todos ante la ley, no se debe aplicar e interpretar arbitrariamente las normas.

Por otro lado, cabe señalar que un grupo de gente no está de acuerdo o tienen una posición u opinión deferente a las actuales manifestaciones contra el mandato del presidente Ivan Duque, y no es precisamente porque estén en contra de los 13 puntos aclamados, pues su oposición se encuentra basada en el respeto al trabajo. Son muchos los comerciantes y demás trabajadores de diferentes gremios que dicen estar afectados por las protestas y sus continuos bloqueos.

Finalmente, apreciamos los diversos impactos que causa un paro, un clamor popular, que implora cambios a un mandato indolente, donde además se presentan negligencias en el sistema judicial y afectaciones económicas, adicionalmente la inestabilidad social de una mayoría.

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RADIOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Actualidad, Opinión

Por: Gustavo Adolfo Venegas Velásquez

La educación es el arma mas poderosa que puedes usar para cambiar el mundo

NELSON MANDELA

En el preciso momento que acontece en nuestro país, es necesario aclarar bajo la interpretación jurídica de forma finita y sin dejar que se nos escape ningún detalle semántico que intentará desdibujar la realidad que nos atañe para ajustar la línea de trabajo que asumirá el gobierno nacional para nivelar el atraso de la «EDUCACIÓN» que hoy tiene cuatrocientos cincuenta mil profesores y estudiantes volcados en las calles principales de cada ciudad principal. Será entonces la definición de la educación, la ecuación necesaria para reflexionar sobre la crisis que asume este importante sector de nuestra realidad colombiana.

La educación es según las consultas de referencia virtual; la formación práctica y metodológica que se le da a una persona, en vías de desarrollo y crecimiento.  (https://conceptodefinicion.de/educacion/, 2012) sin embargo, hay tres factores claves que demanda la educación, y que hoy mencionaremos como una critica constructiva a la hora de exigir recursos que si bien es cierto son necesarios, es mas importante revisar los campos en los que la educación superior, básica y elemental deben apuntar para lograr posicionar en cargos de grandes decisiones y más de índole público, los futuros egresados de cada ciclo aquí mencionados. El primer aspecto clave es la inserción de valores en el sujeto para que este aprenda a ser justo, y a la vez entendiendo lo que es moral y los principios elementales de ciudadanía que permitan mantener la cultura del estado.

El segundo aspecto clave es los conocimientos prácticos para emplearlos en situaciones que demanden una destreza especifica como lo es: las materias que se ven en los colegios. Este punto de partida académico tiene un roll importante en la combinación del primer aspecto clave y la combinación con este segundo aspecto, que determinan el camino en la educación superior si de bases solidas nos referimos. El tercer aspecto clave es la carrera para obtener un rango de clasificación, que permite ejercer profesiones a futuro. En este aspecto se formará una calidad de vida en el hombre educado. De esta manera estos tres aspectos clave nos pueden inferir razonablemente que la educación es esencial en la sociedad más aun cuando tenemos tantos avances tecnológicos, morales, culturales, en los que es necesario adaptarnos al nuevo mundo.

Desde la entrada en vigencia de la constitución de 1991, la cual no podemos olvidar como se gesto desde la asamblea nacional constituyente, la cual fue integrada por los distintos sectores sociales que surgieron en el ámbito político, económico, social, cultural, producto de los cambios que también el fenómeno de la interdependencia en el orden mundial trajo a nuestro país. Cinco periodos presidenciales han pasado desde aquel entonces, sin referirme a ningún presidente lo único que si puede trascender aquí es los dos últimos periodos cada uno de ocho años, donde quizás hubo continuidad de políticas presidenciales en la educación.

Pero lo que hoy nos atañe en este documento constructivo es si contextualizamos la definición de educación, y revisamos 3 claves dentro de esta, más un corto análisis de cinco periodos presidenciales que presenciaron el estado social de derecho en la nueva constitución política de 1991, quien determino la educación como un derecho que debe garantizar el estado mas desde la gratuidad en la que es publica, entonces donde esta la falla de una política de mejora continua para sacar adelante un país lleno de entereza y verraquera que por historia patria hemos estado viviendo ? . las entrevistas a docentes y estudiantes que hoy se movilizan, es el sentir de dolor por el abandono y ruptura que no tiene la educación en cumplimiento al ejercicio democrático cada cuatro años, quizás podamos concluir una serie de retos que hoy pueda dejar una de las marchas más grandes entre docentes y estudiantes de los últimos tiempos en nuestro país;

Es necesario dejar una política sostenible mediante una ley ordinaria en el congreso que evite la ruptura por parte de los periodos presidenciales.

La educación debe asumir el nuevo mundo desde la formación basada en el ser humano mas que en el tener.

