COVID19 Y LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

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Por: Mg. (c) Fabián Herrera*

 La Nación colombiana en la actualidad atraviesa por una de las situaciones más críticas en su historia a nivel económico, social y humanitario, ocasionada por la pandemia covid19, según los informes científicos preliminares, proveniente Wuhan capital de la provincia Hubei en la república popular china, razón por la que las medidas de prevención, contención y mitigación no se han hecho esperar a través de decretos presidenciales en animo de velar por la protección personal de los ciudadanos, declarándose en primera medida el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, seguido por una serie de reformas a nivel educativo, laboral, tributario, judicial, tecnológico, sanitario, mobiliario entre otros, encaminados a alivianar de una u otra manera las graves secuelas, frente a este enemigo silencioso, qué no solo ataca a un grupo de la población, sino que por el contrario ataca a todo el conglomerado social sin distinción alguna.

Es preciso observar que, al 26 de abril de 2020 en el mundo, hay un total de 2.954.106 contagiados de coronavirus y 205.398 personas fallecidas por esta causa. Los primeros datos oficiales, señalan que, en países de la unión europea, los efectos han sido nefastos y catastróficos; pues la cifra de personas contagiadas en España es de 207.634 con 23.190 fallecidas, mientras que en Italia la cifra de personas contagiadas es de 197.675 con 26.644 fallecidos. Ahora bien, observando el hemisferio occidental, las estadísticas resultan aún más alarmantes, ya que Estados Unidos, contiene un número exorbitante de 983.469 habitantes contagiados y 42.486 personas fallecidas, siendo a nivel mundial la nación más azotada por la pandemia, razón por la que estos resultados en países como colombia, resultan ser una señal inevitable de alarma, para tomar medidas estrictas en el asunto.

Téngase en cuenta que las naciones más azotadas en el mundo por el covid19, son países en su mayoría desarrollados, con mejores condiciones de vida para sus habitantes, partiendo de un sistema de salud optimo y una inversión real de los recursos públicos en los programas de gobierno según sus políticas públicas. Lo anterior, genera grave preocupación en la Nación colombiana ante un sistema de gobierno irregular en los últimos años, que lamentablemente ha dejado visibilizar la corrupción al interior de las instituciones públicas, una distribución inequitativa de la propiedad privada, un sistema de salud deplorable, una baja inversión en educación, falta de oportunidades de empleo, altos índices de asesinato de líderes sociales, fallecimiento de menores en medio del conflicto armado, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la transgresión a los derechos humanos, deviniendo en un panorama absolutamente desalentador ante las extremas brechas sociales, por lo que de no tomarse medidas urgentes para contener la reciente pandemia, los resultados serían inevitables, ante un número considerable de pérdidas humanas, frente a la imposibilidad de millones de personas para tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad.

Cabe resaltar que los primeros grupos de personas que resultaron afectados, en su mayoría corresponden a grupos socioeconómicos altos, con capacidad para entrar o salir de un país o continente sin mayores obstáculos, razón por la que se convirtió este sector en el mayor foco propagador del virus en Colombia. Lo anterior se ha visto reflejado en los estratos socioeconómicos que normalmente llegan a las instalaciones de urgencias de los hospitales y clínicas diagnosticados con esta patología. La respuesta a estos casos ha sido ágil y oportuna, permitiendo brindar un servicio de salud optimo y de calidad ante los grandes beneficios de la medicina prepagada o particular.

En segunda línea de contagio, se encuentra la población económica de la clase media, a la cual pertenece gran parte de la población colombiana, quienes resultaron afectados por la pandemia, por contacto directo con una o más personas que ingresaron del exterior, sin mayores controles sanitarios; allí el número de contagios varían significativamente, dado que este grupo poblacional no cuenta con los mismos recursos que tendría una persona de estrato más alto, pues normalmente su atención medica está enmarcada en el régimen contributivo de salud, en donde la persona debe ceñirse a un plan obligatorio de salud (POS), que finalmente termina negando una atención adecuada a la pandemia y con recursos limitados; aumentando el número de contagios en el país deliberadamente.

El último grupo en la escala de contagio y con mayor vulnerabilidad, es la población socioeconómica baja, teniendo de presente que una vez el virus comenzó a circular por las calles de las principales ciudades del país, se convirtió en el grupo que genera mayor preocupación, al no contar con los recursos necesarios para frenar la transmisibilidad y ser atendidos en condiciones dignas por el sistema de salud, pues este sector de la sociedad normalmente pertenecen al régimen subsidiado de salud, en donde a pesar del esfuerzo del personal médico, son muy mínimos los recursos que el mismo Estado invierte para su funcionamiento y para declinar la situación, es inevitable el foco de corrupción que termina por retener y dilapidar el erario.

