SOBRE LA CAÍDA DEL VELO CORPORATIVO

Derecho Comercial

Teniendo en cuenta la falta de una definición legal en Colombia sobre el concepto de Velo Corporativo, podemos concluir que se trata de la garantía de una empresa, es decir, de una persona jurídica, de separar su patrimonio del de sus accionistas, con el fin de proteger los bienes de éstos, ante posibles responsabilidades adicionales producto del desarrollo común corporativo.

No obstante, siendo viable la existencia delictiva en las relaciones comerciales, como tal vez el eje más sonado dentro del espectro de los “delitos de cuello blanco”, este velo o protección corporativa puede ser levantado, a fin de combatir y sancionar el fraude o abuso societario realizado, en la mayoría de los casos, en contra de los acreedores societarios e incluso en contra de otros asociados[1].

Así las cosas, si la persona jurídica ha venido siendo utilizada como instrumento delictivo, como medio de fraude físico o actuando en perjuicio –ilícito–, en contra de terceros, se dará el levantamiento de este velo, con lo cual, la responsabilidad y la consecuente reparación de estas situaciones, alcanzarán a los accionistas directos de la empresa, con lo cual, estas personas naturales de manera individual responderán con su patrimonio personal, adicional al monto de sus aportes en el capital social.

Ahora bien, el blog profesional dedicado a generar información contable, financiera, económica, tributaria, legal y temas complementarios “Gerencie”, de manera acuciosa desarrolló una compilación del marco legal regulatorio de esta desestimación de la persona jurídica, donde se aprecia el tan limitado espectro jurídico que acoge esta figura, así:

El marco legal regulatorio de esta desestimación de la personalidad jurídica, lo encontramos disperso a lo largo de distintas y disímiles ordenaciones desde el Artículo 794 del Estatuto Tributario, el Artículo 7o. Parágrafo 3o de la Ley 80 de 1993, el Artículo 37 de la Ley 142 de 1994, el Artículo 44 de la Ley 190 de 1995, los Artículos 31, 71, 148 y 207 de la Ley 222 de 1995, hasta Artículos 49 Numeral 8o, 61, 82 y 83 de la Ley 1116 de 2006, sin olvidar que, el Artículo 24, numeral 5º, literal d) del Código General del Proceso, otorga a la Superintendencia de Sociedades facultades jurisdiccionales en materia societaria para declarar la nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se compruebe que se han utilizado en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, así como para declarar la responsabilidad solidaria de los accionistas y administradores que hubieren realizado, participado o facilitado obligaciones nacidas de tales actos, así como para conocer de las acciones de indemnización por los perjuicios sufridos con ocasión de los mismos, esto es, cuando se vulnera el principio de la buena fe contractual (…)[2].

Así, vemos que el terreno del velo corporativo no es precisamente el más trabajado en Colombia, siendo a penas lógica la gran cantidad de vacíos que seguramente se encontrarían de ejercerse un estudio a profundidad sobre el mismo, no obstante, algo que sí se ha dejado en alto es el principio de la buena fe contractual, el cual, de llegar a verse vulnerado en razón de cualquier tipo de hecho que atente la legalidad de las actuaciones comerciales, dejará como consecuencia la responsabilidad de las personas naturales que conforman la persona jurídica, per se, debido a la caída del velo corporativo.

De este modo, ha venido haciendo presencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien casi con unanimidad en los últimos años se ha pronunciado como lo hizo en las sentencias C-865 de 2004 o C-090 de 2014, donde resaltando el principio de la buena fe, indicó lo siguiente:

Cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing the corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación (…)[3].

Ahora bien, debe recordarse que la caída del velo corporativo no es una teoría que actualmente hace parte de la legislación comercial colombiana, toda vez que su circunscripción e inclusión en vía doctrinal y jurisprudencial ha tenido cabida por vía de analogía, no obstante, ya se hace necesaria su inclusión a fin de impartir de legalidad este asunto.

Finalmente, teniendo en cuenta el enfoque de este Blog, el parágrafo 3ro del artículo 29 del Código Penal se refiere a la autoría de las personas naturales que hacen uso de una persona jurídica para ejecutar un delito; además, recordemos que en la actualidad las personas jurídicas no son sancionadas penalmente, por lo que, en el espectro jurídico-penal, solo habrá sanción para los particulares a los que se les pueda llegar a probar el interés fraudulento ocultado mediante la actuación comercial, o bien, a los socios que hagan parte de la persona jurídica creada únicamente con fines fraudulentos. Dice la norma en cita:

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado[4].

REFERENCIAS

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-090 de 2014 (Magistrado Sustanciador Mauricio González Cuervo; 19 de febrero de 2014).

Gerencie. 26 de marzo de 2015. Recuperado el 13 de octubre de: http://www.gerencie.com/el-levantamiento-del-velo-corporativo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gerencie+%28Gerencie.com%29

La República. 4 de octubre de 2013. Recuperado el 13 de octubre de 2015 de: http://www.larepublica.co/asuntos-legales/la-teor%C3%ADa-del-levantamiento-de-velo-corporativo_67246

Ley 599 de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal”. Publicada en el Diario Oficial 44.097, de 24 de julio de 2000.


[1] La República. 4 de octubre de 2013. Recuperado el 13 de octubre de 2015 de: http://www.larepublica.co/asuntos-legales/la-teor%C3%ADa-del-levantamiento-de-velo-corporativo_67246

[2] Gerencie. 26 de marzo de 2015. Recuperado el 13 de octubre de: http://www.gerencie.com/el-levantamiento-del-velo-corporativo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gerencie+%28Gerencie.com%29

[3] Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-090 de 2014 (Magistrado Sustanciador Mauricio González Cuervo; 19 de febrero de 2014).

[4] Ley 599 de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal”. Publicada en el Diario Oficial 44.097, de 24 de julio de 2000. Art. 29.

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