Estudios de fundamentación en egresados para escoger carrera.

Por ultimo es importante ilustrar el panorama actual donde el gobierno aprobó para el año 2019 la suma de 4.4 billones de pesos para el sector educación, quedando un déficit actual de 5.0 billones de pesos producto de las rupturas presidenciales que hoy cobran un posible atraso en la población que accede a la educación publica por ausencia de factores importantes como la infraestructura que hoy podría con un ejemplo quedar así demostrado: en la universidad nacional de Colombia en el 2018 se presentaron 75.000 personas para ingresar, de las cuales solo pasaron 5.000, universidad pública de Antioquia se presentaron 50.000 solo pasaron 5.000 , universidad de atlántico se presentaron 30.000 solo pasaron 3.000 (publicas, 2018).

¿QUÉ CLASE DE CONCILIACIÓN DEBE REALIZARSE EN CASO DE QUE LOS INSPECTORES DE POLICÍA NO SEAN ABOGADOS? CONCILIACIÓN EN EQUIDAD

MASC

Para responder a este interrogante, tenemos los siguientes aspectos a tener en cuenta, dejando claro que este asunto se desarrolla a profundidad en: Ministerio de Justicia y del Derecho (2015). Conciliación en Equidad. Alcance del Conciliador en Equidad en materia policiva. pp. 117-120. Entonces:

  1. Por virtud del artículo 5º de la Ley 640 de 2001, el conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de conciliadores de centros de conciliación de consultorios jurídicos de las facultades de derecho y de los personeros municipales y de los notarios que no sean abogados titulados.
  2. Dado que en el artículo 5º de la Ley 640 de 2001 no se menciona taxativamente que los inspectores de policía que no sean abogados pueden conciliar en derecho, es dable concluir que no pueden utilizar esta clase de conciliación para resolver un conflicto.
  3. Por lo anterior, en eventos de inspectores de policía que no ostenten la calidad de abogados, podrá hacerse uso de la conciliación en equidad, enunciada en el artículo 3º de la Ley 640 de 2001.
  4. Debido a que el Código Nacional de Policía no desarrolla lo pertinente a la Conciliación en Equidad, se puede tomar como referencia el Código de Policía de la ciudad de Bogotá. Ambas normas, debe tenerse en cuenta, exaltan el diálogo y la conciliación como valores fundamentales, lo que a nuestro parecer resulta ser la puerta de entrada para esta modalidad conciliatoria[1].
  5. Para tener en cuenta, la Conciliación en Equidad es un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos de tipo autocompositivo[2], por medio del cual dos o más personas solucionan sus conflictos por intermedio de un tercero llamado Conciliador en Equidad, quien ayudará a construir un acuerdo que a su vez tendrá plenos efectos jurídicos. Se trata de uno de los componentes de la política pública de acceso a la justicia como un mecanismo eficaz y cercano al ciudadano que posibilita la transformación de las comunidades hacia una cultura de paz[3].
  6. Al tener plena aceptación legal, siempre y cuando se observen todas las formalidades de Ley, la conciliación en equidad ostenta plenos efectos jurídicos. Para el particular, habrá de tenerse en cuenta el artículo 6º de la Ley 640 de 2001, donde se resalta que el Ministerio de Justicia y del Derecho será la autoridad encargada de capacitar los funcionarios públicos facultados para conciliar. Entonces, si es dable la autorización para que los Inspectores de Policía puedan conciliar en equidad, se puede asumir su viabilidad siempre y cuando estén debidamente capacitados por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.
  7. Es preciso que el conciliador en equidad esté plenamente capacitado, pues la legalidad del acuerdo conciliatorio dependerá de que contenga los requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001, respetando las previsiones legales de los asuntos conciliables.
  8. La Ley 23 de 1991, Artículo 85, contempló: Los Conciliadores en Equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.
  9. El Decreto 1818 de 1.998, Artículo 89 contempló: Los Conciliadores en Equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.
  10. Recuérdese, los Códigos de Policía por los que se rige cada municipio son diferentes[4] y su elaboración[5] le corresponde a los Concejos Municipales. Entonces, siempre y cuando no exista prohibición expresa de la conciliación en equidad por parte de Inspectores de Policía, se podrá asumir su viabilidad, siempre que se respeten todos los presupuestos de Ley.
  11. Retomando la normatividad vigente de Bogotá:

    “(…) se contempla la posibilidad de que la conciliación sea extraprocesal y también procesal ya que el artículo 195, numeral 1 faculta al inspector conciliar, obviamente en derecho.

