LA NECESIDAD DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, COMO PROTECCIÓN AL EJE ANTROPOCÉNTRICO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Derecho Penal

Colombia, como Estado Social y Democrático de Derecho, caracterizado por el respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de valores y principios y una tutela y respeto irrestricto de los derechos humanos, busca una protección dinámica e integral de la persona humana. De allí, que el ius puniendi Estatal, tenga un límite inamovible en cuanto a su aplicación, principalmente en el Derecho Penal, generando su constitucionalización, que tiene una visión no sobre el Estado, sino sobre su eje central, que no es otro que la persona humana. Cabe preguntarnos, cuál es la necesidad de la constitucionalización del derecho penal y procesal penal, como protección al eje antropocéntrico del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así las cosas este límite en la aplicación del derecho penal se puede analizar desde varias perspectivas, una de estas, es que el proceso penal requiere de garantías mínimas para todo interviniente, que resultan siendo el fundamento del mismo proceso, y que encontramos en las constituciones políticas y en los instrumentos internacionales que aplican en el derecho procesal penal interno.

Por otro lado, el fundamento garantista del derecho penal incide de manera directa, en la pena[1], pues cumple funciones de prevención, retribución justa, reinserción social y protección al condenado; del mismo modo, en los principios orientadores de la imposición de la sanción penal[2], ya que se habla de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, siendo la máxima expresión del constitucionalismo del derecho penal, en un Estado Social y Democrático de Derecho.

En tal orden, se debe resaltar que el Estado, además de proteger bienes jurídicos de alta significación mediante el ius puniendi, ejecuta la razonabilidad y la proporcionalidad proscribiendo todo exceso punitivo, y así, dejando de lado toda violación innecesaria a derechos supralegales.

Por su parte, la incidencia del derecho penal en la sociedad, debe encaminarse a la prevención antes que la sanción[3], mediante una constitucional medida de control social para evitar el delito, bifronte en tanto que a través de las penas disuade a la sociedad para actuar en correcta medida (prevención general), y evita que el condenado reincida en comportamientos desviados durante la ejecución de la sanción penal (prevención especial). Sobre ello, la Corte Constitucional sostuvo:

“El Derecho penal en un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio nacional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos”[4].

Finalmente, la aplicación de las penas como respuesta  a las conductas desviadas, implica que el operador judicial deba tener presente todo el bloque de constitucionalidad, en aras de evidenciar una eficaz justicia social y política, pues las pautas fundamentales deontológicas de un derecho penal democrático se basan en la Constitución Política y en los Derechos Humanos, ya que de allí surge el límite al ius puniendi, y considero que una serie de límites y garantías, facilita y compromete obligaciones a los asociados, de donde devendrá la culpabilidad.

Ahora bien, estudiadas en conjunto, todas las pautas que intuyen la legitimidad del derecho penal, generan la eficacia de las garantías mínimas que consecuentemente promueven y protegen la dignidad humana del procesado, y si agregamos la proporcionalidad y la razonabilidad, podremos resaltar el fundamento material de la responsabilidad, lo cual se traduce en que la culpabilidad (como eje central de la responsabilidad), es un contenido de exigibilidad jurídica y social, y no simplemente un oficio de reproche.

Siguiendo un orden lógico, recordemos que el artículo 1 Superior, señala que la dignidad de la persona humana es el fundamento del orden jurídico, así como también lo expone el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido su versión Kantiana cuando dice que “por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente los admita”[5]; razón por la cual, es ésta el fundamento y sentido de las instituciones penales. Recordemos, que el mismo profesor Gómez Pavajeau (2012), resalta que “todo el ordenamiento jurídico, tendrá que entenderse a la luz del respeto por la dignidad humana, puesto que ello subyace bajo todos los derechos fundamentales. En todos y cada uno de los derechos se proyecta la dignidad”[6].

Ya en cuanto a un campo netamente procesal, debemos tener en cuenta que de la Constitución y los Derechos Humanos emanan todo el conjunto de garantías que guían al proceso, las cuales son el fundamento mismo de cada etapa procesal. Estas garantías constitucionales, son los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia, y por ende comúnmente la doctrina ha resaltado a algunos de ellos, por su importancia, de la siguiente manera[7]:

  • Derecho a la tutela judicial efectiva, materializada a través del derecho a obtener una decisión de fondo fundada jurídicamente; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso.
  • Algunos fundamentos en el proceso que devienen directamente de la esfera constitucional y de los derechos humanos, a saber, los principios de legalidad, investigación oficial, acusatorio, juez legal, publicidad, oralidad y concentración, entre otros.

Por consiguiente, en un Estado Social y Democrático de Derecho, el derecho penal y procesal penal, son un mecanismo que se solidifica con la prevención de lesionar intereses fundamentales, pues los derechos en juego realzan una protección reforzada, pero ello implica una tutela para todos los sujetos del delito e intervinientes del proceso. Esto se ve a través del respeto inamovible de los límites que aseguran la salvaguardia de los derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta los términos enunciados, podemos entender que el ius puniendi se encuentra supeditado al mandato constitucional, regla que tiene como fin limitar el ejercicio del poder arbitrario y razonar el uso del poder punitivo, pues como queda anotado, el derecho penal y procesal penal debe acoplarse al Estado Social y Democrático de Derecho, mediante el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas[8].

Así, en respuesta del problema planteado del escrito que dejo en sus manos, hay que resaltar el eje axiológico de nuestro modelo de Estado, que es la protección de la persona humana, de allí la relevancia e incidencia que tienen los derechos fundamentales, igualmente el sentido favorable de los valores y principios en búsqueda de una legitimidad del sistema jurídico-penal, y la búsqueda de una justicia material y no formal; pero que finalmente todo llega a basarse en la constitucionalización del derecho penal.

En conclusión, el eje antropocéntrico del Estado Social y Democrático de Derecho, e igualmente, del derecho penal y procesal penal, es la protección de la dignidad humana, pues es quien otorga, como vimos, todo el conjunto de derechos y garantías que son inalienables e inalterables y por ende pre-estatales frente a todo orden jurídico. Por esto, la necesidad de la constitucionalización deviene de la protección de los bienes jurídicamente tutelados, enalteciendo a la persona humana, respetando a la Constitución Política y a los Derechos Humanos, y manteniendo intacto al eje axial de nuestro modelo Estatal.

Referencias bibliográficas:

 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-542 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía; 24 de noviembre de 1993).

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-565 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara; 7 de diciembre de 1993).

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 17 de octubre de 2002).

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. N°. 33.254 (M.P. José Leonidas Bustos Martínez; 27 de febrero de 2013).

GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Introducción al derecho penal constitucional. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2012.

GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2013.

[1] Art. 4 del C.P.

[2] Art. 3 ibid.

[3] Esta postura ha sido desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. N°. 33.254 (M.P. José Leonidas Bustos Martínez; 27 de febrero de 2013), como una incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, en presupuesto de protección a los bienes jurídicos en cabeza de los asociados.

[4] Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-565 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara; 7 de diciembre de 1993).

[5] Tal afirmación es resaltada por la Corte Constitucional. Sentencias C-542 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía; 24 de noviembre de 1993), y T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 17 de octubre de 2002), entre otras.

[6] Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Introducción al derecho penal constitucional. Bogotá D.C.: Nueva Jurídica, p. 78.

[7] Cfr. GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica, 2013, pp. 29 – 146.

[8] De tal expresión han surgido condiciones básicas de la actual Ley penal colombiana, como la favorabilidad de la Ley, el debido proceso o la presunción de inocencia, entre otros, principios de trascendencia constitucional en ejercicio del ius puniendi.

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