ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL INTERVINIENTE EN LOS DELITOS ESPECIALES

Derecho Penal

Los avances de la monografía de grado como Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, permitió en puertas de un tercer semestre académico la resolución de algunas dudas básicas en torno a la figura del interviniente en el marco de los delitos especiales. Fue así que, entre otras, surgieron las siguientes respuestas, las cuales ya amo como abre bocas de mi futuro aporte a las ciencias penales…

  1. ¿QUÉ SON DELITOS ESPECIALES?

También conocidos como de sujeto activo calificado o cualificado, son “aquellos delitos que sólo pueden ser cometidos por los sujetos que reúnan las calidades especiales previstas en el tipo penal” (Corte constitucional, Sentencia C-1122/08), razón por la cual, a diferencia de los delitos comunes, sólo podrán ser cometidos por cierto grupo de personas, de suerte que si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta. En cuanto a su nacimiento, se remota a la legislación alemana clásica, “representada por una voluntad de destacar en mayor medida la relevancia de la infracción de deberes especiales como fundamento de los delitos de funcionario” (Gómez Martín, 2006, pág. 3).

Aunado a lo anterior, la doctrina ha diferenciado la existencia de los delitos especiales impropios y propios. En cuanto a los primeros, son aquellos que “tienen correspondencia con uno común, es decir, se trata de delitos en los que la calidad personal del sujeto (su condición de funcionario público, por ejemplo) no es determinante puesto que el comportamiento tiene correspondencia con un delito común” (Rebollo Vargas, 2000, pág. 135). Por el contrario, los delitos especiales propios, son entendidos como “aquellos que sólo se han previsto para sujetos cualificados y no existen al margen de éstos” (Universidad de Navarra), es decir que exigen una específica condición del sujeto activo[1].

Con base en lo anterior, debemos tener en cuenta que la distinción entre delitos especiales tiene fundamento en sede de autoría y participación, en los eventos de la ejecución de un delito en el que intervengan sujetos calificados y no calificados[2]. Es así, que para los delitos especiales propios la solución no será hacer responsable a todos como coautores, porque aquellos no cualificados no podrán serlo; en este evento los no calificados responderán como intervinientes del delito del autor[3]. En cuanto a los delitos impropios no habría tal necesidad, pues la existencia de un delito común cuya adecuación típica corresponda al del delito especial permitirá una adaptación simple de los autores (como serían los tipos del hurto y del peculado, cuya diferencia es la calidad especial requerida).

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad jurídico-penal colombiana, no existe un precepto que defina el concepto de delito especial, pues éste “puede provenir más de la jurisprudencia y la doctrina que de la propia ley, como también son predicables de estas la condición de delitos especiales por organización o por institución” (Figueroa Fonseca, 2014, pág. 88).

  1. ¿POR QUÉ SE DISTINGUE EL INTERVINIENTE EN DELITOS ESPECIALES DEL AUTOR O PARTICIPE?

 El código penal vigente contempla un sistema diferenciador entre la autoría y la participación[4], siendo autor “quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento” (Cód. Penal, art. 29, inc. 1), en sus diferentes modalidades, y según el art. 30, será partícipe el determinador, el cómplice y el interviniente, no obstante, el contenido de esta última modalidad parece ser de un contorno distinto de la participación, tal y como veremos más adelante.

En primer término, “autor es la persona que realiza la conducta típica; aquella que efectúa la acción u omisión a que se refiere el verbo rector” (Reyes Echandía, 1990, pág. 131); claramente nuestro código penal contempla varias modalidades explicadas a profundidad por el art. 29, tales como la coautoría, la actuación en representación de personas jurídicas, de entes colectivos o de personas naturales.

Por su parte, “partícipe es todo interviniente que no puede ser autor, bien porque su realización sólo entraña una aportación atenuada al delito (le falta el dominio del hecho) o porque le faltan requisitos de la autoría específicos del delito” (Suárez Sánchez, Autoría y participación, 1998, pág. 307)[5]. Es así que la Ley 599 de 2000 contempla en este margen al determinador[6], al cómplice[7] y al interviniente definido como “un concepto de referencia para aludir a personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o accediendo a ellos” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 12.191, 25 de abril de 2002).

Con base en lo anterior, comprendemos una diferencia clara entre el autor y el interviniente, pues como afirma Suárez Sánchez (2002), el autor será entendido como tal gracias al cumplimiento de las exigencias objetivas y personales señaladas por el tipo, sin utilizar a otro como instrumento y sin ser utilizado como tal[8], y como se dijo, el interviniente es entendido como tal gracias al incumplimiento de estas exigencias mínimas del tipo. En cuanto a su diferencia con el partícipe, se basa en que el interviniente cumplirá los mismos requisitos del autor, solo que sin la precitada cualificación especial, y por tanto, ni determina ni contribuye en la realización de una conducta.