    La facultad otorgada al inspector en el artículo citado fue contemplada en la Ley 446 de 1998[6], aduciendo que el funcionario que realice la conciliación no podrá ser parte, lo cual nos conduce a pensar que aquellos asuntos promovidos de oficio[7], por el Inspector no serían susceptibles de ser conciliados, situación  distinta a aquellos asuntos promovidos por una de las partes.

    En el evento que sea extraprocesal[8], es viable hacer la conciliación ante un Conciliador en Equidad.

     El efecto que se lograría con una Conciliación en Equidad, por fuera del proceso de policía, sería el de terminar el proceso, siempre y cuando:  A. El asunto sea susceptible de ser conciliado; B. Las obligaciones contenidas en el acta, sean claras, expresas, exigibles; C. Se concilie sobre la totalidad de las pretensiones que conlleva el proceso de policía; D. Los acuerdos sean cumplidos por las partes; E. El inspector no rechace el acta por inconvenientes en la misma (…)[9]. (Copia textual).

  12. En virtud de lo expuesto, consideramos que la Conciliación en Equidad puede ejercerse en materia policiva, siempre y cuando:
  • El asunto sea de los denominados conciliables, transigibles y desistibles[10].
  • Asuntos que versen sobre bienes patrimoniales de las partes.
  • Asuntos que versen sobre asuntos de convivencia.
  • El asunto no involucre intereses sociales.
  • El Código de Policía municipal (o su equivalente), no haga referencia exclusiva a la Conciliación en Derecho.
  • El Código de Policía municipal (o su equivalente), prohíba taxativamente la intervención de Conciliadores en Equidad.
  • El asunto aún no haya sido del conocimiento de una autoridad policiva[11].
  • El asunto a pesar de haber sido asumido por la autoridad de policía, ha sido remitido por ésta al Conciliador en Equidad o previo diálogo con el Conciliador en Equidad, ambos hayan considerado pertinente convocar a una Conciliación en Equidad

A su vez, nos permitimos concluir resaltando la consulta hecha al Ministerio de Justicia y del Derecho con respuesta de fecha 06/04/2010: ¿Está legitimado un Conciliador en Equidad para conciliar asuntos de naturaleza policiva?

Consideramos que la Conciliación en Equidad, puede ejercerse en materia policiva, en la medida que los asuntos a tratar tengan el carácter de conciliables, y en los demás casos en los que el Código de Policía municipal o departamental los haya facultado para ello[12]. (Copia textual).

REFERENCIAS

Ministerio de Justicia y del Derecho (2015). Conciliación en Equidad. Alcance del Conciliador en Equidad en materia policiva.


[1] La norma no hace distinciones sobre el tema.

[2] Los mecanismos autocompositivos son aquellos en los que las partes deciden la forma en que resolverán su propio conflicto.

[3] Recuperado el 14 de noviembre de 2018, de: http://www.minjusticia.gov.co/MASC/%C2%BFQu%C3%A9esConciliaci%C3%B3nenEquidad.aspx

[4] A pesar de ello deben respetar las normas nacionales, en este caso, el Código Nacional de Policía.

[5] Ley 1551 de 2012, artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los Concejos las siguientes: 1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobierno respectivo.

[6] Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de 1991, quedará así: La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil, contencioso administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo. (Subrayado fuera de texto).

[7] Por iniciativa del Inspector, sin mediar solicitud o acción de una parte.

[8] Por fuera del proceso de policía.

[9] Ministerio de Justicia y del Derecho (2015). Conciliación en Equidad. P. 121. Recuperado el 21 de noviembre de 2018, de: http://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName={1EECEF9C-1E8C-4506-B1C3-EE18B2D25B7D}.pdf

[10] Tal y como se describe en los artículos 77 de la Ley 446 de 1998 y 19 de la Ley 640 de 2001.

[11] Se sugiere que los conciliadores en equidad no interfieran en asuntos que hayan sido asumidos por la autoridad competente, a menos que el funcionario encargado solicite su participación, ya sea directamente o por intermedio de las partes.

[12] Ministerio de Justicia y del Derecho (2015). Conciliación en Equidad. P. 121. Recuperado el 19 de noviembre de 2018, de: http://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName={1EECEF9C-1E8C-4506-B1C3-EE18B2D25B7D}.pdf

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¿PUEDEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO ACTUAR EN CALIDAD DE ABOGADOS DE POBRES?

Actualidad

Durante el ejercicio como asesor de Consultorio Jurídico (en mi caso, en el área penal), he notado cierto grado de discusión cuando se analiza si un estudiante que ostente la calidad de Servidor Público, tiene o no la posibilidad de actuar como abogado de pobres, en vigencia de la práctica de Consultorio.

Frente a ello, lo primero que habrá de decirse es que existe un régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades delimitado por la misma Ley, criterio de imperativa observancia, más cuando se trate de Servidores Públicos y de instituciones universitarias.