El tal sentido, resulta necesario, qué los esfuerzos del Estado colombiano y de la población civil, cumplan con su finalidad, frente a las fases de prevención, contención y mitigación a la pandemia, para evitar a toda costa una tragedia nacional, pues vale la pena advertir que nuestro sistema de salud no está preparado para enfrentar una crisis de salud pública a grandes dimensiones, por lo cual es indispensable que el gobierno nacional siga las directrices expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la resolución No. 01/2020; brindando especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que causan las medidas decretadas frente a los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas, pues en palabras del maestro Díaz Gamboa, L. (2020), es preciso indicar que:

La dignidad humana, el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, nos obliga a pensar en que los derechos humanos son indivisibles, inalienables e interdependientes, que la salud pública (con la salud mental incluida), surgen como el espectro de derechos que deben ser cubiertos de manera prioritaria, en especial para los más vulnerables.

Saltan serias irregularidades frente al manejo qué el Estado colombiano, en cabeza del presidente, le han impartido a la pandemia, en comparación con otras naciones. Pues, en primer término, el gobierno nacional fue bastante escéptico frente al virus covid19; ya que, en un intento fallido, le restó importancia, al punto que considero descabelladas las acciones que alcaldes y gobernadores estaban tomando para controlar la curva de contagios en sus territorios, por lo que la función del alto órgano se torno inoficiosa hasta el día 17 de marzo, fecha en la que se expidió el decreto presidencial que declaraba la emergencia pública. Resulta a su vez irracional, que no se ordenara el cierre inmediato de las fronteras territoriales por parte de Migración Colombia, para impedir el acceso de personas contagiadas con el virus. Otro aspecto que cobra relevancia frente al particular, es el hecho de que los principales aeropuertos del país seguían en funcionamiento hasta el día 23 de marzo, fecha en la que el país ya contaba con un total de 306 casos confirmados de coronavirus, 6 recuperados y 3 fallecidos.

En este punto, es preciso reflexionar sobre la responsabilidad directa que tiene cada nación, para el cuidado de sus habitantes en relación con la salud pública; pues en el caso de la Nación colombiana, a pesar de que a simple vista no sean tan elevadas las cifras de personas contagiadas de coronavirus en comparación con otras naciones del mundo, lo cierto es que el país, a la fecha de elaboración de este escrito, cuenta con 5.379 personas contagiadas, 1.133 recuperadas y 244 fallecidas, cuyas cifras realmente son cero considerables, teniendo en cuenta que estos índices pudieron ser muy inferiores, si la Nación colombiana en cabeza de sus dirigentes, hubiese tomado las medidas necesarias de prevención, contención y mitigación del virus tan pronto la Organización Mundial de la Salud (OMS), en fecha 11 de marzo de 2020 catalogo como pandemia al covid19; pues la perdida de una sola vida, configura una contundente derrota para la Nación y una tragedia familiar indiscutible.

Es trascendental analizar la actual situación del país, desde los distintos focos, pues es evidente que con la serie de medidas que tomó el gobierno nacional colombiano, resultaron gravemente lesionados de manera directa, múltiples derechos humanos de rango fundamental, con las distintas decisiones que restringen los derechos a la educación, la libertad personal, la libertad de locomoción, el trabajo, el mínimo vital, entre otros, razón por la que es importante tomar medidas, que velen por asegurar el implemento de las tecnologías y los ingresos económicos a todas las personas, en los diversos niveles sociales, de manera que tengan igualdad de condiciones de subsistencia para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y otros derechos esenciales, tal como lo refiere el maestro Díaz Gamboa, L. (2020), al señalar que:

Hay una obligación del Estado en el sentido de respetar, garantizar y prevenir las violaciones a los DDHH. El Estado retoma su papel de ente director de la política pública –como lo hizo en la crisis del 2008 y en las pandemias anteriores- y urge rediseñar la prioridad presupuestal para quitársela a la guerra y dársela a la vida. Aquí deberá mirarse la propiedad intelectual (patentes), las políticas tributarias, los hospitales con su equipamiento y el apoyo al personal sanitario en condiciones óptimas (incluyendo su estipendio). Debe haber un principio de debida diligencia.

Frente a las personas que deban de realizar sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus, en animo de evitar a toda costa un impacto negativo al sistema de salud y un colapso económico en el sector empresarial, procurando por la protección de la integridad personal de los ciudadanos; configurando un desafío absoluto para el país, frente al que debemos salir victoriosos, con la ejecución adecuada de las Políticas Públicas.

REFERENCIAS

Díaz Gamboa, L. (2020). Uniminuto. Contenido de Interés. (20 de abril, 2020). Enseñanzas de la COVID-19. Recuperado de https://www.uniminutoradio.com.co/opinion-ensenanzas-de-la-covid-19.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de abril, 2020) Resolución No. 01/2020.

Ministerio de Salud. República de Colombia. Covid19, reportes. (20 de abril, 2020).


*Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, aspirante al título de Magister en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), mail: fabianherrera.88@hotmail.com, Cel.: 3143288895.

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