  1. ¿PUEDE EL INTERVINIENTE SER AUTOR O CÓMPLICE?

Tras un análisis hermenéutico de los arts. 29 y 30 del C.P., se puede afirmar que el particular ante un tipo especial, “puede actuar como determinador o cómplice, pero al carecer del elemento personal exigido por el tipo, de ninguna manera podrá ser autor (directo o mediato) ni coautor” (Suárez Sánchez, Ob. Cit., pág. 27), siendo así una exclusión irrestricta en el campo de la autoría[9], en el entendido de que “cuando se procede por un delito de sujeto calificado, se considera autor aquel que reúna esa especial característica exigida por el legislador” (Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 41.539, 30 de julio de 2014).

No obstante lo anterior, debemos recordar que cabe la posibilidad de que un particular adquiera en forma permanente o transitoria las calidades especiales del tipo, momento en el cual automáticamente adquiere la cualificación requerida y podría ser tratado como autor o coautor, cuestión que sucede principalmente en los delitos contra la administración pública cuando un particular que ejerce funciones públicas en forma permanente o transitoria. “Estos particulares, si bien, como se dijo, no tienen la calidad de servidores públicos, sí ejercen funciones públicas, de manera permanente o transitoria” (Uribe García, 2012, pág. 65), y por conducto del art. 20 del C.P.[10], serán tenidos como tal.

En cuanto a la participación, ya sea como determinador o bien como cómplice, se debe decir que en los delitos especiales el particular podrá adquirir tal calidad, sin embargo no podría existir compatibilidad entre aquéllos y la figura del interviniente, ya que cada uno cuenta con específicas connotaciones que los excluyen entre sí.

En conclusión, en cuanto a la autoría “en los delitos especiales los particulares no pueden ser autores, tampoco coautores ni autores mediatos por falta de calidad típica” (Gómez Méndez & Gómez Pavajeau, 2008, pág. 148), sino que por el contrario, el particular adquiere la calidad de interviniente. Por su parte, en cuanto a la complicidad, el Código Penal no contempla restricción alguna para el particular en esta modalidad, razón por la cual éste podría ser cómplice, no obstante, es diferente que el particular pueda adquirir la calidad de interviniente y de cómplice al mismo tiempo, pues para ser interviniente se debe concurrir en la realización del delito sin contar con las calidades especiales requeridas, en cambio, el cómplice requiere una contribución en la ejecución del delito, o prestar una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma.

  1. SEÑALE TRES DOCTRINAS QUE EXPLIQUEN LA INTERVENCIÓN DEL INTERVINIENTE EN UN DELITO ESPECIAL.

Varias han sido las posturas que en los últimos años se han tomado en torno a la figura del interviniente, cuyos variantes siempre han tomado como base a las teorías del dominio del hecho y de la infracción del deber, en búsqueda de dar respuesta a los casos en los que un intraneus[11] realiza una conducta punible en coordinación, cooperación o participación de un extraneus[12]. Por ejemplo, “cuando un servidor público (intraneus) se apodera de bienes del Estado que se encuentran bajo su administración y custodia (relación funcional), y lo hace de común acuerdo y con la intervención de un particular (extraneus)” (Córdoba Angulo, 2004, pág. 77). El punto de quiebre al que ha intentado dar respuesta la doctrina, es a qué título debe responder el extraneus, siendo el intraneus en estos eventos el único con la posibilidad de ser autor.

Frente a la problemática planteada, la doctrina ha postulado diversas soluciones, así:

  1. El extraneus no tiene responsabilidad alguna (Suárez Sánchez, Autoría y participación , 1992, pág. 361).
  1. El extraneus siempre tendrá responsabilidad bajo la calidad de cómplice (ibídem, págs. 360-361).
  1. El intraneus debe responder como autor del delito especial (peculado) y el extraneus como autor del delito común (hurto)[13] (Córdoba Angulo, Ob. Cit., pág. 77).
  1. Otra postura propone hacer responder al intraneus como autor y al extraneus como partícipe (ya sea como determinador o bien como cómplice) (ibídem).
  1. El extraneus, adquirirá la categoría de coautor-interviniente o de partícipe-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 12.191, 25/04/02).
  1. El extraneus solo podrá ser coautor-interviniente (Corte Suprema de Justicia, Rad. No. 20.704, 08/07/03).