Así las cosas, es preciso tener en cuenta el concepto 126841 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (radicado número 20176000126841), donde se resolvió parte de lo que aquí se pretende exponer. Las conclusiones fueron las siguientes:

1.- Las inhabilidades, como las incompatibilidades, así como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, o para el ejercicio de una función pública deben estar consagradas en forma expresa y clara en el Estatuto General que rige la función pública y son taxativas y de interpretación restrictiva.

 2.- Se considera que no pueden ejercer la abogacía incluso en el sector privado, los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. En ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

  3.- Por lo tanto, podemos concluir frente a su consulta, que los empleados públicos, incluso los del nivel técnico aun cuando no ejerzan funciones del nivel profesional, se encuentran inhabilitados para ejercer la abogacía en el sector privado, de conformidad con lo señalado en la Ley 1123 de 2007, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con las excepciones que fueron anteriormente citadas en este concepto”. (copia textual).

De lo anterior, es preciso tener en cuenta que en Colombia existe una norma disciplinaria específicamente dirigida a los profesionales del derecho, que es la Ley 1123 de 2011 y cuyo artículo 18 congloba dentro de su ámbito de aplicación a abogados y a estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos, por lo que sus limitantes, incompatibilidades y prohibiciones son los mismos.

En tal orden, podemos analizar la situación concluyendo que los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las universidades y que ostenten la calidad de servidores públicos (incluso a nivel técnico), no podrán actuar como abogados de pobres, a no ser que, por su cargo o funciones, deban hacerlo por obligación explícita contractual.

REFERENCIAS

Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 126841 de 2017. Radicado 20179000119162 del 8 de mayo de 2017. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, de: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82356

Ley 1123 de 2007. Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Publicado en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.


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HIDROITUANGO: MASACRES, DESAPARICIONES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO. LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD DEL RÍO CAUCA

Opinión

Por: Karem Viviana Sarmiento Albarracín

Este país entiende que el desarrollo es cemento.

 ¿Para qué queremos ocho vías si nos agredimos?

                                                                                   JAIME GARZÓN

Es evidente que desarrollar el país es importante y se presume que el desarrollo produce riqueza, lo cual trae consigo una notoria disminución de la pobreza, pero los hechos que se vienen presentando en Antioquia son realmente preocupantes. La hidroeléctrica más grande del país, la cual estaría lejos de tener reconocimiento nacional, de no ser por la posible avalancha y taponamiento de los túneles de desviación que se viene reportando en las noticias desde hace unas semanas, amenazando a toda la región con una catástrofe sin precedentes a nivel nacional como internacional.

Ahora bien, cuál es la realidad de esta mega obra que para los habitantes del cañón del Cauca Antioqueño no es tan reciente y que está siendo señalada por la sociedad, como la culpable de la crisis humanitaria en la que se encuentra la región del Bajo Cauca.

La realidad es que desde el año de 1962 se reunieron la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y el que para la época era gerente general de EPM, Luis Echavarría Villegas junto a otras personalidades de la ingeniería Antioqueña donde se expuso el anteproyecto de una hidroeléctrica y se estimó la capacidad de las fuentes hidrográficas del río Cauca para la producción de energía, como lo afirma el ingeniero Lucio Chiquito[1] quien estuvo presente en dicha reunión

La anterior información es muy importante ya que a partir de 1978 y hasta ahora, en los municipios en los cuales existe intervención del proyecto HIDROITUANGO, se empieza a presentar el fenómeno de más de 1.000 personas víctimas directas de la desaparición forzada en esa zona, según documenta el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Aunado a esto, con posterioridad a 1980, la presencia de grupos armados agudiza esta problemática ya que de las 756 masacres cometidas en Antioquia, 415 fueron realizadas por grupos paramilitares, 137 por grupos no identificados, 127 por grupos guerrilleros, 26 por el Ejército Nacional, 13 por milicias y sicarios, 7 por bandas criminales, 6 por Policía y 25 de las que restan fueron cometidas por dos o más grupos. Según lo establece una base de datos del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad.

Dicho lo anterior, podría pensarse que existe una estrecha relación entre este proyecto, las desapariciones forzadas, las masacres y el desplazamiento, que se evidenciaron más profundamente, desde el inicio de las labores de construcción en el 2010, registrando una seguidilla de desplazamientos sistemáticos de los habitantes del cañón quienes se opusieron al proyecto,  los cuales fueron víctima de los peores horrores y conocen de cientos de fosas comunes donde fueron sepultadas miles de víctimas de masacres, así como de otras que fueron sepultadas a orillas del Río Cauca por barequeros, que por tradición debían hacerlo al ver los cuerpos flotando por las aguas del Río.

Entonces ¿qué le queda a una población que ha sido victimizada tantas veces, que han vivido del río y que conocen sus ciclos vitales?, ¿qué le queda a los barequeros, campesinos y pescadores?, la respuesta puede ser desalentadora ya que la solución que dan las autoridades es el desalojo inmediato de esta población de  las tierras propias de EPM.

La situación es inhumana y en repetidas ocasiones han sido desalojados por el ESMAD, agentes del Ejercito Nacional, Agentes de la policía Nacional y hasta de la seguridad privada de EPM, se les ha quitado todo lo que tienen, su trabajo, su casa, sus enceres, pero lo que más extrañan es el  río, sus tradiciones, han sido separados e incomunicados rompiendo con caminos ancestrales que comunican las veredas y que ahora están sembrados de minas antipersonales para presionar su salida, es una comunidad donde sus líderes viven constantemente amenazados y el Estado y las instituciones les han dado la espalda, pero lo más grave, es que son una sociedad que aunque no ha perdido la intención de salir al rescate de la memoria y la cultura ancestral, día a día ven como esta posibilidad se aleja cada vez más.

No son personas que estén en contra del desarrollo, son seres humanos a los cuales la guerra y los proyectos energéticos les han quitado todo, les han expropiado sus raíces,  y a los cuales se les niega una reparación ya que las autoridades consideran que no existe desplazamiento forzado, ya que en su mayoría has sido desalojados por autoridades policivas, aun cuando se les ha minado, se les ha coactado fuentes de ingreso y viven en constante riesgo de ser asesinados.

Una parte de esta población que se vio forzada a desplazarse vive en las instalaciones de la universidad de Antioquia, a espera de que se les reconozca como población desplazada y que las autoridades Estatales reconozcan que este desplazamiento no es voluntario, que los hechos cometidos por La Policía, El Ejercito y el ESMAD los forzaron a buscar refugios además que se les garantice la integridad y la restitución de los derechos.

El desarrollo del país no puede desconocer los derechos de las comunidades ni ignorar el exterminio de comunidades con arraigos ancestrales, la perdida de una cultura es irreparable, ¿qué condiciones de vida tendrán las  personas desplazadas y que oportunidades reales tienen de un  resarcimiento de sus derechos más aun cuando  no se les ha reconocido como víctimas? Se espera que este mega proyecto traiga prosperidad pero también que indemnice y repare a la población afectada, que se llegue a un consenso donde se pueda permitir el acceso al río a los habitantes que dependen de él y que no conocen ninguna otra fuente de ingresos, que se investigue a fondo la relación de las masacres y desapariciones con el proyecto hidroeléctrico, además que todos los desplazados puedan ser reubicados. La desigualdad y la injusticia son los impulsores de la pobreza, se necesitan políticas serias que hagan cumplir los tratados internacionales y la legislación nacional.

REFERENCIAS

http://defensaterritorios.wordpress.com

http://debatehidroituango.blogspot.com

https://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383


[1] Profesor Especial de la U. Nacional De Colombia

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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «EL INTERVINIENTE EN EL DERECHO PENAL, UBICACIÓN DENTRO DEL CONCURSO DE PERSONAS EN LA CONDUCTA PUNIBLE»

Derecho Penal

Lo que empezó en el 2014 como una inscripción en una maestría en derecho penal y procesal penal y que culminó en febrero de 2016 con la distinción meritoria de mi monografía de grado, dio lugar al producto denominado «el interviniente en el derecho penal, ubicación dentro del concurso de personas en la conducta punible».

Esta obra, la cual es producto de noches de esfuerzo y dedicación, siempre en pro de la mejoría de nuestras instituciones y pugnando por una evolución dogmática, fue publicada por Leyer Editores a mediados del mes de enero del 2018.

Siendo esto así, decidí donar varios ejemplares, a distinguidas universidades colombianas, siempre deseando que pueda ser utilizada para los curiosos que profundicen en el tema (y a quienes les exijo las más feroz crítica académica). Estas instituciones académicas fueron las siguientes:

  • Universidad de los Andes (Bogotá D.C.).
  • Universidad Externado de Colombia (Bogotá D.C.).
  • Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá D.C.).
  • Universidad La Gran Colombia (Bogotá D.C.).
  • Universidad Libre de Colombia (Bogotá D.C.).
  • Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja).
  • Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja).
  • Universidad Santo Tomás (Tunja).
  • Fundación Universitaria de San Gil (Chiquinquirá).

Manteniendo una lucha constante por la evolución de la judicatura y siempre apuntándole a la mejoría de la humanidad, dejo en sus manos mi primer libro, el cual seguramente esté lleno de imperfecciones, por lo que, insisto, espero una ardua crítica de su parte.