Vemos con lo anterior, siendo solo un pequeño fragmento de las diversas posturas que ha tomado la doctrina y la jurisprudencia, que sigue sin estar claro cuál es el alcance del inciso final del art. 30 del C.P., razón que afluye al contenido de mi tesis de maestría, cuyo propósito es despejar este vacío en torno al interviniente.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barja de Quiroga, J. L. (1996). Autoría y participación. Madrid: Akal S.A. .

Código Penal. Ley 599 de 2000. Arts. 20, 29 y 30. Julio 24 de 2000.

Constitución Política de Colombia. Arts. 2, 116 Inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num 9, 318 y 340. Julio 20 de 1991.

Córdoba Angulo, M. F. (2004). La figura del interviniente en el derecho penal colombiano. Derecho penal y criminología, 25(75), 71-95.

Corte Constitucional. Sala plena. Sentencia C-1122/08. (Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil; 12 de noviembre de 2008).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 12.191 (Magistrado Ponente Carlos Eduardo Mejía Escobar; 25 de abril de 2002.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 20.704 (Magistrado Ponente Carlos Augusto Gálvez Argote; 8 de julio de 2003.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 41.539 (Magistrado Ponente Gustavo Enrique Malo Fernández; 30 de julio de 2014.

Figueroa Fonseca, L. C. (2014). El interviniente en derecho penal. Bogotá: Ibáñez.

Gómez Martín, V. (2006). Los delitos especiales. Buenos Aires: IB de F.

Gómez Méndez, A., & Gómez Pavajeau, C. A. (2008). Delitos contra la administración pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Rebollo Vargas, R. (2000). Algunas consideraciones sobre la autoría y la participación en los delitos especiales. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 53, 133-168.

Reyes Echandía, A. (1990). Derecho Penal (11 ed.). Bogotá: Temis.

Suárez Sánchez, A. (1992). Autoría y participación . Bucaramanga: UNAB.

Suárez Sánchez, A. (1998). Autoría y participación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Suárez Sánchez, A. (2002). El interviniente. Derecho penal y criminología, 22(72), 13-29.

Universidad de Navarra. (s.f.). Delitos comunes y delitos especiales. Recuperado el 23 de Enero de 2015, de http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/delitoscomunesyespeciales.html

Uribe García, S. (2012). Delitos contra la administración pública. Medellín: UNAULA.

[1] Entonces si el autor no cuenta con los requisitos mínimos del tipo, surgirá la atipicidad de la conducta por falta de correspondencia con un delito común que no exija condiciones especiales.

[2] Por ejemplo, entre un particular y un fiscal hurtan bienes estatales, caso en el cual, sin mayores connotaciones, el particular sería responsable del delito de hurto y el servidor público del delito de peculado por apropiación.

[3] Pues como dice el inc. final del art. 30 del C.P.: “al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte”.

[4] Existen otros modelos que invocan un concepto unitario de autor, el cual se presenta “cuando no se aceptan distinciones entre las conductas de autoría y participación” (Barja de Quiroga, 1996, pág. 20).

[5] Entiéndase en esta cita la palabra “interviniente”, no como la figura contemplada en la actualidad por el inc. final del art. 30 del C.P., sino como un sujeto que aporta en el desarrollo de una conducta delictiva determinada.

[6] Entendido como aquél que determine o incite a otro a realizar la conducta antijurídica.

[7] Entendido como aquél que contribuya en la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma.

[8] Véase al respecto el artículo El interviniente, publicado en la revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, No. 72, en la pág. 16 y ss.

[9] Esta particularidad se da como respuesta al interés del legislador en sancionar con más rudeza la violación de los deberes especiales exigidos para este sujeto “especial”, como sería el caso de los deberes especiales de un servidor público.

[10] Dice el art. 20 del C.P.: Artículo 20. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos (…) los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria.

Así mismo, la Constitución Política, en varios artículos, hace referencia a la función pública que pueden desempeñar los particulares. Ellos son: 2, 116 inc. 4, 123, 131, 210, 221, 246, 267, 277 num. 9, 318 y 340, donde resaltan los arts. 123 (que dice: (…) La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio), y 210 (que dice: (…) los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley).

[11] Entendido así el sujeto que cuenta con las calidades especiales requeridas por el tipo.

[12] Como se le denomina a quien no cuenta con las calidades especiales del tipo.

[13] A esto se le conoce como “ruptura de la unidad de imputación”, cuestión altamente criticada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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