El autor.

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SOBRE EL PORTE Y USO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO Y SIMILARES EN COLOMBIA

Actualidad

En Colombia, se dice que el monopolio del uso, porte y fabricación de las armas, recae en cabeza del Estado, situación que impulsa la tipificación de actos que contravengan esta disposición general, cuyo objetivo es mantener incólume el bien jurídico de la Seguridad Pública y conexos.

Dentro de estos tipos penales encontramos, por ejemplo: el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 C.P.); la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos (art. 366 C.P.); y, la fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (art. 367 C.P.), entre otros.

Así, el Código Penal irradia estas conductas, con base en el fundamento constitucionalmente vigente, pues recordemos, la Constitución Política de Colombia cuenta con variedad de artículos relacionados con el uso, porte, comercialización, fabricación, entre otros, de las armas en el país. Podemos resaltar así, algunos apartes normativos:

  • Art. 81, relacionado con prohibiciones relacionadas con armas químicas, biológicas y nucleares.
  • Art. 97, relacionado con que los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; como tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad.
  • Art. 216, por el cual se establece que la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional; y que, todos los colombianos están obligados a tomar las armas, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
  • Art. 223, donde se exalta que el Gobierno es el único que puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos.
  • Así mismo, como aspecto de vital importancia, este último artículo dispone que nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente y en qué eventos no podrá extenderse dicho permiso.
  • Finalmente, se relaciona la posibilidad de que los miembros nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, creados o autorizados por la Ley, puedan portar armas -bajo el control del gobierno-.

De este último artículo, surgió la necesidad de una norma específica sobre las armas, municiones y explosivos, por lo que se expide el Decreto 2535 de 1993 (por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos), donde para el enfoque que nos ocupa, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Se define como armas, a todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona[1].
  • Las armas de fuego, se definen como las que emplean como agente impulsor del proyectil, la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química[2].
  • Las armas en Colombia, se clasifican en: a. Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública; b. Armas de uso restringido; y, c. Armas de uso civil[3].
  • Las armas de uso civil, son aquellas que, con permiso de autoridad competente, pueden tener o portar los particulares y se clasifican en: a. Armas de defensa personal; b. Armas deportivas; y, c. Armas de colección[4].
  • Para el porte o tenencia de las armas de fuego, se requiere de una autorización que el Estado concede, con base en la potestad discrecional de la autoridad militar competente[5].

A la luz de la normatividad expuesta, debemos anotar que las armas de aire comprimido o de Co2, son de uso civil y al no existir reglamentación que las limite o exija permiso específico, pueden ser portadas y utilizadas, con clara responsabilidad de los daños ocasionados -situación que habrá de analizarse frente a cada caso en específico-.

No obstante, con la expedición de la Ley 1801 de 2016 (por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia), se implementó una limitación, la cual se enuncia en el numeral 7 del artículo 27.

Esta norma considera, entre otros, como un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por tanto, es contrario a la convivencia:

«7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia«.

Así las cosas, esta misma Ley contempla como sanción una multa general tipo 2, que incluye: 1. La prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas; y, 2. La destrucción del bien.

Con todo, las normas son estas y las precauciones se hacen lógicas, entonces, Señores: ¡A seguir con este bello deporte!

A propósito de lo dicho, les presento mi ejemplar:

Revólver

Se trata de un revólver Dan Wesson 8″ y sus modestas especificaciones, que por supuesto me enamoran, son:

  • Calibre: 4.5 (.177).
  • Velocidad: 426 Fps.
  • Volumen: 4-Medium.
  • Longitud Total: 34 CM.
  • Capacidad: 6 cartuchos en el tambor.
  • Miras: Abiertas Fijas.
  • Tipo de Cuerpo: Revolver.
  • Acción: Semiautomático.
  • Fuente de Poder: Pipetas Co2.
  • Cañón: Liso.
  • Distancia efectiva: 50/60 metros aproximadamente.
  • Máxima distancia: 200 metros aproximadamente.
  • Peso: 2.26 libras.

REFERENCIAS

Constitución Política de Colombia. Julio 20 de 1991.

Decreto 2535 de 1993. «Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos». Publicado en el Diario Oficial 41.142, de 17 de diciembre de 1993.

Ley 599 de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal”. Publicada en el Diario Oficial 44.097, de 24 de julio de 2000.

Ley 1801 de 2016. «Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia».


[1] Art. 5º.

[2] Art. 6º.

[3] Art. 7º.

[4] Art. 10º.

[5] Art. 20º, 21º, 22º, 23º y 24º.

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SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO

Derecho Penal

Según el artículo 424 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Colombiano vigente), para efectos probatorio-procesales, se entenderán por documentos, los siguientes:

  1. Los textos manuscritos, mecanográficos o impresos;
  2. Las grabaciones magnetofónicas;
  3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones;
  4. Grabaciones fonópticas o videos;
  5. Películas cinematográficas;
  6. Grabaciones computacionales;
  7. Mensajes de datos;
  8. El telex, telefax y similares;
  9. Fotografías;
  10. Radiografías;
  11. Ecografías;
  12. Tomografías;
  13. Electroencefalogramas;
  14. Electrocardiogramas; y,
  15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.

En tal forma, debe decirse que jurídico penalmente hablando, la definición de documento dista de la concepción de la Real Academia de la Lengua Española, por la cual se afirma que se trata de un “escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo[1].

Esto, debido a que la definición de documento aun se encuentra estrictamente relacionada con la escritura o al soporte de papel escrito.

No obstante, la legislación vigente nos lleva a concluir que un documento será todo soporte físico que incorpore datos, información, hechos, entre otros, con relevancia jurídica, cuyo objeto se enfoque en probar algo; razón de ser de los 15 eventos en los cuales se podrá hablar de un documento probatorio-procesal en materia de derecho penal.

Así las cosas, volviendo a la línea colombiana, artículos siguientes de la Ley 906 de 2004, se enfocan en expandir la definición procesal del documento, a saber:

  • En qué eventos se entenderá que un documento es auténtico (art. 425).
  • Cuáles son los métodos de autenticación e identificación del documento (art. 426).
  • Sobre la autenticidad de documentos procedentes del extranjero (art. 427).
  • Sobre la traducción de documentos de idiomas distintos al castellano (art. 428).
  • Sobre la presentación de documentos en original o en copia auténtica (art. 429)[2].
  • Sobre la exclusión como medios probatorios de documentos anónimos, a razón de no poder establecerse su autenticación o identificación (art. 430).

Finalmente, en artículos posteriores (arts. 431 a 434), se exalta el tratamiento del documento por parte del Juez, haciendo alusión al empleo de los documentos en el juicio, la apreciación de la prueba documental, el criterio general probatorio del documento y las excepciones correspondientes.

No obstante se tratan de normas y situaciones específicas que vale la pena ser estudiados a profundidad, debemos centrarnos en la razón de ser de esta entrada, la cual tomará base en información ya relacionada.

Así pues, por regla general, bien por parte de la Fiscalía General de la Nación como ente persecutor del delito, o bien, por parte de la defensa del acusado, por disposición expresa de la Ley 1453 de 2011[3], art. 63, inc. 2º, el material probatorio identificado como documento según los parámetros ya establecidos, podrán ser ingresados como pruebas por uno de los investigadores que participen en el caso, o en su defecto, por el investigador que personalmente recolectó o recibió dicho elemento.

Esto quiere decir que, en el proceso penal colombiano, sin relevancia que el elemento material probatorio o evidencia física se trate de un documento, existirá la regular necesidad de un investigador o de un testigo, para efectuar la correcta introducción del mismo como prueba, para la correspondiente valoración por parte del juez.

En tal forma, la introducción de pruebas documentales en el proceso penal colombiano, actualmente se efectúa así:

  1. El litigante habrá de recolectar los elementos documentales, por parte del investigador correspondiente.

En este punto, resulta imprescindible establecer el nexo necesario entre el testigo y la evidencia, a fin de exaltar su pertinencia, conducencia y autenticidad.

  1. Establecido lo anterior, será necesario que en la audiencia de acusación (por parte de la Fiscalía) o en la audiencia preparatoria (por parte de la Defensa), se solicite o presente la prueba documental correspondiente[4], a fin de ser exhibida en la audiencia de juicio oral.
  1. Como requisito formal, habrá de marcarse el documento por un consecutivo numérico o alfabético, al cual nos referiremos como “documento marcado con el número 1”, durante el desarrollo de la audiencia, a fin de que sea identificado y reconocido por el testigo.
  1. Una vez marcadas las pruebas correspondientes y sentadas las bases probatorias, a fin de garantizar el principio de contradicción, habrá de mostrarse el documento al litigante contrario, a efectos de que éste lo analice y verifique que se trate del mismo que se descubrió y ofreció en la audiencia de acusación o preparatoria.
  1. Posteriormente, se presentará el documento al testigo que servirá de medio para introducir la prueba, bien en forma directa, ora a través del secretario del juez, quien habrá de examinarlo detenidamente y sólo habrá de referirse al mismo cuando se le pregunte al respecto.
  1. Una vez el testigo ha examinado el documento, habrá de preguntársele si lo identifica o reconoce, así como las razones de ello.
  1. Surtido lo anterior, el litigante que ofrece la evidencia podrá referirse a la misma con la denominación o calificación que le haya otorgado el testigo, y ya no con el numero asignado.
  1. Una vez reconocido e identificado el documento, el litigante que lo está incorporando debe ofrecerlo al juez como prueba, solicitando que sea admitido como prueba de la pretensión alegada y en tal sentido, sea marcado como “prueba número 1 de la Defensa o de la Fiscalía[5].
  1. Admitida la prueba, el litigante podrá utilizarla con el(los) testigo(s) con que la incorporó, e incluso con otros testigos, hasta el punto de usarla para contrainterrogar e impugnar credibilidad, a fin de probar los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron la incorporación de la prueba documental admitida, para poder argumentar válidamente al respecto[6].

Con todo, la presente, es la forma vigente en la cual se introducen documentos que constituyan pruebas al proceso penal, siendo en general una forma práctica por la cual se plantea la oralidad a través de la Ley 906 de 2004; no obstante, extensas han sido las críticas en contra del sistema.

Pues bien, cumpliendo con el objeto de la presente entrada, en otra oportunidad efectuaremos un espacio específico a fin de ejemplificar el trámite aquí anotado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Defensoría del Pueblo. El defensor público en el sistema acusatorio colombiano. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo, 2005.

Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 26 de diciembre de 2016, de: http://dle.rae.es/?id=E4EdgX1

Ley 1453 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Publicada en el Diario Oficial 48.110, de 24 de junio de 2011.


[1] Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 26 de diciembre de 2016, de: http://dle.rae.es/?id=E4EdgX1

[2] Artículo modificado por el artículo 63 de la Ley 1453 de 2011, agregándose el inciso: “El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física”.

[3] Ley 1453 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Publicada en el Diario Oficial 48.110, de 24 de junio de 2011.

[4] Salvo las excepciones procesales.

[5] A fin de garantizarse el derecho de contradicción, el juez debe preguntar a la parte contraria, si tiene o no objeciones a la admisión de la prueba.

[6] Defensoría del Pueblo. El defensor público en el sistema acusatorio colombiano. Bogotá D.C.: Defensoría del Pueblo, 2005, pp. 237-243.

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SOBRE EL PERMISO DE LAS 72 HORAS PARA RECLUSOS EN COLOMBIA

Derecho Penal

El permiso de hasta setenta y dos (72) horas, es un beneficio administrativo que hace parte del tratamiento penitenciario según indica el artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario.

Dicho beneficio, lo encontramos regulado por el artículo 147 del mismo instrumento legal, al referir  que “la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta se setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes”:

Requisitos:

  1. Estar en la fase de mediana seguridad (que comprende el período semiabierto[1] – art. 144-3 ibíd.).
  2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta[2].
  3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
  4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
  5. Si se trata de delitos con competencia de Jueces Penales del Circuito Especializados, haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta.
  6. Haber trabajado, enseñado o estudiado durante el tiempo de reclusión.
  7. Haberse observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del establecimiento carcelario correspondiente.

En la práctica, adicionalmente habrá de informarse el lugar exacto en el que se cumplirá el permiso.

REFERENCIAS

Ley 65 de 1993. “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”. Publicada en el Diario Oficial 40.999, de 20 de agosto de 1993. (Tener en cuenta última modificación por la Ley 1709 de 2014. “Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario Oficial 49.039, de 20 de enero de 2014).

Resolución 7302 de 2005. “Por la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento Penitenciario”. Publicada en el Diario Oficial 46.476, de 8 de diciembre de 2005.

[1] El periodo semiabierto indicado en el artículo 144-3 del Código Penitenciario y Carcelario, es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario, en la que el interno accede a programas educativos y laborales en un espacio que implica medidas de seguridad menos restrictivas que la fase de Alta Seguridad, donde se orienta a fortalecer al interno en su ámbito personal, con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias sociolaborales.

Esta fase se inicia una vez el interno, mediante concepto integral favorable del cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo, emitido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento alcanza el cumplimiento de una tercera (1/3) parte de la pena impuesta en casos de justicia ordinaria, y de setenta por ciento (70%) de la pena impuesta en caso de justicia especializada, y finaliza cuando cumpla las cuatro quintas (4/5) partes del tiempo requerido para la libertad condicional y se evidencie la capacidad del interno para asumir de manera responsable espacios de tratamiento que implican menores restricciones de seguridad. (Véase Resolución 7302 del 23 de noviembre de 2005).

[2] A manera de ejemplo, pensemos en una pena impuesta de 6 años y 2 meses, es decir, 2.220 días. En tal orden, para el cumplimiento de este requisito habrán de cumplirse 740 días de prisión.

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